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23jun16
Alcalde de Santa Rosa del Abuná, Edgar Limpias, involucrado en narcotráfico
El actual Alcalde del municipio de Santa Rosa del Abuná, Edgar Limpias López, estuvo involucrado en un caso de narcotráfico el año 2014, cuando no ejercía el cargo público, y logró mediante tráfico de influencias la devolución a su favor de un bien que había sido incautado mediante sentencia judicial, según denunció en la víspera la directora general de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez Bejar, quien exige al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, investigar a jueces y fiscales del distrito de Pando que devolvieron ilícitamente bienes a personas vinculadas con el narcotráfico, además de activar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para esclarecer hechos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias dudosas.
En el caso específico de Limpias, la directora general de Dircabi informó mediante el órgano estatal ABI (Agencia Boliviana de Informaciones) que "el Juzgado Mixto de Porvenir, con una sentencia del 16 de diciembre de 2014, dispuso la confiscación a favor del Estado de un inmueble en la localidad de Santa Rosa del Abuná, donde encontraron combustible para fines ilícitos". Posteriormente, según ABI, "se presentó el tercerista Edgar Limpias López, alegando que era el propietario del inmueble, presentó una apelación en contra de esa confiscación". La directora de Dircabi Mirta Jiménez, explicó que la misma Sala Penal de Pando "declaró procedente el recurso de apelación y dispuso la devolución del inmueble".
Según dicha autoridad, el principal responsable de aquella irregularidad fue el ex Fiscal de Sustancias Controladas de Cobija, Carlos Acosta, quien "no defendió los intereses del Estado, no asistía a las audiencias y presentaba apelaciones fuera de los plazos procesales", protestó la directora del Dircabi.
Debido a las dificultades propias de nuestro destierro en Rio Branco, Sol de Pando no pudo comunicarse con el Alcalde aludido dentro la denuncia oficial de Dircabi; pero le ofrecemos este espacio para los descargos que Edgar Limpias López considere pertinentes ejerciendo su derecho a réplica.
Los nexos políticos del tres veces Alcalde de Santa Rosa del Abuná
Edgar Limpias López fue alcalde de Santa Rosa del Abuná durante dos periodos consecutivos, entre los años 2002 y 2010. En su primera gestión como representante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y luego como militante del Movimiento al Socialismo (MAS) colaborando estrechamente con el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en los asentamientos poblacionales que se produjeron en ese municipio fronterizo con el Brasil el año 2009, después de la masacre de Porvenir.
Entre los años 2010 y 2014 se dedicó a la actividad privada ostentando él y algunos miembros de su familia una acelerada prosperidad, y según fuentes policiales vinculados a la investigación del caso habría emprendido algunos negocios en la ciudad de Santa Cruz.
En las elecciones subnacionales del pasado año 2015, Edgar Limpias López volvió a postularse como Alcalde de Santa Rosa del Abuná, logrando un tercer mandato en ese municipio donde moran casi 2.400 habitantes.
La campaña de Limpias López que obtuvo un 64% de la votación contó con el respaldo directo de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y de la ex Miss Pando y actual diputada por este departamento, Eva Humerez Alvez (uno de cuyos hermanos, Cristian Humerez Alves —según informes policiales a los que accedió Sol de Pando el año 2009— fue integrante de la banda del narco-sicario Mauro Vásquez Guerra y murió en un ajuste de cuentas el 24 de febrero del año 2007).
Tras su tercera elección como Alcalde, Limpias López convirtió su municipio —al igual que el municipio de Cobija que dirige el ex futbolista opositor Luis Gatty Ribeiro Roca— en una de las plataformas más activas de Ademaf en Pando, cuyo actual director regional es el empresario Elias Jorge Valdez Moussully.
Tanto Elías Jorge Valdez como Eva Humerez y Gatty Ribeiro son identificados por la población de Cobija como activos y estrechos operadores políticos del ministro Juan Ramón Quintana, en este departamento autónomo.
Más casos para la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz
"Estamos cansados de abusos y corrupción de jueces y fiscales antinarcóticos de Cobija, Pando, que desnaturalizan la Ley 1008 y favorecen a la gente implicada con el narcotráfico, restituyendo bienes confiscados en flagrancia a favor del Estado", dijo la servidora pública responsable de Dircabi en sus declaraciones publicadas por la agencia ABI.
Mirtha Jiménez remarcó que para defender los intereses del Estado, la denuncia se planteará al Ministerio de Transparencia Institucional, "para que los malos fiscales y servidores judiciales sean procesados por hechos de corrupción" en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La valiente y ejemplar servidora pública del Estado Plurinacional denunció otro caso similar al de Edgar Limpias López: "En el proceso penal contra Patricia Elizabeth Crespo Cabrera, el Tribunal Segundo de Sentencia ordenó en 2012 la incautación de un inmueble en la zona internacional de Cobija, donde se halló en 'flagrancia' sustancias controladas que se expendían a niños, adolescentes y personas mayores". Crespo Cabrera, condenada a 8 años de prisión, agregó ABI, planteó un incidente para la devolución del inmueble calificado como "nido de cleferos y drogadictos", que fue rechazado. Sin embargo, ese fallo fue apelado y a pesar de los antecedentes y del delito de "flagrancia", la Sala Penal Administrativa del Tribunal de Justicia de Pando, con un "auto de vista", ordenó la devolución del inmueble. En este caso también está directamente involucrado el ex Fiscal de Sustancias Controladas de Cobija, Carlos Acosta.
"Nosotros como Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados no somos parte de los procesos penales, pero en estos hechos vandálicos y delictivos presentamos apelaciones e incidentes, y sin embargo los jueces nos respondían que no da a lugar", reclamó la directora del Dircabi.
A criterio de Jiménez Bejar, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y el Consejo de la Magistratura deben tomar en cuenta esos casos, en los cuales los jueces y fiscales, en lugar de defender intereses del Estado, defienden y benefician a gente procesada por narcotráfico con la devolución de sus bienes que están incautados en apego a la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, concluye ABI.
[Fuente: Por Wilson García Mérida, Sol de Pando, Rio Branco, Bra, 23jun16]
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