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18sep08
Leopoldo Fernández es encarcelado de manera preventiva en el penal de San Pedro
En medio de un gran despliegue policial y de protestas de cientos de ciudadanos que exigían justicia, el prefecto Leopoldo Fernández fue remitido a las 20.45 de la noche de este jueves en el penal de San Pedro, desde donde deberá asumir su defensa en el juicio por asesinato, asociación delictuosa y terrorismo en la masacre de campesinos en Pando que acabó con al menos 15 vidas y decenas de heridos, en su mayoría campesinos.
Fernández pernoctará esta noche en la Posta y este viernes se definirá su nuevo domicilio carcelario.
Una vagoneta guinda del Ministerio de Gobierno trasladó desde la Academia de Policías de la zona Sur de La Paz -donde se realizó las medidas cautelares- hasta el penal de San Pedro e ingresó por la puerta que da a la calle Cañada Strongest.
La gente que lo esperó en el lugar no pudo siquiera acercarse para verlo, pero logró hacer escuchar su voz de indignación por la jornada de terror que vivió Pando el 11 de septiembre, cuando los campesinos fueron acribillados, presuntamente por sicarios y paramilitares pagados por el prefecto Fernández.
Un preso común
El comandante Departamental de la Policía, Cnl. Raúl Mantilla, aclaró a los medios de prensa que Fernández una vez registrado en el penal, será un preso como cualquier otro, sin privilegios ni atenciones especiales.
Se lo vio a Fernández visiblemente afectado y decaído por la larga jornada de audiencias, primero en la mañana cuando recibió la improcedencia de su Hábeas Corpus.
En la tarde después de siete horas de alegatos y consideraciones escuchó impotente y resignado el veredicto del juez Willams Dávila quien determinó su remisión en la cárcel, acusado de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato.
De acuerdo al juez Dávila, existen suficientes indicios de riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del imputado, porque su poder económico y de convencimiento puede alterar las declaraciones de los testigos en el proceso.
Dávila explicó que dentro la acusación, los abogados de las familias víctimas en la masacre de campesinos en Pando, fundamentaron con bastante solvencia el caso de terrorismo y no así en el caso de asesinato.
Los fiscales Félix Peralta y Manuel Morales mostraron armas de fuego, fotografías de los muertos y heridos de bala y otros elementos como prueba para convencer al Juez que el Prefecto de Pando debe ser encarcelado preventivamente, para evitar su fuga y obstaculización del debido proceso.
En cambio el abogado de la defensa, Carlos Brito, para evitar la reclusión de su cliente, argumentó que tiene domicilio fijo y que no hay riesgo de fuga, lo que no fue suficiente para el Juez.
Luego de conocer el fallo, la gente que se apostó en inmediaciones de la Academia Nacional de Policías (Anapol), exigió a gritos Chonchocoro para Fernández, que es el penal de máxima seguridad.
Los ciudadanos entrevistados por los medios de prensa, que aguardaron más de siete horas en el lugar, se mostraron un tanto satisfechos, pero exigieron a la justicia que en este proceso se llegue hasta el final con la sanción de los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
La matanza campesina más cruenta de la historia democrática, ejecutada presuntamente por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró al menos 15 muertos, decenas de heridos y 106 desaparecidos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir.
El prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, en su calidad de confinado por el estado de sitio, enfrenta la acusación de juicio de responsabilidades anunciado por el Fiscal General de la República, Mario Uribe, y otra denuncia emprendida por familiares de los muertos y víctimas de la masacre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia del departamento de Pando.
Mientras que a solicitud de los familiares de los normalistas victimados, en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, la abogada, Mary Carrasco, acusó a Fernández por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y concurso real de delitos, cometidos no en el ejercicio de sus funciones administrativas como Prefecto, que están establecidas en la Ley de Participación Popular.
[Fuente: ABI, La Paz, 18sep08]
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