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18may09
Abre juicio a Sánchez de Lozada casi 6 años después de la matanza de 67 bolivianos
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó a juzgar el lunes por genocidio y en ausencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, casi seis años después de la causa por la que se lo demanda, la matanza de 67 civiles en medio de una sangrienta represión ordenada por el ex presidente ultraliberal entre setiembre y octubre de 2003, en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto.
Con sólo dos magistrados, el Tribunal de Sentencia, a la cabeza
de Angel Irusta, secundado por Hugo Suárez Calvimontes, abrió el proceso, cuatro años después de que el Congreso autorizara el juicio al ex gobernante, a ocho de sus ministros y alto mando militar de entonces.
A sólo horas de abierto el proceso, un nuevo recurso de recusación interpuesto por la defensa del ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, volvió a frenarlo, en medio de agitación evidente en las afueras de la CSJ, donde familiares y abogados de los caídos y de alrededor de 400 heridos por bala se congregaron para reclamar justicia, en un suerte de mitin público.
Numerosas representaciones de organizaciones sociales de El Alto, epicentro de los tumultos sociales y las incursiones armadas de la fuerza pública, ese año, que precipitaron la caída de Sánchez de Lozada, se apostaron en las afueras de la CSJ para vigilar la normalidad del procesamiento.
"Este es uno de los retos de la justicia, llevar este juicio en un clima de paz, dentro de un clima de armonía y sobre todo con transparencia", pidió la presidenta de la CSJ, la magistrada Beatriz Sandóval, que reemplaza al recientemente suspendido Eddy Fernández, acusado por la Cámara de Diputados de retrasar y negar justicia en este caso que agita sin resuello la vida política y social del país desde 2003.
La mayor parte de los inculpados, 9 de 17, se encuentra fuera del país.
Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos, un día después de su derrocamiento, el 18 de octubre de 2003, lo mismo que sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, considerado autor intelectual de la masacre, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague.
Ellos tres fueron declarados el 27 de marzo de 2007, rebeldes y contumaces, y, por lo tanto, prófugos de la justicia boliviana, lo que abrió un trámite de extradición, caído en saco roto en instancias judiciales estadounidenses.
También los ex ministros de Hacienda, Jorge Torres Obleas; de Salud, Javier Tórrez Goitia y de Participación Popular, Mirtha Quevedo, que la semana pasada se asilaron en Perú con la aquiescencia del gobierno del presidente Alan García.
El asilo concedido a estos tres ex funcionarios bolivianos provocó tales fricciones diplomáticas entre La Paz y Lima al punto que la relación bilateral quedó en entredicho y en el peor momento en la última centuria.
El ex ministro de Agricultura, Guido Añez, se refugió en Estados Unidos a principios de año, en un intento de sortear el juicio de responsabilidades instaurado contra Sánchez de Lozada.
El paradero de Kukoc, sentenciado en 2004 a 2 años de cárcel por la apropiación ilegal de casi dos millones de bolivianos era desconocido el lunes, pese a que su abogado se apersonó por él en el proceso e interpuso un recurso de recusación.
A contrapelo de sus colegas y correligionarios, los ex ministros de Servicios Financieros, Dante Pino; de Trabajo, Adalberto Kuajara y de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, se presentaron para encarar el juicio.
También los generales Gonzalo Rocabado, Roberto Claros, Juan Veliz, José Quiroga y el almirante Luis Aranda, miembros entonces del alto mando militar.
"El proceso continúa de acuerdo al Código Penal con las personas que estén presentes. No se pueda juzgar a nadie en ausencia de ellos, es decir en rebeldía. El día que ellos vuelvan, el juicio tendrá que ser llevado a cabo, pero en presencia de los imputados que ahora no se encuentran", sostuvo la magistrada Rocabado.
En la primera resolución adoptada por el alto tribunal antes de causar efecto el recurso de recusación, Añez, Quevedo, Torres Obleas y Tórrez Goitia y Kukoc, además del ex ministro de Educación, Hugo Carvajal Donoso, también incluido en el proceso, fueron declarados en rebeldía y contumacia ante la ley, lo que facilita su captura y abre los conductos internacionales para trámites eventuales de extradición, de acuerdo con entendidos.
