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19sep08
Gobierno: El viejo sistema político activa todo su poder para salvar a Fernández
El gobierno del presidente Evo Morales denunció hoy que el viejo sistema político activó todo su aparato judicial para proteger la impunidad del prefecto, Leopoldo Fernández, acusado por la masacre de campesinos y normalistas en Porvenir, departamento de Pando.
Los viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y de Justicia, Wilfredo Chávez, denunciaron que un auto supremo emitido la mañana de este viernes a favor de Fernández más se parece a un argumento de la defensa que el fallo de un organismo constituido para administrar justicia.
"Es una cuestión que cae por si sola, no solo la derecha, es el sistema político pasado caduco, cuya expresión más conservadora está radicado en los tribunales de justicia", denunció Chávez.
Aunque aclaró que no todos los jueces son corruptos, dijo que "gran parte de los tribunales se deben al cuoteo, y toda la población lo conoce a quién se deben esos jueces".
A su vez Llorenti denunció que "ese auto supremo de la vergüenza demuestra una vez más que lamentablemente en nuestro país la impunidad está institucionalizada".
La Corte Suprema ordenó este viernes al juez Williams Dávila, que se encuentra a cargo del proceso penal al prefecto de Pando, se retire del caso por "falta de competencia" y remita los obrados procesales a la Fiscalía General de la República, incluido al principal sospechoso de la masacre.
Esta orden fue interpretada por el Gobierno como un mecanismo para que Fernández recupere su libertad y el caso se congele para liberar de pena y culpa al prefecto como a los acusados de ser cómplices y ejecutores de la masacre.
Violaron decreto del estado de sitio
La abogada de Johnny Cari Sarzuri, Wilson Castillo Quispe y Alfonso Cruz Quispe, tres de las víctimas de la masacre de Pando, Mary Carrasco, aseguró que los ministros de la Corte Suprema de Justicia José Luis Bautista Morales y Ángel Irusta Pérez, cometieron el delito de prevaricato.
Explicó esos tres ministros, sin tener competencia para ello, vulneraron el Decreto Supremo Nro. 20705 que declaró estado de sitio que rige en el departamento de Pando, sólo para beneficiar con la libertad a un sujeto que cometió el delito de terrorismo y fue el cabecilla de una conspiración que desató una masacre.
En tanto que el viceministro Chávez señaló que en el marco de ese decreto supremo es que fue detenido Fernández y confinado a La Paz, y aseguró que esa medida el Gobierno la hará cumplir.
Cuoteo político
Recordó que ese cuoteo político de la administración de justicia se repitió en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que fueron designados en las vísperas de la masacre de octubre de 2003, cuando cayó el genocida Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices.
También dijo que el Congreso anterior al Gobierno del presidente Evo Morales, conformado por militantes del MNR, ADN, MIR y NFR; hoy re articulados en Podemos y en los comités cívicos, fue el que eligió a la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
"Es ese sistema caduco que se auto defiende en sus últimos expectores, afincado en el sistema judicial, usando lo que le queda poder para favorecer a Fernández", denunció Chávez.
De su parte, el viceministro Llorenti afirmó que los aliados políticos del principal sospechoso de terrorismo, que derivó en la masacre de Pando, están desplegando una estrategia jurídica para construir un cerco de encubrimiento y de impunidad en torno a la masacre de Porvenir para proteger a Leopoldo Fernández".
Señaló que el auto supremo que ordena al juez Dávila la remisión de los obrados y al propio Fernández a Sucre, marcó hoy uno de los días más vergonzosos a la hora de emprender la lucha denodada contra la impunidad, contra los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo y el asesinato.
"Esta estrategia jurídica, de encubrimiento y de impunidad, que bien podría venir de sus abogados de defensa, de sus correligionarios, de sus cómplices y encubridores, ahora ha encontrado un nuevo escenario para fortalecerse y no es otro que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia", aseguró Llorenti.
A su vez el diputado Gustavo Torrico (MAS), expresó que la determinación asumida por la Suprema es una muestra de la articulación del engranaje del poder político y judicial de la derecha para liberar y salvar al prefecto pandino y dejar en la impunidad la matanza de campesinos del 11 de septiembre.
Expresó su preocupación por la celeridad con la que actuaron los ministros de la Suprema para instruir al juez Williams Dávila deje el caso y remita obrados, más el detenido, a la ciudad de Sucre, para que el Prefecto de Pando en libertad goce de un juicio con privilegio.
Denunció que esa "rapidez" judicial, que no se ve en otros procesos como el de Gonzalo Sánchez de Lozada que está a punto de prescribir, inscribió una nueva página negra de defensa de la impunidad para los delincuentes con un inmenso poder económico.
"Continúa la confabulación, porque la determinación de la Suprema no es más que un pago a sus amos por su designación como autoridades en el Poder Judicial. Se ha articulado el engranaje político-judicial de la derecha para salvar a Fernández y dejar en la impunidad la masacre", dijo.
Torrico advirtió que con la expulsión de Bolivia del embajador de Estados Unidos Philip Goldberg no ha terminado la confabulación contra la revolución en democracia porque continúa vigente el poder económico, judicial y mediático de quienes buscan mantener sus privilegios, incluso con la matanza de bolivianos.
[Fuente: ABI, La Paz, 19sep08]
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