Equipo Nizkor - Bolivia, ¿entre el lawfare o sicariato judicial?.

Los bolivianos somos testigos de unas acciones “jurídicas y constitucionales” que son al antojo del que las encarga. Acciones que para la mayoría de los entendidos en la materia y de la población boliviana son antijurídicas y anticonstitucionales. Además, son impuestas por el gobierno de turno y ejecutadas por los operadores de los poderes del Estado, en desmedro de personas y/o grupos sociales que no cuentan con la protección de los poderes estatales.

Pero estas acciones no sólo pasan en Bolivia, sino también en otras naciones, como Honduras, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil, donde algunos intelectuales de la izquierda Latinoamericana las denominan casos de “lawfare”. Otros investigadores y analistas políticos, con mayor contundencia, han definido estas acciones antijurídicas como “sicariato judicial” por los actores, el modus operandi, los objetivos, las consecuencias, las víctimas y sus victimarios.

Pero, ¿qué es el lawfare? Un neologismo anglosajón que fue creado por el profesor estadounidense Charles J. Dunlap Jr., y que en 2001 lo definió, para el Harvard’s Carr Center, como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Es decir lawfare significa la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos por parte de los agentes de Estado como arma de guerra en contra de su “enemigo”, para perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como tales. A esta definición yo le agregaría: “perseguirlos hasta su marginamiento, su eliminación pública o hasta su muerte civil.”

En el contexto boliviano el lawfare podría referirse a la judicialización de la política, donde los poderes fácticos, políticos, judiciales, hasta algunos medios de comunicación, obran juntos en contra de una persona o sector político, con el objetivo de llegar al poder bajo intereses oscuros o con la ambición de perpetuarse en el poder.

Para definir “sicariato judicial” primero debemos saber qué es “sicario”, palabra de origen latín “sica”, nombre de un puñal de punta muy aguda y filo curvo usado en la antigua Roma. En su definición, sicario es aquella persona que mata por encargo a cambio de dinero o de prebendas, ya sea por venganza, por despecho, por razones políticas o para castigar a quien no se ha dejado extorsionar.

Los sicarios, por lo tanto, no matan por venganza personal, motivos religiosos, cuestiones políticas ni en ocasión de robo, sino que lo hacen por la retribución económica o prebendas materiales que reciben.

En consecuencia, el fenómeno del sicariato no es nuevo en Latinoamérica, pero sí desde los años 90 del siglo pasado, cuando –según informes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación InSight Crime– visiblemente y estadísticamente se ha incrementado sustancialmente debido a la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo y de la corrupción, como por ejemplo en Brasil, México, Venezuela, Colombia y Honduras, donde sus efectos son devastadores a todo nivel.

Además, este fenómeno se caracteriza por tener una gran caja de resonancia en los medios de comunicación porque llama poderosamente la atención por el grado de violencia y lo espectacular que resultan sus acciones que son dirigidas a ciertos actores públicos conocidos o sus allegados.

Es tan grave la proliferación del sicariato, que el término se puede utilizar en sentido figurado para calificar determinadas conductas delictivas de quienes están investidos de autoridades de alto rango. Ellos aprovechan su posición, el privilegio del que disponen y de los recursos del Estado para arruinar la vida a cualquiera que piense distinto o se oponga a la cúpula política que ha monopolizado el poder de una nación.

Pero también hay otros neologismos ingleses o latinos que se han impuesto en nuestros idiomas para tipificar a los autores de hechos en contra de las personas aprovechando su posición, tales como el bullying, mobbing, etcétera, palabras que consisten en las prácticas de actos violentos o intimidatorios, acosos o maltratos físico y psicológico constantes sobre una persona.

Todos esos términos, neologismos y calificativos también son conocidos y usados en nuestro medio. Al sólo ver, escuchar y leer en todos los medios de comunicación sobre algunos hechos que involucran a personas o grupos sociales como víctimas de acciones políticas, jurídicas, psicológicas, cometidas por los operadores de los estamentos de poder uno se pregunta: ¿los bolivianos vivimos en un Estado de lawfare o de sicariato judicial?

Tal vez en Bolivia simplemente deberíamos crear nuestros propios neologismos y decir “llunkerío judicial”, “sajra k’arisiri justicia”, “justicia wañuchidoresmanta” u otro denominativo en quechua, aymara o guaraní.

17nov18

Bolivia, ¿entre el lawfare o sicariato judicial?

[Fuente: Por Raúl Calizaya, Página Siete, La Paz, 17nov18]

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