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11ene20
Deciden subir la nota mínima de aprobación de postulantes a jueces
Como parte de las medidas que la gestión gubernamental transitoria aplicará, con miras a la promesa de cambiar la administración de justicia en el país, se modificarán las reglas del juego para quienes se postulen a ser jueces o vocales. Si hasta la última convocatoria para estos cargos la nota mínima de aprobación era de 51 puntos, en el nuevo proceso que se encarará hasta abril, la exigencia subirá a 70 o 75 puntos, como calificación mínima para ser designado administrador de justicia en el país.
Esta modificación la hizo conocer el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, que participó ayer junto a otras autoridades nacionales de la reunión de seguimiento a la Cumbre de Justicia en Sucre, quien además señaló que hasta abril se espera tener nuevos juzgadores institucionalizados.
De acuerdo con Coimbra, en el país hay al menos 140 vacancias judiciales y espera que luego de concluida la nueva convocatoria que el Consejo de la Magistratura lanzará para los nuevos jueces, se tengan al menos dos centenas de nuevos juzgadores, que ocupen además de las vacancias los juzgados transitorios, creados por la anterior gestión gubernamental.
Otra modificación que se incluirá en la nueva convocatoria para los administradores de justicia, es la aplicación de test sicológicos y siquiátricos (especializados en recursos humanos), para garantizar que los nuevos juzgadores tengan el perfil requerido para esta tarea.
"No todos los abogados podemos ser jueces o vocales, hay perfiles que deben ser evaluados", explicó el ministro Coimbra y agregó que en la nueva selección de autoridades del Poder Judicial, se incorporará la participación de las universidades privadas, los colegios de abogados, las organizaciones sociales y la misma sociedad, ya que, adelantó, las entrevistas a los postulantes serán públicas y masivas.
"Los medios estatales estarán obligados a transmitir las entrevistas a los postulantes. Además, los medios de comunicación privados y las redes sociales podrán mostrar los criterios que tienen los aspirantes a jueces en temas como el aborto, la homesexualidad, el derecho a la información, la libertad de expresión y otros temas", indicó el miembro del gabinete ministerial de la presidenta Jeanine Áñez.
Posición del TSJ
María Cristina Díaz, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), precisó que los cambios en la convocatoria para la postulación de nuevos jueces, es una atribución del Consejo de la Magistratura y reiteró que la justicia en el país debe transformarse "con mejores jueces y con un mejor presupuesto".
La autoridad reiteró la decisión de crear nuevos juzgados en materia de violencia, aunque no definió el número que se podrían incorporar en el país, ya que volvió a señalar que es necesario la asignación de más recursos.
Se abrirá la ley de abreviación procesal penal para introducir modificaciones de fondo y forma
Otra de las determinaciones de la reunión de seguimiento a los objetivos planteados en la cumbre de justicia, es la necesidad de abrir en la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento de la Ley de Abreviación Procesal Penal (1173), ya que el plazo para su puesta en vigencia plena (previsto para el 28 de febrero) resultó insuficiente.
El Gobierno reconoció que las disposiciones de esta normativa, que plantea cambios estructurales en la forma de administrar la justicia, no pudieron ser cumplidas en su totalidad debido a la falta de dinero y por problemas técnicos que aún no logran subsanar.
"Hay aplicaciones de la Ley 1173 que están haciendo que los jueces permitan dejar en libertad a personas involucradas en hechos de violencia hacia la mujer y los niños. Quienes cometen estos delitos no deben tener el beneficio de poder defenderse en libertad en sus procesos", apuntó él ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
De acuerdo con la explicación del ministro de Justicia, los legisladores tendrán la oportunidad de hacer las modificaciones que se sugieren en cuanto a la aplicación de la disposición, para no provocar la reacción negativa de la población ante las decisiones de los operadores de justicia.
[Fuente: Por Christian Gabriel Peña y Lillo Herrera, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 11ene20]
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