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01ago22
Pobladores de 10 comunidades, ligados a avasalladores, narcos y contrabandistas
En lo que va del año, pobladores de al menos 10 comunidades ubicadas en diferentes regiones del país se vieron involucrados en la cadena delictiva de organizaciones que se dedican al narcotráfico, contrabando y al avasallamiento de tierras en el país. Esos hechos revelaron que en algunas localidades obstaculizan los controles directos de la Policía y de las Fuerzas Armadas (FFAA), y en otras no hay control.
"El Ministro de Gobierno es lento cuando se trata de atacar y perseguir a delincuentes y a narcotraficantes, y es ágil para perseguir a personas que luchan por sus derechos", señaló la diputada opositora María José Salazar.
En diferentes casos hay un modus operandi similar de los delincuentes: los narcotraficantes usan a algunos pobladores para la vigilancia e incluso para emboscar a patrullas antidroga; los contrabandistas usan a los denominados "loros" para proteger el paso de mercadería ilegal y también emplean a pobladores para emboscar a militares; y los avasalladores infiltran en sus filas encapuchados armados para atacar, secuestrar, robar y desalojar a los campesinos de Guarayos.
Narcotráfico
Dos casos recientes registrados en Valle Sacta y Santa Rosa de Eñe, en el Chapare de Cochabamba, revelaron la participación de algunos pobladores en la protección de la actividad del narcotráfico.
En Valle Sacta, una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) tuvo que superar tres anillos de seguridad para ingresar a una factoría de droga, el 25 de marzo. El primer anillo estaba integrado por pobladores de la zona que vigilaban los ingresos, en el segundo anillo había francotiradores y en el tercer anillo se encontraban los narcotraficantes armados, al cuidado de los laboratorios de droga.
Cuando la patrulla superó los anillos y entró a la factoría fue amenazada de ser emboscada si no se iba, según reportes oficiales revisados por Página Siete.
Ante la presión, los uniformados abandonaron la zona sin destruir los laboratorios, por órdenes de dos jefes antidroga de entonces que ahora son investigados por presunta protección al narcotráfico en el caso narcoaudios.
"Resulta que alguna de esa gente de esas comunidades tiene, pues, participación, manejan a las personas, los grupos de narcotraficantes, les dan comida, esto y lo otro, hay una cadena de intercambio (dentro del ilícito); es decir, vos me das y yo te doy", explicó a este medio el exfiscal antidroga Joadel Bravo.
Otro hecho ocurrió en Santa Rosa de Eñe, municipio de Shinahota, donde efectivos antidroga detuvieron a dos mujeres ligadas al narcotráfico, el 22 de julio, pero fueron emboscados y atacados por pobladores del lugar, quienes liberaron a las detenidas, golpearon a cinco policías y les arrebataron su armamento.
Las autoridades policiales tuvieron que negociar con los lugareños para que se les devuelva las armas y hacer requisas en la zona para dar con los narcotraficantes. Fue así que la Policía halló drogas en seis viviendas, fábricas móviles de elaboración de cocaína, sustancias químicas sólidas y liquidas, y secuestró 10 vehículos, tres motocicletas, ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, 24 paquetes tipo ladrillo y residuos de pasta base de cocaína, entre otros.
"En un país serio, el Ejército y la Policía hubieran ingresado (sin negociar). Eso muestra que la Policía y el Ejército son muy rudos en algunos casos y en otros, no", señaló el exfiscal antidroga.
En 2020, una patrulla de Umopar fue emboscada en Entre Ríos, y, en 2019, algunos pobladores de San Rafael del Chapare emboscaron a dos patrullas de Umopar.
En otro caso registrado el 20 de julio de este año, la caída de una avioneta con droga, procedente de Beni, en el municipio de Cabezas, Santa Cruz, reveló que en las comunidades de Loma Blanca y Vaca Guzmán no existe un control contra el narcotráfico.
El alcalde del municipio de Cabezas, Omar Rosales, dijo hace unos días que en esas dos comunidades "siempre se escucha de esta situación" de avionetas ligadas al narco que aterrizan y despegan en tierras de campesinos sin ninguna autorización. Detalló que en el año ya van cuatro aeronaves captadas cuando cumplían actividades ilícitas. Exigió a la Policía la instalación de una unidad antidroga para controlar.
El analista Jorge Santistevan dijo que ese caso mostró la conformación de un triángulo de tránsito de droga entre las provincias Cordillera, en Santa Cruz, municipio de Cabezas y sus localidades Vaca Guzmán y Loma Blanca; provincia Gran Chaco, en el municipio de Villa Montes, localidad de Ibibobo; y en Chiquitos, entre San José y Roboré.
Por su parte, el exfiscal Bravo manifestó que hay zonas donde la Policía no puede ingresar directamente, porque existen regiones, aliadas al partido de Gobierno que impiden los patrullajes; muestra de ello son algunos casos en el Chapare, Santa Cruz y Beni.
"En Santa Cruz se puede mencionar Yapacaní en adelante, nada se mueve sin que grupos afines al Gobierno (den su permiso), la región de San Julián. En Beni son muchos los lugares: Santa Ana, San Joaquín...", detalló el exfiscal, en cuanto a los lugares donde resulta difícil hacer un control directo al narcotráfico.
Avasalladores armados
Los interculturales del municipio de San Julián, Santa Cruz, fueron denunciados en varias ocasiones por tener entre sus filas a encapuchados armados para avasallar tierras en Guarayos.
Desde octubre de 2021 hasta la fecha, la Policía no desarticuló a esos grupos armados que continúan con la actividad ilícita.
Datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) muestran que de 99 avasallamientos registrados en Santa Cruz en lo que va del año, 27 fueron cometidos por el denominado Grupo Armado Londras, que es parte de los interculturales, una facción que conforma el partido de Gobierno.
En Guarayos se registraron al menos siete ataques relacionados con ese grupo: tres en la localidad Pailitas, donde los pobladores denunciaron que encapuchados los atacaron, secuestraron a unas cuatro personas y robaron motorizados y otros bienes, en julio; otro en la propiedad La Estrella en la comunidad San Antonio del Junte, en marzo; un quinto caso en el predio El Encanto, ubicado en la comunidad Santa María; el sexto en el predio Las Londras en octubre de 2021, y el séptimo ataque con armas contra policías y fiscales que investigan el caso Las Londras, en noviembre de 2021.
Precisamente, el caso Las Londras reveló el accionar de ese grupo armado, que emboscó, secuestró y agredió a una comisión integrada por periodistas, policías y lugareños el pasado 28 de octubre de 2021; y replicaron otro ataque contra policías y fiscales en San Julián, cuando se iba a detener a los involucrados en ese incidente violento.
Los dos principales implicados en este caso, Sixto Canaza y Paulino Camacho, fueron liberados hace unas semanas e identificados en los ataques a los pobladores de Pailitas bajo el mismo modus operandi que en Las Londras. Los campesinos de esa zona denunciaron a los interculturales por los ataques del 23 y 28 de julio, con el saldo de un joven herido de bala.
La Policía envió grupos especiales hasta Pailitas, pero no encontraron armas en la zona y tampoco intervinieron en un tercer ataque de los interculturales.
Los habitantes de Pailitas denunciaron ayer que fueron cercados y desalojados por los avasalladores, cuando intentaban retomar sus tierras. Uno de ellos indicó que los agresores llegaron en motos, estaban encapuchados y con palos en mano, para amenazarlos y expulsarlos del lugar.
Los campesinos lamentaron que la Policía no haya intervenido y día después se haya retirado sin desarticular al Grupo Armado Londras que opera en toda la zona desde el año pasado.
Los afectados aseguraron que tienen sus documentos de propiedad de esas tierras; los interculturales de San Julián también alegan que cuentan con todo en regla.
El exfiscal Bravo sostuvo que esta figura refleja lo mismo que los otros casos de regiones ligadas al narcotráfico donde la Policía no puede intervenir directamente, porque hay permisividad.
"Terminan encubriendo a estas personas (de los grupos armados) que salen a defenderlos (en temas políticos) por ese clientelismo que es necesario para el Gobierno, porque yo te doy, tú me das", insitió el exfiscal de la materia.
