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09jul22
Avasalladores aplican cuatro métodos para toma de tierras
Del secuestro de los propietarios a la obtención de información de tierras que no fueron regularizadas, los avasalladores emplean cuatro métodos para la toma de tierras en el norte de Cochabamba. La más afectada es la granja Angostura, de la familia Canelas, que se quedó sin agua para regar sus campos que servían para alimentar a sus vacas.
"Ellos averiguan comunidad por comunidad, persona por persona, quiénes no tienen papeles para entrar a esos terrenos", dijo a Página Siete William Zapata, presidente del Comité de Defensa Departamental Contra Avasalladores. "Por ignorancia, pobreza y otros problemas, muchas comunidades no pudieron titular las tierras, no tienen documentación en regla como sucedió en Villa Copacabana, Illuri Bajo y otras" que fueron afectadas por avasalladores.
Un segundo método de los avasalladores es atacar terrenos que no tienen mucha población o la que queda es mayor de edad sin la posibilidad de defenderse. "En Villa Copacabana existen 477 hectáreas, pero son pocas personas las que habitan este territorio porque sus hijos migraron; quedan personas de tercera edad y como están indefensas, (los loteadores) consiguen los papeles (para quitarles sus predios)", afirmó.
El tercer método es el más violento. "Los avasalladores van a esa casa, rompen las puertas, secuestran a los dueños de dos a tres días y por la fuerza les hacen firmar documentos de compra y venta. Se hacen vender los terrenos a precios de gallina muerta", contó Zapata.
Como cuarto método, otros loteadores compran cuatro hectáreas en un lugar, pero en el proceso de compra logran aumentar un cero y se hacen dueños de 40 hectáreas para inscribirse en Derechos Reales. "Éste es el modus operandi y después consiguen gente del interior, arman grupos de choque y consuman sus intereses ilícitos", explicó.
El caso más alarmante se produjo en la granja Angostura que, además de quitarle tierras, cortaron los canales de riego, lo que dejó sin alimento a vacas lecheras. "Ellos avasallaron nuestras tierras, hicieron movimientos ilegales y taparon los canales de riego pese a que deberían tener protección del Estado, porque forman parte del Plan Nacional de Riesgo. El Gobierno debe proteger el acceso al agua, a nuestra granja y a toda la comunidad", dijo Luz Marina Canelas, gerente de la granja.
Esta granja tiene la capacidad de ordeñar dos veces al día a sus animales y producir 1.600 litros de leche diarios. Ahora, la producción de leche bajó a 200 litros cada jornada y pueden ordeñar a las vacas una vez al día por su mala alimentación. Esta situación trae problemas en las ubres de los animales.
Los problemas comenzaron con el inicio de la pandemia por la Covid-19 y con la llegada de los avasalladores. No bastó tomar terrenos de la familia, sino que cortaron el agua que se debía usar para regar los campos donde se alimentan las vacas.
Ahora, el costo por litro de leche para los propietarios es de ocho a nueve bolivianos y deben entregar el producto a la PIL a 3,2 bolivianos. "Tenemos grandes pérdidas", afirmó.
Según Mario Mercado, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Bolivia (Acrobol), las tomas de tierras están afectando a los sectores lecheros en su conjunto. "Si este delito contra la granja Canelas queda en la impunidad dará paso para afectar a otras propiedades lecheras. El productor queda en la indefensión. Estamos en contra del avasallamiento. Hay que respetar la propiedad privada, en especial de tierras con vocación agraria", dijo.
Mercado explicó que la toma indiscriminada de tierras derivará en la pérdida de vocación agraria de la zona. "Dentro de poco la actividad lechera se perderá en Cochabamba porque no hacemos nada contra los loteadores para cuidar la seguridad alimentaria", dijo y agregó que no toman tierras para vivienda, sino para vender los predios.
Mas denuncias
Problema La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció la inacción de las autoridades ante los avasallamientos en el Valle Alto de Cochabamba. Advirtió con un proceso al gobernador Humberto Sánchez, a las autoridades policiales y al INRA por biocidio tras la muerte de vacas en la granja Canelas.
Registro "Le exigimos al gobernador de Cochabamba, al comandante de la Policía y al director del INRA tomar medidas inmediatas. Una sola vaca más muere y también los procesaremos a ellos por biocidio", dijo. "La toma afectó las haciendas con más de 100 años de tradición en la producción de leche, hortalizas y otros (...)", manifestó la legisladora.
[Fuente: Por Luis Escobar, La Paz, 09jul22]
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