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18sep08
Prefecto Fernández reconoce que ordenó frenar la marcha de los campesinos
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, reconoció hoy, ante el juez 5to. de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, que ordenó a los funcionarios de la Prefectura a movilizarse para frenar la marcha de campesinos hacia la ciudad de Cobija.
El prefecto Fernández precisó, durante la audiencia de medidas cautelares, al juez "lo último que dije al Servicio Prefectural Departamental de Caminos me van y me abren esas zanjas, sino existen formas de parar, me abren esas zanjas".
El juez dejó en claro que "el imputado en su exposición estableció que tenía conocimiento de lo que sucedía días antes y el mismo 11 de septiembre, cuando se registraron muertes de muchas personas, incluso de inocentes".
Además, se confirmó que los vehículos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) fueron identificados por varias víctimas y también admitidas por quienes estuvieron junto a los grupos armados.
El Juez señaló que para emplear estos vehículos tenía que haber una orden de alguna autoridad.
En ese sentido, dijo que "no es que haya participado (Fernández) en forma material en estos hechos el imputado, sino que tuvo conocimiento de que esos vehículos estaban llevando a funcionarios de la Prefectura para que hagan frente a los campesinos e indígenas que tenían la intención de llegar a la ciudad para protestar".
Dávila estableció que el delito previsto y sancionado por el artículo 133 del Código Penal señala: "El que formare parte o actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de libre locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden Constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella será sancionado".
Acotó que "está es la ligación, la probabilidad del grado de participación (de Fernández), al entregar las camionetas y decir vayan a que no pasen los campesinos como reconoció el propio imputado".
Indicó que con esa acción, el Prefecto pandino colaboró a que se pueda incluso realizar enfrentamiento como sucedió, "a pesar de señalar que intentó apaciguar los ánimos y no llegar al enfrentamiento, que a la posterior cobró vidas y con un estado de zozobra, pánico total en la ciudad de Cobija".
"Para el suscrito Juez no existen blancos, negros, amarillos, rubios ni funcionarios de primer o segundo nivel, ni mucho menos personas de primera o segunda calidad", aclaró Dávila y dispuso la detención preventiva de Fernández en la cárcel de San Pedro, de ciudad de La Paz.
Para el efecto, el Juez de basó en la fundamentación del fiscal Félix Peralta, de la probable participación del Prefecto, quién está sometido a un proceso ordinario acusado por los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa.
El Fiscal entregó al Juez un legado de fotografías alegando cómo campesinos y normalistas fueron emboscados, torturados y acribillados por los grupos armados entre funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos de Pando, cívicos y personas con acento brasileño.
Con estos antecedentes fácticos, los fiscales Peralta Manuel Morales también presentaron armas de fuego, casquillos de proyectil de diferente calibre, municiones que fueron utilizadas por los grupos armados como prueba de cargo contra Fernández.
Entre las armas, mostraron tres fusiles mauser, un fusil FAL, rifles de salón y revólveres, además de cajas de petardos y palos manchados con sangre de los campesinos e indígenas masacrados por los grupos armados atribuidos a la Prefectura.
Dávila dijo que estos son los elementos probables que él hecho existió y no se puede negar habiendo víctimas mortales y fatales, porque las fotografías y certificados forenses establecen las lesiones de los heridos.
Agregó que estos son elementos suficientes de probabilidad de la existencia de hecho.
"Ahora, con referencia a la probabilidad y la participación del imputado, es necesario tomar en cuenta de que evidentemente el Juez no está juzgando a nadie, por eso habla de probabilidad de participación", dijo Dávila.
Explicó que si el acusado es culpable o inocente se aclarará a la conclusión de la investigación de acuerdo a la recolección de diferentes elementos.
El prefecto Fernández, a las 20.45 de este jueves, fue recluido a la cárcel de San Pedro, tal como ordenó el juez Dávila, quien resolvió detención preventiva bajo los cargos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato por los sucesos de Porvenir.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales, Félix Peralta y Manuel Morales.
La parte querellante o defensa de los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir: Jhonny Cori Sarsuri, Wilson Castillo Quispe y Alfonso Cruz (normalistas) y del conscripto Ramiro Tiñini Alvarado, estuvo representado por los abogados Mary Carrasco y Sergio Rodríguez.
La audiencia que duró cerca de cinco horas en una oficina de la Academia Nacional de Policías (Anapol), se desarrolló bajo estrictas medidas se seguridad, porque las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas cercaron el instituto policial pidiendo 30 años de pena para Fernández en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
Las organizaciones, tras conocer el fallo del juez, dejaron el lugar y se dirigieron a la cárcel de San Pedro, ubicado en el centro paceño, enterados de que el Prefecto sería llevado ese recinto penitenciario.
Antes de la audiencia de medidas cautelares, el Tribunal de la Sala Penal 3ra. de la Corte Superior de Distrito, declaró la tarde de este jueves improcedente el recurso de hábeas corpus que presentó Fernández, a través de sus abogados, Carlos Brito y Aurelio Valenzuela, en contra de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y de Gobierno, Alfredo Rada, del estado de sitio y su detención.
[Fuente: ABI, La Paz, 18sep08]
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