EQUIPO NIZKOR |
|
20sep08
Duro conflicto de Poderes desata detención de Prefecto Fernández
La detención preventiva en la Cárcel de San Pedro del Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de asesinato y terrorismo, derivó el viernes en un duro conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, toda vez que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigió trasladar el caso a la ciudad de Sucre y disponer Juicio de Responsabilidades para Fernández, quien también está confinado por desacatar el Estado de Sitio dispuesto por el gobierno. Desde el Ejecutivo se aseguró que lo mantendrán "confinado" en La Paz.
Fernández fue enviado a la cárcel la noche del nueves y el viernes la Sala Penal II del Tribunal Supremo dispuso el traslado de antecedentes a la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en atención al memorial presentado por el Prefecto Fernández y determinó que el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila se inhiba del conocimiento de este proceso por falta de competencia.
El Auto Supremo dictado por la Sala Penal del Supremo Tribunal sostiene que, "según lo establecido por el Artículo 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), el juzgamiento del impetrante, debido a su condición de Prefecto de Departamento, debe llevarse a efecto "bajo la modalidad de juicio de privilegio constitucional", establecido en el Artículo 393 del Código de Procedimiento Penal".
La determinación de la Corte Suprema generó la protesta del Ejecutivo. "Vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida de confinamiento", dijo en conferencia de prensa el Viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, como respuesta al Auto de la CSJ que pide el traslado del Prefecto a Sucre por su condición de aforado.
Chávez calificó la solicitud de traslado a Sucre del Prefecto como un "atropello" y aseguró que permanecerá en su condición de "confinado" por haber violado el estado de sitio decretado por el Gobierno en su región tras los choques entre oficialistas y opositores de la semana pasada.
Para el Viceministro, seguir el razonamiento de la CSJ significaría que "por todo el Código Penal son impunes los Prefectos u otras autoridades que gozan de juicio de responsabilidades".
"Ese razonamiento no es correcto. Ese razonamiento es totalmente equivocado", enfatizó.
En los enfrentamientos de la semana pasada en Pando murieron al menos 17 personas en lo que el Gobierno considera que fue una masacre contra campesinos y por la que el Fiscal General abrió un proceso por genocidio contra el prefecto.
En esa remota región del norte de Bolivia se produjeron los más graves episodios de la ola de violencia que se desató en las regiones de mayoría opositora entre autonomistas contrarios al presidente Evo Morales y los partidarios del mandatario.
Para el viceministro de Justicia, la solicitud de traslado a Sucre es una "triquiñuela judicial" de la CSJ "para liberarlo".
"El pueblo está pidiendo justicia, el pueblo ha visto los muertos, el pueblo ha visto hoy un niño muerto. Esto es responsabilidad de Leopoldo Fernández", exclamó.
Chávez aseguró que con el auto de la CSJ, debido al "cuoteo" con el que fueron designados sus magistrados, éstos están "pagando la factura a su patrón, a su jefe, al ׳cacique׳", como se conoce al Prefecto en su región.
En la misma conferencia también participó el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien dijo que este "Auto Supremo de la vergüenza" demuestra que las instituciones judiciales actúan "para favorecer a delincuentes y criticó el accionar de la Corte Suprema por no hacer nada contra el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) cuyo proceso ya lleva cinco años.
Entretanto, el Juez Williams Dávila dijo que la Corte Suprema lo conminó a remitir todo el caso del Prefecto Fernández y a esta autoridad a Sucre para continuar con el proceso que se le sigue por estar acusado de la matanza de civiles en Pando. "Nosotros vamos a remitir en calidad de detenido al señor Leopoldo Fernández. Eso es lo que han dispuesto los de la Corte Suprema de Justicia", afirmó el Juez Dávila, que anticipó que los querellantes en La Paz tendrán que apersonarse a Sucre para seguir de cerca el proceso.
Atenta Decreto Supremo
Por su parte, la abogada de familiares de tres víctimas fallecidas en la matanza de Pando, Mary Carrasco, denunció la noche del viernes que los Vocales de la Corte Suprema que firmaron el Auto Supremo a favor de Leopoldo Fernández, viola el Decreto Supremo Nro. 29705 de estado de sitio en el Departamento de Pando.
Carrasco aseguró que ese Auto firmado por los Vocales José Luís Bautista y Ángel Irusta, que dispone que se remita obrados y al privado de libertad a Sucre, atenta el Decreto Supremo que declara estado de sitio en el departamento de Pando.
"Ellos (vocales) no tienen ninguna facultad para determinar que solamente Leopoldo Fernández sea llevado a Sucre, sin reconocer que está confinado en La Paz, como la Sala de Hábeas Corpus de La Paz lo ha establecido con la documentación y ha establecido que ese acto (detención) fue legal", declaró.
Además, Carrasco denunció que los Vocales Bautista e Irusta incurrieron en el delito de tráfico de influencias al pronunciarse en menos de 24 horas sobre un trámite dirimitorio que normalmente se resuelve entre dos a tres meses, pero que extrañamente fue resuelto en menos de un día.
Explicó que solo la presentación de petición del imputado demora tres días, después de su aceptación, para que el Fiscal General de la República se pronuncie sobre el requerimiento, pero que extrañamente se pronunció en menos de un día (18 de septiembre) y todo el proceso concluyó en la media jornada del viernes (19).
Entretanto, el Consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida Rendón, dijo que Dávila será investigado por su determinación de enviar a prisión al Prefecto pandino, sin tener competencia para realizar esta acción.
[Fuente: Jornada, La Paz, 20sep08]
 | This document has been published on 20Sep08 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |