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02may06
Evo Morales nacionalizó por decreto el gas y el petróleo.
Evo Morales cumple hoy cien días en la presidencia de Bolivia y los celebró ayer con la firma del "decreto supremo" que hará realidad una de sus principales promesas de campaña: la nacionalización de los hidrocarburos, que otorga al Estado el "control absoluto" de los importantes yacimientos de gas y petróleo del país.
Así, las empresas extranjeras que operan en Bolivia deberán entregar toda su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) para su comercialización e industrialización, y tendrán que regularizar sus actuales contratos en un plazo de 180 días. De lo contrario, "no podrán seguir operando en el país", advirtió el presidente.
"Llegó el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", declaró, con el casco blanco de los trabajadores petroleros, desde el yacimiento de San Alberto, uno de los más importantes del país —operado por la brasileña Petrobras—, en el departamento sureño de Tarija. Al mismo tiempo, ordenó a las Fuerzas Armadas tomar los campos petroleros administrados por empresas extranjeras para impedir eventuales "sabotajes".
"A partir de este momento, quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales", declaró Morales, flanqueado por sus ministros, funcionarios y efectivos militares.
El decreto 28.701 establece que a partir de este 1º de mayo, las petroleras que operan en el país "están obligadas" a entregar a YPFB "toda la producción de hidrocarburos".
Esto no implica en lo inmediato la expulsión de las empresas transnacionales que operan en el país, que posee la segunda reserva de gas del continente. Pero las obliga a reconocer al Estado una mayor participación en la distribución de los beneficios.
El ex líder cocalero remarcó que YPFB se encargará de la comercialización y de definir "las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización". La petrolera estatal, detalló, asumirá "el 50 por ciento más uno de las acciones" de las tres compañías que se formaron en 1996, tras la privatización, durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Se trata de Andina S.A, filial de la española Repsol; Chaco S.A., que es controlada por la británica British Petroleum; y Transredes, cuyo mayor paquete accionario pertenece a la angloholandesa Shell. El proceso también afecta a la brasileña Petrobras, aunque es un caso particular, porque esta empresa no intervino en la privatización de los años 90.
"Pedimos a las empresas petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no respetan, nos haremos respetar a la fuerza", advirtió el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien sostuvo que el traspaso de la propiedad de los hidrocarburos al Estado "es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales del país".
Representantes de las petroleras en la Argentina manifestaron cierta sorpresa por la "magnitud" del anuncio de Morales y desde el gobierno expresaron "preocupación", aunque todos esperaban la nacionalización (ver pag. 24).
Desde España, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero expresó también su "más profunda preocupación" por el decreto firmado. En un comunicado, expresó que "espera que el plazo de 180 días anunciado por el presidente de Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos, abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas."
En su discurso, Morales anunció que todos los campos petrolíferos serían ocupados por el batallón de ingenieros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de YPFB. Y llamó a los bolivianos a movilizarse frente a "intentos de sabotaje." Poco después, desde un balcón del Palacio Presidencial en La Paz, el vicepresidente Alvaro García Linera dijo a una multitud reunida en la histórica Plaza Murillo para celebrar el Día del Trabajador, que "56 estaciones hidrocarburíferas fueron ocupadas por YPFB y las Fuerzas Armadas".
Según un comunicado del Ejército boliviano "el control técnico y operativo (de las instalaciones) busca asegurar el funcionamiento de las estructuras de producción para garantizar el normal aprovisionamiento" de gas y petróleo para el mercado interno.
En Tarija, Morales remarcó que sólo podrán seguir operando las empresas que "acaten inmediatamente las disposiciones" del decreto y fijó un plazo "no mayor de 180 días" para que regularicen su actividad "mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales".
Aunque el presidente aseguró el normal abastecimiento de combustibles, anoche se veían largas filas en las estaciones de servicio de La Paz y otras ciudades bolivianas, para cargar nafta.
Morales, presionado por protestas y huelgas anunciadas por diversos sectores, anticipó que YPFB asumirá la operación de los campos de las empresas "que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento" del decreto.
El momento elegido para el anuncio tomó por sorpresa a los bolivianos, que esperaban que el mandatario participara a esa hora de los actos por el Día del Trabajador en La Paz. Pero lo cierto es que la medida era esperada, pues fue una las principales banderas de la campaña que lo llevó a ganar las elecciones de diciembre con el 53,7% de los votos.
El presidente dijo que esta es la "tercera y definitiva" nacionalización del gas, luego de que en 1937 se nacionalizó, por primera vez en Sudamérica, la empresa Standard Oil, y en 1969 la Gulf Oil, ambas estadounidenses. Pero desde 1996 —cuando se inició la privatización de las empresas estatales, durante el gobierno de Sánchez de Lozada— YPFB fue prácticamente vaciada.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 02may06]
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