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25dic19
Corrupción y narcotráfico enlodaron al gobierno del MAS en 2019
Casos con bandas de contrabandistas, nexos con clanes del narcotráfico, tráfico de influencias en el Órgano Judicial y adjudicación de contratos del Gobierno con millonarios sobreprecios son los cuatro factores que componen la extensa red de corrupción que enlodó el último año de mandato del partido político del expresidente Evo Morales.
A lo largo del año se reportaron casos que implicaron a policías, militares, ministros, políticos del MAS y candidatos. No hubo un sólo mes en el que nos revelara un nuevo escándalo en los que las investigaciones continúan pendientes.
Red de contrabando
Enero abrió con el inicio de investigaciones en dos casos de corrupción que tocaron la cúpula de la Policía Nacional. El Primero fue el de una red de contrabando que se informó estaba dirigida por el entonces comandante departamental de Oruro, Rommel Raña.
Dicha red estaba compuesta por ex y actuales policías, militares, contrabandistas y comunarios de poblaciones fronterizas con Chile que permitían el ingreso de contrabando a cambio de pagos de dinero con tarifas establecidas. El caso también incluía el pago por destinos, con el fin de que los policías de bajo rango se mantengan en puestos claves para recaudar dinero de la actividad ilícita.
Corrupción en la Anapol
Después, se dio la aprehensión y encarcelamiento de los exmiembros del Estado Mayor de la Policía, por la venta de cupos para el ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol). La investigación del caso la hicieron los mismos postulantes que lograron registrar todas las irregularidades en los exámenes físicos y la revisión médica.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó la denuncia sólo después de que las publicaciones causaron una lluvia de críticas y el presidente Evo Morales ordenó la anulación de los exámenes. A medioaño se confirmó que el ingreso a la Anapol en 2019 quedaba suspendido.
En ambos caso sólo se procesó a los cabecillas y se dejó intacta a la red que hacía posible las irregularidades.
La muerte de "Cangri"
La muerte de Sebastián Leiva, conocido como "Cangri", el exchico protagonista de un reality televisivo en Chile, destapó otro negociado con la venta de vehículos robados ligados a la internación de droga en la que también estaban implicados policías bolivianos. El hecho ocurrió en Potosí en febrero.
El caso Camargo-Correa
El 27 de marzo, la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, indicó que el informe emitido por la comisión especial mixta de investigación de del caso Odebrecht (EEUU) y Lava Jato-Camargo Correa (Brasil) era sólido porque contó con un documento referencial. Meses después se inició procesos que implican a opositores como el expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa.
El caso también salpicó a autoridades del MAS e instituciones como Entel. Se denunció los vínculos de Evo Morales con la brasileña OAS y el expresidente Lula Da Silva, las denuncias no fueron investigadas por la comisión parlamentaria del partido del expresidente ahora refugiado en Argentina.
Casos de violación
Paralelo a los escándalos de corrupción internacional, en marzo la imagen de la Policía cayó aún más debido al reporte de la violación de una reclusa brasileña al interior de una carceleta de Rurrenabaque, en Beni, por parte de seis efectivos. Luego se conoció de otros casos de violación.
El caso Neurona
Por otro lado se presentaron las primeras denuncias sobre las irregularidades en la contratación de la firma mexicana Neurona, que desde 2017 se había adjudicado diferentes contratos de manera directa y al momento se estima un daño económico de al menos 12,4 millones de bolivianos. Neurona hizo spots y otros productos publicitarios para el gobierno de Evo Morales.
El caso Tersa
En contraposición, las denuncias contra los opositores al Gobierno del MAS no faltaron. Fue el caso de los procesos que se iniciaron contra miembros de Sol.bo encabezado por el alcalde Luis Revilla por supuestos favorecimientos a la empresa municipal de recojo de basura Tersa y al empresario Edwin Saaveedra por el cambio de uso de suelos de la curva de Holguín.
