EQUIPO NIZKOR |
|
19sep08
Fernández va a la cárcel acusado de actos terroristas
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, perdió ayer su fuero y fue recluido en la cárcel paceña de San Pedro, porque el juez Williams Dávila determinó que existe la posibilidad de que haya cometido el delito común de terrorismo en los hechos de Pando y de que obstaculice la investigación de los sucesos en los que 13 personas murieron.
El 11 de septiembre, un grupo de cívicos y otro afín al Gobierno protagonizaron en la localidad pandina de Porvenir un hecho de violencia que dejó 13 muertos, según los datos del Ministerio de Salud. El viernes, el Gobierno declaró estado de sitio en esa región.
El lunes, la Fiscalía General de la República dio el primer paso para iniciar un juicio de responsabilidades, cuando imputó a Fernández, junto al ex alcalde Miguel Becerra y al senador Abraham Cuéllar (afín al MAS), por el delito de genocidio.
El martes, el Ejecutivo detuvo al Prefecto en Cobija. De inmediato lo trasladó a La Paz, luego a Cochabamba y al final fue recluido en la Academia de Policías de la sede de gobierno. Mientras los ministros de Defensa y de la Presidencia señalaron que lo capturaron y confinaron por generar resistencia al estado de sitio, el vicepresidente Álvaro García señaló esa noche que lo detuvieron por la “masacre de Pando”.
Hasta el momento, ni Becerra ni Cuéllar fueron convocados a declarar por el caso.
El miércoles, los familiares de las víctimas lo acusaron a través de la Fiscalía, por cometer los delitos comunes de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. El juez Williams Dávila convocó a la audiencia de medidas cautelares, que se realizó ayer en la Academia.
La defensa de la autoridad regional presentó un hábeas corpus. El abogado Carlos Brito fundamentó el recurso —presentado ayer por la mañana en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y del fiscal de materia Rolando Morales, quien presentó la imputación por terrorismo, asesinato y asociación delictuosa— y afirmó que se violaron los derechos y garantías de su defendido, ya que fue detenido ilegalmente sin que existiera mandamiento de aprehensión alguno en su contra.
Rechazó que el Prefecto haya incumplido el estado de sitio, ya que cuando fue detenido se encontraba en su despacho de la Prefectura cumpliendo sus actividades normales y no en una reunión política u otra actividad prohibida por la medida de excepción, según reportó ANF.
Sin embargo, este recurso fue declarado improcedente. Fue la primera derrota del día para Leopoldo Fernández.
Por la tarde, ya en la audiencia de medidas cautelares, el juez Williams Dávila, quien candidatea para asumir el cargo de Fiscal General de la República en la designación que tiene pendiente el Congreso, advirtió que sobre Fernández pesa la probabilidad de participación en el delito de terrorismo, y no así en los de asociación delictuosa y asesinato, que también incluía la denuncia de los familiares de las víctimas.
El argumento principal que sustentó esa posición fue que “las declaraciones indican que él sería el responsable de mandar a todos los funcionarios (de la Prefectura), así lo demuestra la utilización en los sucesos de dos vagonetas del Servicio Departamental de Caminos (que depende del despacho de Fernández y que supuestamente llegaron a Tres Barracas para impedir el paso de grupos afines al MAS), son elementos probables de su participación”.
Luego, advirtió que “otro elemento que lo relaciona con terrorismo son las boletas que se tienen de parte de la Prefectura del Departamento, aquí están las copias, y que solamente pueden tener acceso los funcionarios”.
En cuanto a los riesgos procesales, Dávila analizó que “con el poder que tiene en Pando, podría influir negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o informen verdaderamente sobre los hechos. El imputado, teniendo en cuenta la capacidad de convencimiento que tiene en la ciudad de Cobija, encuentro que existe ese riesgo”.
Ayer fue un día negro para la autoridad pandina. Mantuvo dos audiencias, y aunque su defensa y él solicitaron que se lo procese a través de un juicio de responsabilidades, igual fue a prisión.
[Fuente: La Razón, Cochabamba, 19sep08]
 | This document has been published on 20Sep08 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |