EQUIPO NIZKOR |
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03sep05
Resuelven convocar a una marcha nacional de los pueblos indígenas, campesinos y originarios.
Marcha de los pueblos indigenas, campesinos y originarios
CONSIDERANDO
Que las organizaciones indígenas, campesinas y originarias de Bolivia hemos vemos amenazados nuestros derechos por la acción del actual gobierno que beneficia de hecho a petrolatifundistas, traficantes de tierra, barraqueros, concesionarios forestales y otros, viene implementando en contra de nuestras comunidades y organizaciones.
Que el gobierno nacional está intentando conformar un consejo nacional preautonómico y preconstituyente con el fin de impulsar la Asamblea Constituyente, sin embargo lo que se pretende es controlar y dirigir esta instancia deliberativa, para que la nueva Constitución Política del estado responda solamente a los intereses de grupos regionales minoritarios y conservadores, manteniendo la actual estructura discriminadora y elitista del Estado.
Que hasta la fecha no hay respuesta a nuestras exigencias para restituir la legalidad en el proceso agrario, abrogando los decretos supremos firmados por Carlos Mesa: DS 28140. DS 28148, DS 28150, DS 28153 y DS 28160, los cuales facilitan la concentración de tierras a favor de concesiones mineras, y convierten en propiedades las concesiones forestales en el norte amazónico; además, la desconcentración del INRA que beneficia a grupos de poder local, finalmente se abre la vía del mercado para acceder a la tierra.
Que la Ley de Hidrocarburos 3058 promulgada el 17 de mayo de 2005, contempla los derechos de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, que los mismos requieren su reglamentación. Para ello el Gobierno viene contratando consultores supuestamente especializados (los que se encargarían de reglamentar nuestros derechos reconocidos en la Ley) y asume acciones excluyentes para con nuestros pueblos, desconociendo nuestra participación y propuestas. De igual manera nos sorprende que en la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, el Gobierno nos excluye, asignando recursos ínfimos a nuestros pueblos a pesar de ser el 62% de la población boliviana y ser los más afectados por las actividades hidrocarburíferas.
Que el gobierno no está consultando de manera oportuna y efectiva a nuestros pueblos y comunidades ninguna de las reglamentaciones y normas que viene definiendo e implementando, en contradicción directa al Convenio 169 de la OIT, homologado por la Ley de la República 1257 de 1991.
POR TANTO
1. Exigimos al gobierno nacional que se corrijan las atribuciones que se pretenden otorgar al Consejo Nacional Preautonómico y Preconstituyente.
- Precautelaremos las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional para aprobar una Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que garantice el poder soberano del pueblo.
- Vigilaremos para que se recoja nuestra propuesta de Ley de convocatoria a la A.C. presentada por el Pacto de Unidad, producto de más de un año de discusión y concertación con la sociedad civil.
- Incluir en calidad y proporción a nuestras organizaciones en dicho Consejo.
2. Exigimos del gobierno cumplir con el respeto a la normativa, restituyendo la legalidad del proceso agrario y el régimen forestal abrogando los decretos supremos mencionados:
- 28140, que permite que las actuales concesiones forestales (con vigencia de hasta 40 años) se conviertan en grandes propiedades perpetuas de uso, con lo cual se ratifica el acaparamiento de tierras, fundamentalmente en el norte amazónico del país, vulnerando la prohibición constitucional del latifundio, se vulnera además el régimen forestal concesional.
- 28148, que desconcentra técnica, jurídica y administrativamente el INRA al transferir a las oficinas departamentales competencias decisivas en el proceso de saneamiento.
- 28150, que en su art. 7 instruye al INRA para concluir procesos de saneamiento de terrenos en los que se encuentran ubicadas concesiones mineras en un plazo de 60 días, generando conflictos de derechos en territorios indígenas.
- 28160, que establece que los campesinos e indígenas sin tierra, para acceder a ella y a maquinaria tendrán que acudir a créditos hipotecarios ante entidades privadas, eliminando el acceso gratuito a la tierra.
- 28153, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural como política pública, la misma que en su componente “Tierra” señala y determina el marco y sustento de los decretos mencionados del ex presidente Carlos Mesa.
3. Exigimos al gobierno garantizar nuestra participación en la reglamentación de los derechos de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, establecidos en la Ley de Hidrocarburos y en la distribución justa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en cumplimiento del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos.
4. Exigimos que el gobierno establezca el cumplimiento efectivo de la Consulta y el diálogo respecto a cualquier otra normativa y política de su gobierno que afecte a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas y las naciones originarias, en estricta aplicación a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, homologado por la Ley de la República 1257 de 1991. La consulta debe ser de buena fe y con los procedimientos adecuados.
Las organizaciones firmantes anunciamos a Bolivia y al mundo entero que nuestra MARCHA NACIONAL se inicia el día 5 de septiembre de 2005, partiendo de la ciudad de la Santísima Trinidad en el Departamento del Beni hacia la sede de gobierno.
Santa Cruz, 3 de septiembre de 2005
Organizaciones indígenas y campesinas de Santa Cruz
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