El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), lamentó que el Gobierno, a través de la Policía, no desarticule a los grupos armados de la zona.
"Estos avasalladores pertenecen, pues, a los grupos sociales del MAS; entonces, por eso hay protección hacia estas personas y continúan estos avasallamientos, enfrentamientos. Eso demuestra que el MAS protege a sus grupos sociales y no le interesa el resto de la ciudadanía", dijo el legislador.
Por su parte, el diputado Juanito Angulo, del MAS, indicó que el Gobierno no tolerará "el avasallamiento, las invasiones" de donde vengan y señaló que se tiene que investigar y sancionar.
"Tiene que investigarse como se ha iniciado en una primera instancia (por Las Londras). El Gobierno ha pedido al Ministerio Público, a las autoridades del órgano judicial, de investigar, de establecer la responsabilidad, de sentar un precedente de que no se permitan este tipo de avasallamientos", manifestó el diputado.
Contrabandistas
El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando denunció que los contrabandistas buscan enfrentamientos con los militares para recuperar la mercadería que internan de manera ilegal al país. Los contrabandistas operan en complicidad de pobladores de algunas regiones, a quienes usan como "loros" para vigilar y proteger el paso de su mercadería.
En otros casos, recurren a grupos de personas para atacar a los militares y funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia.
A continuación, Página Siete le presenta el recuento de algunos casos registrados sobre estos ilícitos en lo que va del año.
La semana pasada, la Aduana hizo controles exitosos a mercadería de contrabando en el punto de inspección Abra El Cóndor (a 30 kilómetros de Tarija), pero un grupo de 25 bagayeros, llevados desde Yacuiba, arribaron al lugar en dos buses para atacar y emboscar a personal de control, con el fin de recuperar la mercadería que les fue decomisada. Los efectivos lograron controlar el hecho y detuvieron a ocho personas.
Asimismo, sólo en julio grupos de contrabandistas atacaron distintos puestos de control del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag): tomaron el puesto de control en Campo Pajoso, Yacuiba (Tarija), incendiaron y destruyeron las instalaciones y agredieron al personal del recinto.
Otro ataque ocurrió en la ciudad de Villazón, departamento de Potosí, donde instalaron un bloqueo y no dejaron ingresar a los uniformados para rescatar a funcionarios y quemaron la mercadería decomisada; otro caso se registró en Guayaramerín (Beni), donde atacaron a funcionarios y dañaron vehículos oficiales.
En junio, una turba de contrabandistas atacó con armas blancas a funcionarios del Senasag, dañaron vehículos oficiales y se llevaron un cargamento de productos de contrabando decomisado. El hecho se registró en el barrio San Antonio, en Tarija.
En marzo, los contrabandistas atacaron con armas de fuego a los militares en la ciudad de Santa Cruz para recuperar un camión.
En febrero, unos 50 contrabandistas, en su afán de recuperar mercadería secuestrada, atacaron a militares con armas y cachorros de dinamita en el departamento de Oruro. Entre la localidad Los Pinos y Chuquichambi, los uniformados sufrieron varios ataques de parte de "mafias organizadas", según la Aduana Nacional.
En 2021 también hubo casos de ataques de grupos contrabandistas organizados: unas 80 personas atacaron e incendiaron el puesto de inspección en Villazón (Potosí), saquearon la mercadería que les fue decomisada y quemaron instalaciones, en septiembre.
Ese mismo mes, un grupo numeroso de contrabandistas atacó a los uniformados con piedras y dinamita en la localidad de Chocorosi, La Paz; en noviembre, los contrabandistas persiguieron a los militares hasta Viscachani, los retuvieron y agredieron, y cuando se dirigían a Senkata, fueron emboscados y se produjo un intercambio de proyectiles, hecho en el que murió un militar.
Por esos días también atacaron a los militares en la localidad de Opoqueri y San José de Maca, Oruro, donde procedieron a la quema de un minibús de patrullaje; el ataque buscaba terminar con los controles.
[Fuente: Por Luis Callisaya, Página Siete, La Paz, 01ago22]
Radio Nizkor
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