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19may18
Luis García Meza, el protegido
El dictador Luis García Meza, que fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en 1993, gozó hasta el último día de su vida de la protección y los privilegios otorgados por las Fuerzas Armadas, contrariamente a lo que el Gobierno quiso hacer creer tras su fallecimiento ocurrido en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) de La Paz.
Para desvirtuar esta información, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que García Meza fue dado de baja de las Fuerzas Armadas en 1982 e incluso su despacho mostró un documento, cuyo tenor es el siguiente: “El Ejército de Bolivia a través de la orden general Nº 07/82 ratifica la baja del Gral. García Meza por desprestigiar a la institución militar tras el golpe de Estado del cual fue artífice”.
Si fue dado de baja, ¿cómo se explica que García Meza haya muerto en Cossmil, donde sólo tienen acceso los militares y los jubilados de la institución?
Ante la pregunta, el comandante en jefe de las FFAA, Yamil Borda, agregó otro elemento para la confusión. Afirmó que “él (García Meza) fue dado de baja en 1982. Tenemos la certificación de que no gozaba de beneficios, pero COSSMIL puede hacer la venta de servicios. Seguramente en esa línea es que ha sido atendido el exgeneral (...). Cuando uno es dado de baja de las Fuerzas Armadas pierde todo privilegio que da esta institución”.
La mentira duró apenas unas horas, pues el gerente general de Cossmil, Gherson Peñaloza, afirmó que García Meza se jubiló antes de ser dado de baja, lo que significa que todos sus beneficios se mantuvieron intactos desde 1982. En otras palabras, la mentada baja de García Meza, si es que existió, fue un saludo a la bandera.
El exdictador recibió el 100% de su salario de jubilado hasta el día de su muerte, tal como sucede con todos los militares del servicio pasivo que, de por sí, ya son un segmento privilegiado puesto que son los únicos que se jubilan con el 100% de su salario. Los demás trabajadores de Bolivia reciben rentas que en muchísimos casos no llegan ni al mínimo nacional.
El abogado de García Meza, Frank Campero, se jacta no sólo de eso, sino que dice que su cliente murió en libertad puesto que desde hace cinco años vivió en Cossmil y no regresó más a la cárcel de Chonchocoro, a tal punto que él, en persona, fue a recoger sus pertenencias del penal en un camión.
De julio de 1980 a agosto de 1981, García Meza encabezó un régimen de facto dejando muertos, desaparecidos y a un país estigmatizado por la corrupción y el narcotráfico.
En 1993 fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y en 1995 fue extraditado de Brasil para que cumpla su condena en Chonchocoro.
Luego se descubriría que en la cárcel tenía una celda de lujo y que muy frecuentemente salía a Cossmil para recibir tratamientos médicos para, finalmente, el 2013 instalarse definitivamente en su habitación en ese centro médico, donde un PM impedía el ingreso a particulares. Un privilegio incomprensible.
García Meza se fue a la tumba, además, sin revelar los secretos de su régimen, pese a que hace más de ocho meses se conformó una Comisión de la Verdad que, pese a que una de sus misiones es averiguar el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, no atinó a hacerle una entrevista al exdictador en su estancia en COSSMIL.
Por el contrario, García Meza se dio el lujo de dejar una carta en la que involucra a más de una decena de personas en hechos irregulares o ilícitos, muchos de los cuales ya están muertos y por tanto no pueden defenderse de sus acusaciones.
Todo esto ocurrió con la protección de la cúpula militar y con la anuencia del capitán general de las Fuerzas Armadas, Evo Morales.
El ministro Zavaleta creyó que resolvía el problema distorsionando la verdad y, para salir del paso, el Ministerio de Justicia culpó al Órgano Judicial por los privilegios otorgados por COSSMIL al exdictador. Así, no hay consuelo para los vivos ni para los muertos del régimen de García Meza.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 19may18]
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