Los principales afectados fueron el concejal Fabian Siñani y su esposa, la abogada Maricruz Medrano, quien formaba parte de Tersa y representó a Saavedra durante la gestión de esos dos casos.
Corrupción en Derechos Reales
Ese mes cerró con el escándalo de corrupción en Derechos Reales (DDRR) en la ciudad de Santa Cruz, en donde un certificado de propiedad de un bien, negativo o "limpio", podía ser adquirido en 24 horas a un costo de 1.400 bolivianos. Corregir errores costaba entre 300 y 400 dólares, según el testimonio de un tramitador.
El caso Montenegro
La imagen de la Policía volvió a enlodarse en abril. Un audio y una fotografía revelaron los estrechos lazos entre el narco Pedro Montenegro y la cúpula de los jefes policiales de Santa Cruz, uno de los principales implicados es el coronel Gonzalo Medina. El 9 de abril el comandante General de la Policía, Rómulo Delgado, fue destituido y en su lugar asumió el cargo Yuri Calderón.
El caso involucró a más de 10 jefes policiales por los viajes de placer, fiestas y reconocimientos que se dieron al narco extraditado al Brasil, por una orden de captura internacional emitida en 2015.
Los detalles de la vida de Montenegro y sus nexos con los Policías ocuparon titulares hasta el 11 mayo cuando se entregó a la Policía, y cuando parecía que el escándalo comenzaba a mitigarse se reveló los nexos que el narco también tenía con magistrados del Tribunal Constitucional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y autoridades judiciales de Santa Cruz.
Robo de proyectiles
Ese mismo mes, se reveló el robo de 10.000 proyectiles del propio comando de la Armada Boliviana. Se denunció a los jefes militares a cargo del resguardo del armamento, en lugar de ser sancionados fueron promovidos con la venia del exministro de Defensa, Javier Zavaleta.
Publicidad gubernamental "a dedo"
Asimismo se conoció de la irregular adjudicación de contratos por parte de YPFB a la radio del MAS, Kawsachum Coca, emisora a la que además el Gobierno le pagó señal satelital.
El clan Castedo Candia
Pero a los casos de corrupción y narcotráfico que involucraron al MAS y el Gobierno se sumó el de la "información clasificada" de la (Felcn) que reveló que en Beni operaba el clan Castedo Candia, una agrupación familiar que se dedica a traer cocaína de Perú y del Chapare cochabambino para luego trasladarla hasta Brasil y, en algunos casos, Paraguay.
Mayerling Castedo, señalada como cabecilla del clan familiar, fue candidata a Gobernadora por el MAS y fungió como secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación beniana en la gestión del gobernador, Alex Ferrier.
Corrupción en la DGAC
En junio se reveló un informe del Ministerio de Obras Públicas que señalaba que en la gestión del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, la entidad afrontaba 15 procesos que iban desde casos de corrupción hasta discriminación y que, en algunos casos, esa institución se negó a dar información a las direcciones de Transparencia.
Por otro lado, se verificó que en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz figuraban 18 procesos, entre penales y civiles, contra el titular de la DGAC por distintas irregularidades registradas entre 2015 y 2019.
El caso Egüez
En agosto, los hechos de corrupción en el Órgano Judicial volvieron con la revelación de cómo se había realizado el fraude electoral en las elecciones judiciales del 2017 en Beni, hecho en el que se benefició el magistrado del TSJ, Carlos Alberto Egüez, con la ayuda de organizaciones campesinas afines al MAS, como la Cidob.
En el caso, que se reveló a través de un audio se vio involucrado, por una supuesta protección, el fiscal General, Juan Lanchipa. Egüez aún se mantiene en el cargo pese a que además se denunció una estructura familiar que negociaba los contratos de servicios en el Órgano Judicial de Beni.
El caso de Omar Michel
Otro caso que se conoció a raíz de un audio y deterioró más la imagen de la justicia en Bolivia, fue el del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, por la repartija de cargos en diferentes instancias y departamentos. Legisladores presentaron denuncias para tres juicios de responsabilidades que también incluían presiones a una jueza de Tarija para beneficiar a un detenido por el feminicido de Dayana Alemán.