Es decir, que en los casos en que se ha declarado a un imputado rebelde y contumaz a la ley boliviana, no corre el cómputo de prescripción del proceso mismo.
Además, la nueva Constitución boliviana levanta el beneficio de la prescripción en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción pública.
La diputada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, de Sánchez de Lozada), Marisol Abán, invocó la legislación internacional para procesar a los imputados ausentes.
"Si se apela a los acuerdos internacionales de coadyuvarse mutuamente en la justicia, yo creo que sí puede ser. No hay nada imposible, nada limita al gobierno de EEUU de extraditar estas autoridades" bolivianas sumariadas en el primer juicio de responsabilidades del siglo a un ex presidente y sus colaboradores.
El dictador militar Luis García Mesa, que presidió un régimen de mano dura entre 1980 y 1981, fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto en un juicio sustanciado entre 1989 y 1994 por el asesinato de 200 civiles y la desaparición de media centena, además por la persecución de mucho otros por cuestiones políticas. García Mesa expía su condena en una cárcel de máxima seguridad en La Paz.
El senador conservador, Carlos Börth, celebró la apertura de obrados.
"Finalmente se inicia este juicio con grandes problemas En unos meses más se cumplen prácticamente seis años" de la matanza de civiles ardidos por la brutal represión de la Policía y el Ejército en El Alto y La Paz. Lo ideal sería que estén presentes los principales acusados, pero lo realidad nos ha convencido de lo contrario", dijo.
"Al menos en esas condiciones iniciemos en juicio ya veremos después qué es lo que sucede", instó.
El diputado socialista Jorge Silva deploró que el juicio haya comenzado con tropiezos y con sólo 8 de los 17 sumariados, como así que las principales autoridades de la CSJ hayan dilatado el proceso al extremo de permitir la huida de los procesados,, que alegan inseguridad judicial en el país.
"Lamentablemente con sólo 8 de los 17 imputados, con una sala plena que, de alguna manera, ha sido cómplice, hasta cierto grado, con los principales imputados; pero vamos a ver a lo largo de estos meses que este juicio puede concluir y se pueda fallar en única instancia para que los principales imputados puedan cumplir su condena y podamos darles justicia las víctimas de 'octubre negro'", como se conoce popularmente a la matanza, afirmó.
El juicio, que podría extenderse meses y tal vez años, abrió fuegos a seis meses de la celebración de elecciones en Bolivia y en medio de un ambiente político caldeado.
El presidente Evo Morales, que se ha lanzado a la reelección, enfrentó, en su calidad de diputado socialista y líder de los cultivadores de coca del central Chapare boliviano, a Sánchez de Lozada en sus dos administraciones, la primera, entre 1993 y 97, cuando se privatizó la mayor parte de las empresas del Estado, inclusive las estratégicas y, la segunda, entre 2002 y 2003, en que el ex mandatario ultraliberal intentó exportar gas a EEUU por puertos de Chile en condiciones desventajosas para el país andino.
Morales, que preside Bolivia desde 2006, después de ganar las elecciones generales de diciembre de 2005 por el 54% de los votos, ha pedido sin éxito a Estados Unidos la expulsión de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague.
La administración del ex presidente estadounidense, George W Bush, ignoró sistemáticamente las solicitudes bolivianas.
El juicio a Sánchez de Lozada, también tiene lugar en medio de cabildeos entre La Paz y Washington para reencauzar la relación bilateral, herida por la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Golberg, de un lado, de embajador de Bolivia, Gustavo Guzmán, del otro, esto en el último semestre del año precedente.
Las agencias antidroga y de cooperación estadounidenses, además de un funcionario diplomático de Estados Unidos, acusadas de conspirar contra el régimen constitucional de Morales, también han sido corridas de Bolivia.
A horas de la llegada a La Paz de una comisión de alto nivel de Washington, el tema, que ponía a prueba, una vez más, la frágil justicia boliviana, podría aparecer en la agenda del encuentro diplomático.
[Fuente: ABI, Sucre, 18may09]
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