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11ago16
Diputados investigan a 14 altas autoridades del Órgano Judicial
Al menos 14 altas autoridades del Órgano Judicial suman 88 denuncias en su contra por diferentes delitos, de acuerdo con un reporte del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.
"Actualmente existen 88 denuncias contra altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Todos ellos tienen procesos desde 2009 en adelante. Los 88 casos están en movimiento", informó ayer el secretario de ese Comité, Juan Cala.
Las denuncias son de ciudadanos o funcionarios que pretenden, conforme a la Ley 044 de 2010, iniciar juicios de responsabilidades a las autoridades.
Por ejemplo, la consejera del CM, Cristina Mamani, tiene 12 denuncias en su contra. Su colega, Freddy Sanabria, nueve; Wilma Mamani, seis; Roger Triveño, ocho; y el presidente del CM, Wilber Choque, cinco.
En el TA, su presidente, Lucio Fuentes, tiene tres denuncias. La magistrada Deysi Villagomez, tres; Paty Paucara, seis; y Bernardo Guarachi, cuatro.
En el TSJ la magistrada Rita Nava tiene ocho denuncias y Rómulo Calle, nueve.
El presidente del TCP, Juan Valencia, enfrenta cuatro procesos; el magistrado Efrén Choque, ocho; y Mirtha Camacho, al menos uno rumbo a un juicio.
Algunos de los casos que están en los reportes del Comité son también contra exautoridades como Gualberto Cusi, quien estuvo en el TCP.
De los 88 procesos se acaban de emitir dos informes conclusivos que apuntan a una acusación contra dos autoridades. Hasta fin de mes se espera que salgan otros 10 informes (para juicio, rechazo o remisión al Ministerio Público).
"Entre 2007 y 2014 los que estaban en el Comité sólo emitieron seis informes. En cambio nosotros en 2015 emitimos 25 informes", dijo Cala. Del total, 20 se remitieron a la Fiscalía, tres apuntan a un juicio de responsabilidades y dos fueron rechazados.
La aprehensión de la magistrada Camacho en 2015, para que declare, marcó una diferencia, pues "ahora vienen cuando se los cita a declarar", dijo el diputado.
Envían carta a Evo sobre retardación
El extécnico del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, envió una carta al presidente Evo Morales en la que denuncia retardación de justicia en cuatro procesos enviados a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la misiva, el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado mantiene una demora que "lo único que hace es propiciar actos de represalia en nuestra contra".
El primer caso se refiere a las extorsiones a servidores públicos en Potosí. Según la denuncia éstas fueron de conocimiento de Freddy Sanabria.
El segundo es sobre la deuda de un consejero con el Estado, por lo cual no podía ejercer el cargo.
La tercera denuncia es sobre la extorsión a una jueza de Santa Cruz por parte de allegados a Sanabria. Y la cuarta sobre uso indebido de bienes en el Carnaval de 2012.
El secretario del Comité dijo que esos cuatro casos aún están en investigación, al igual que los más de 80 que se tiene desde hace años.
Amplían la investigación de un caso a cuatro magistrados del CM
Una investigación en la Cámara de Diputados que en principio sólo se enfocó en la magistrada Cristina Mamani, se amplió a otros tres funcionarios. Con esto, cuatro de las cinco altas autoridades del Consejo de la Magistratura (CM) son investigadas por un mismo hecho.
En este caso la denuncia fue hecha por Eloy Toledo, quien en 2012 debía ser posesionado como juez en Ixiamas de acuerdo con un memorando de la sala plena del CM. Sin embargo, en el acto de juramento se lo excluyó.
Toledo descubrió que los magistrados ahora investigados suscribieron un acuerdo por el cual dejaban sin efecto el primer documento.
Al parecer el argumento fue que el ahora denunciante carecía de idoneidad para desempeñar el cargo. Pero el afectado logró que se iniciara el proceso por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El secretario del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Juan Cala, explicó que en caso de que se inicie un juicio de responsabilidades contra los cuatro magistrados, todos serían suspendidos de sus funciones y las vacantes deberán llenarse con los suplentes.
Sólo se salvó del proceso Wilber Choque, presidente del CM, quien no suscribió el acuerdo aparentemente ilegal en 2012.
Rumbo al juicio
Asimismo, el Comité emitió ya dos informes conclusivos que recomiendan a la Comisión de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que se presente un proyecto de acusación ante el pleno de la Cámara de Diputados contra la magistrada del Tribunal Constitucional Mirtha Camacho y el magistrado del Tribunal Agroambiental Bernardo Huarachi.
La primera autoridad es procesada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes ya que -según la denuncia- se negó a ordenar el cumplimiento de una sentencia constitucional.
Huarachi es procesado por incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones, retardo de justicia y otros. En 2015 lo denunciaron por negarse a dejar la presidencia.
[Fuente: Por Sergio Mendoza, Página Siete, La Paz, 11ago16]
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