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01may06
Las dos primeras estatizaciones.
Dos nacionalizaciones marcaron la historia del Siglo XX. La estatización de la Standard Oil y de la Gulf Oil Company permitieron al Gobierno boliviano recuperar la propiedad de los hidrocarburos y el control de la economía del país.
Ambas reversiones (1936 y 1969) se realizaron con el fin de reconquistar la soberanía de Bolivia y aumentar los ingresos por concepto de regalías. La tercera se produce ahora a 10 años de la capitalización de las empresas del Estado por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Nacimiento de YPFB
El nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) formó parte de la estrategia de expropiación de la Standard Oil. La empresa estatal se creó durante el Gobierno del general David Toro mediante el Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936 y como consecuencia de la declaratoria de caducidad de concesiones de la Standard Oil a través del
Decreto del 13 de marzo de 1937.
En diciembre de 1936 se organizó YPFB y al año siguiente le asignaron y ajudicaron con carácter definitivo todos los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la petrolera.
La Standard Oil fue la primera compañía estadounidense en Latinoamérica en ser confiscada. Desde entonces, el Estado tuvo la posibilidad de intervenir en la economía. En los años 50 llegó a producir el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la publicación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) La Nacionalización y Transformación Social en Bolivia, de Crystian Ferreyra, "posteriormente en el país se produjeron varios golpes de Estado que originaron que no se afecten a más compañías para que el objetivo del Presidente Toro de nacionalizar todos los recursos se quede sólo en la reversión de Standard Oil".
Bolivia mantuvo su dependencia hacia Estados Unidos y, a cambio, este país le proporcionó préstamos y pidió indemnización para la Standard Oil.
Durante el golpe de Estado del general Enrique Peñaranda, la Standard volvió a exigir la devolución de sus bienes y la indemnización. La presión de Estados Unidos consiguió que Bolivia suscribiera, el 27 de marzo de 1942, un compromiso mediante el cual la Standard Oil recibiría 1.700.000 dólares como indemnización a cambio de informes y documentos de la empresa.
El Gobierno tuvo que convencer a diversos sectores de la importancia de pagar esa suma a cambio de la compra de minerales por parte de Estados Unidos.
La Gulf Oil
En 1969, durante el Gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produjo la nacionalización de la Gulf Oil. Mediante un Decreto Ley, fue impulsado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue ministro de Minas y Petróleo. El responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera fue el general Juan José Torres.
El decreto puso fin a las ventajas de las que gozaba la Gulf, amparada en el Código del Petróleo -más conocido como Código Davenport-, considerado totalmente lesivo a los intereses del Estado.
Según la investigación de Ferreyra, el Gobierno del MNR, en 1956, aprobó el Código para generar mayor seguridad para la inversión extranjera, el que fue elaborado con la ayuda técnica de Estados Unidos, denominado Código Davenport. Su aprobación fue considerada como un acto de buena voluntad del Gobierno nacional hacia el país estadounidense.
La norma establecía un régimen de regalías nacionales del 18 por ciento, promovía el debilitamiento de YPFB y otorgaba prioridad a las concesiones para las empresas norteamericanas
Como resultado de los beneficios que este Código otorgaba a las empresas transnacionales, catorce compañías norteamericanas ingresaron al país de manera inmediata, entre las que se encontraba la Gulf Oil Company.
Para el Gobierno de Ovando Candia, la norma petrolera de 1956 era lesiva a los intereses del Estado, por lo que consideró importante recuperar la propiedad de los hidrocarburos que se encontraban en manos de esta última empresa.
La expropiación de la Gulf se constituyó en una medida de trascendencia mayor que la nacionalización de las minas, según José Ortiz Mercado, ministro de Planificación del Gobierno de Ovando.
Al justificar la nacionalización de la Gulf, Marcelo Quiroga Santa Cruz recordaba que YPFB compraba a esta empresa el petróleo necesario para abastecer al mercado interno.
José Ortiz Mercado, ministro de Planificación del Gobierno de Ovando, en una entrevista que otorgó a La Prensa (2004) dio a conocer los argumentos técnico-económicos de la estatización. La ex autoridad murió poco tiempo después.
Bajo el Código Davenport, la Gulf pagaba el 11 por ciento en concepto de regalías. También debía tributar el 30 por ciento por utilidades, aporte que nunca se efectivizó pues la transnacional se descontaba sus inversiones.
Además se le fijó una tasa del 17 por ciento por factor de agotamiento, que tampoco pagó a falta de una reglamentación.
El decreto de recuperación.
Considerando:
Que la empresa Bolivian Gulf se ha constituido en un nuevo Superestado, que dispone de un poder económico y político superior al del Estado, incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional.
Que el Gobierno revolucionario ha derogado el Código del Petróleo, norma legal reguladora de la explotación de los hidrocarburos nacionales redactada por abogados dependientes de las empresas petrolíferas privadas extranjeras e impuestas al país a través de Gobiernos seudonacionalistas para asegurar a la empresa Bolivian Gulf un margen de utilidad y de impunidad que compromete gravemente el interés económico y la dignidad nacional...
Decreta:
Artículo 1: La reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a la Gulf, y nacionalización de todas las instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna.
Venta de gas a la Argentina.
La nacionalización de la Standard Oil dio lugar a que Bolivia comience a exportar gas hacia la Argentina.
En más de 20 años de exportación de gas al país vecino se facturaron 4.547,5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las arcas del Estado boliviano.
Ese dinero sostuvo la economía nacional. Luego de que el control de la riqueza hidrocarburífera pasara a manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, los excedentes generados por esta actividad se quedaron en Bolivia.
La Gulf negoció sola la venta de gas a Argentina, pero ante las críticas que surgieron en el país se vio obligada a formar una sociedad mixta con YPFB para llevar a cabo el negocio.
En una de las cláusulas establecía que cualquiera de las dos entidades que no aportase su 50 por ciento del volumen de gas sería desplazada por la otra, que asumiría la provisión total. Las reservas gasíferas estaban en un 90 por ciento en poder la Gulf.
[Fuente: La Prensa, La Paz, Bol, 02may06]
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