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14mar21
Mesa ve que el Gobierno busca descabezar a la oposición con un plan de violación sistemática de los DDHH
El mundo ya tiene los ojos puestos en Bolivia y la atención se acentúa con los llamado que se hacen a la comunidad internacional para que intervenga respecto a la aprehensión y medidas que hay en contra de exfuncionarios del Gobierno y exautoridades de la administración de Jeanine Áñez. Esta vez fue el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien se suma al llamado para mediar sobre la latente crisis política de Bolivia.
En una carta enviada a organismos como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mesa denuncia que hay un plan por parte del Gobierno de turno para descabezar a la oposición con un plan de violación sistemática de los Derechos Humanos (DDHH).
Mientras algunos desde algunas esferas del Gobierno se cuelgan del supuesto golpe de Estado, otros también apuntan a las acciones llevadas adelante durante la administración de la expresidenta Áñez y por este motivo la justicia boliviana emitió orden de aprehensión contra 13 personas que figuraban como exautoridades o altos mandos de las fuerzas del orden.
Mesa apuntó que la actual administración afirma que el gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue "de facto", cuando está claro que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el expresidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019.
Esa anulación se hizo por el fraude electoral comprobado por la auditoría de la OEA, avalada por la UE. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que responde a la influencia directa del expresidente Morales, está usando la figura de un falso e inexistente "golpe de Estado" para perseguir con un proceso penal manipulado, a los principales líderes de la oposición, algunos de los cuales han ganado las elecciones del 7 de marzo en sus respectivos departamentos y municipios.
"El gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, de derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA. En Bolivia ese reconocimiento fue hecho por una Declaración del Tribunal Constitucional, una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS, que anuló las elecciones viciadas del año 2019, sobre la base de la auditoría de la OEA, y reencauzó el proceso electoral hacia las elecciones de octubre del 2020", reseña parte de la misiva.
Además, expuso que el aval del gobierno de Áñez dio lugar a la toma del mando por el presidente Luis Arce Catacora, cuya base sucesoria y de investidura no fue otra que la constitucionalidad del gobierno precedente, por lo que todos son antecedentes que descalifican el discurso y propaganda del actual gobierno que intenta posicionar, a nivel nacional e internacional, la falsa imagen de un inexistente "golpe de Estado" para tapar el mayor fraude electoral en Bolivia desde la reconquista de la democracia el 10 de octubre de 1982.
"Este es el contexto que motiva la presente carta, la evidencia de que el gobierno nacional, a través de su control total de la fiscalía y justicia penal, con una denuncia presentada por una exparlamentaria de su partido, ha montado la figura jurídica del 'golpe de Estado' que ha tipificado de terrorismo, sedición y conspiración los hechos referidos de octubre y noviembre de 2019", señala el líder de Comunidad Ciudadana.
El expresidente considera que el Gobierno usa instrumentos de manipulación fiscal y judicial y que se está criminalizando a la oposición política de Bolivia. Apuntó que a las personas detenidas, entre ellas la expresidenta Áñez, se las aprehendió sin haberles tomado, previamente, su declaración informativa (derecho a ser oídos y presunción de inocencia).
Por lo tanto, manifestó que el objetivo del Gobierno no sería el de impartir justicia ni descubrir la verdad de lo ocurrido, sino infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana, que no comulga con la ideología y práctica del MAS.
"Por estas razones, me parece fundamental que la comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos", concluye el documento que mesa colgó en su blog.
[Fuente: Por Alvaro Rosales Melgar, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 14mar21]
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