El caso PAT
En septiembre, a puertas de las elecciones generales, las denuncias de corrupción se tornaron contra los opositores al MAS. En ese contexto de abrió la investigación contra Ximena Valdivia, entonces gerente de campaña del Carlos Mesa. El proceso fue abierto por los más de 50 depósitos que recibió la televisora privada PAT entre 2002 y 2003 cuando ella era la gerente general.
El clan Lima Lobo
Los casos sobre narcotráfico en Beni volvieron a revelarse con la captura de Jesús Einar Lima Lobo Dorado, líder del clan familiar del mismo apellido, contra quien pesaba una notificación roja de captura internacional, solicitada en 2017 por Brasil.
La Policía también reveló que se emitieron órdenes de aprehensión contra cuatro hermanos del detenido, cuyo centro de operaciones era la población de San Joaquín. Según la fuerza Anaidroga, eran parte de la tercera generación del clan familiar dedicado al narcotráfico, ligados a grupos de Colombia, Brasil y Argentina.
Corrupción en Quipus
Por otro lado se conoció que cinco exejecutivos de la empresa estatal Quipus son procesados por la justicia, debido a irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación de un contrato por 40,8 millones de bolivianos. El caso corresponde a la contratación directa para la adquisición de partes y piezas destinadas a la fabricación de 40.000 teléfonos celulares de los modelos Tinku LTE y Heka 3G, de la compañía pública Quipus.
El fraude electoral
Entre octubre y noviembre los titulares destacaron los hechos relacionados al fraude electoral que intentó librar a Evo Morales de una segunda vuelta y que derivó en hechos de violencia, represión y la renuncia de Evo Morales. En diciembre, con el cambio de Gobierno y un singular movimiento de autoridades judiciales y de la Fiscalía, varias investigaciones sobre corrupción comenzaron a avanzar de manera radical.
Así las auditorias y reportes preliminares administrativos dieron paso a diferentes procesos penales en los que los principales investigados son exministros o directores. Al contrario, el radical cambio de actitud y la diligencia de jueces y fiscales en la línea política del Gobierno de Jeanine Áñez, dio lugar a la liberación de los "presos políticos".
Dos de los principales casos en los que se dio libertad a opositores al Gobierno del más fueron los del dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez y el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quienes pasarán la Navidad y la fiesta de Año Nuevo junto a sus familiares. Lo contrario pasó con la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo que el pasado18 de diciembre, por el caso de desfalco al Fondo Indígena, retornó a la cárcel de mujeres de Miraflores.
UELINC
En marzo la diputada Rose Marie Sandóval reveló el caso de corrupción institucional en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), Dos informes del Gobierno dieron cuenta que de 2009 a 2018 el Tesoro General de la Nación (TGN) asignó a esa instancia 2.501,16 millones de bolivianos (373,3 millones de dólares) y que estos recursos jamás fueron fiscalizados.
En ese tiempo, 100 millones de dólares se gastaron en pagos al "reconocimiento económico" (bonos) que se "cancela" a los funcionarios y efectivos que participarticiparon en la lucha antidroga.
Pero en tema que provocó el encarcelamiento de directivos y militares, además de la fuga de empresarios fue la adjudicación de 42 de 46 contratos a un consorcio de empresas de capitales colombianos a la cabeza de Horizontal Bolivia SRL. del peruano Nilo Honor.
Las cinco empresas del consorcio se adjudicaron entre 2013 hasta 2018 contratos por un monto aproximando de 60 millones de bolivianos. En la constitución de algunas de las empresas figuran las hijas de Honor quienes junto a su padre abandonaron el país luego de que se dieron las primeras aprehensiones.
Pese a que fue el ahora exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dispuso ignorar las obsevaviones hechas a los contratos, la Fiscalía no lo investigó.
[Fuente: Por Carlos Quisbert, Página Siete, La Paz, 25dic19]
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