Equipo Nizkor - Detención preventiva: un sistema abusivo que quita la libertad a los más pobres.

Encarcelar a alguien antes de probar el delito es una medida que debería ser solo la excepción. Sin embargo, en Bolivia la prisión preventiva hoy es la regla. Se puede encerrar a cualquiera, aunque no se haya comprobado su culpabilidad. Siete de cada 10 internos cumplen prisión sin una condena y los jueces siguen hacinando las cárceles con personas de las que se presume su inocencia.

El promedio de nuevos encarcelados era de 1.000 por gestión, aunque en 2022 se incrementó a al menos 7.000, unas 580 personas al mes. Pero este número no refleja un avance en frenar la violencia, la delincuencia o la impunidad del crimen organizado. Los datos develan que quienes están en las cárceles son en su mayoría personas acusadas de narcomenudeo y pequeños robos, quienes fueron enviadas a prisión mientras sigue la investigación y se les enjuicia.

Además, los detenidos son hombres y mujeres en situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que llevan una carga promedio de 700 casos, según el Ministerio de Justicia. Son, de acuerdo a datos del Censo Carcelario, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, en el sector artesanal u obrero, que trabajan toda la semana, sin descanso para lograr su manutención y la de su familia. Y son personas que corren el riesgo de permanecer hasta 10 años presas, tiempo en que se resuelve una causa en el órgano Judicial, según el cálculo de la Contraloría General.

"Si el Ministerio Público no pudo demostrar con las evidencias suficientes la participación en el delito, no es razonable, no es justo que los tenga encerrados", dice Ramiro Orías, abogado oficial de la Fundación para el Debido Proceso, que concluye que "hoy la detención preventiva no es la excepción como establece la legislación".

Tres instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y dos leyes bolivianas se refieren a la excepcionalidad del uso de la detención preventiva. Pero pese a las recomendaciones reiteradas de las organizaciones internacionales como la CIDH, Bolivia ha continuado con el uso abusivo de la detención preventiva, que se explica por la combinación de varios factores como las constantes reformas a la legislación, la falta de capacitación de los jueces y fiscales, la corrupción, la presión social y mediática y el uso de la medida cautelar como un arma política, que recae sobre todo en la población de ingresos bajos que carece de la posibilidad de defenderse en un sistema atestado de procesos y con tiempos demasiado largos.

Raúl, de oficio albañil, fue aprehendido en 2015. Lo que para el juez cautelar significó un día de jornada laboral, para él derivó en siete años de cárcel y a la fecha continúa como detenido preventivo. La cárcel asola la economía de su mamá y su hermana, a quienes ve cada año más pobres en el afán de ayudarlo.

❝Fácilmente te meten a la cárcel (las autoridades) para decir 'estamos cumpliendo, están en la cárcel' sin considerar que la persona puede ser inocente, ahora salir de esto es lo que cuesta (dinero, tiempo, salud) y mucho"
Raúl, albañil aprehendido en 2015

En su desasosiego, Raúl considera declararse confeso para ir a un juicio abreviado y buscar una pena mínima, aunque sabe que el pesar de aceptar una responsabilidad ajena lo acompañará el resto de sus días.

En los últimos 14 años, la población carcelaria del país se multiplicó por tres y ocasionó niveles alarmantes de hacinamiento y con ello enfermedades y muertes en los recintos. En esta casi década y media los detenidos preventivos aumentaron en 264%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La elevada carga procesal con audiencias suspendidas y tiempos largos para resolver las causas, por más simples que sean, generan desventajas y encarecen los procesos.

Reclusos con sentencia y preventiva 2021

De acuerdo al Censo carcelario de 2019, nueve de cada diez detenidos hasta esa gestión eran comerciantes, empleados de seguridad, trabajadores agrícolas, de la construcción, artesanos, lustrabotas, lavanderas, entre otros, es decir parte de la economía informal y cuentapropias, que en su mayoría lograron estudios primarios y secundarios incompletos. Son escasos los que portan grados superiores, por lo que cumplir con los requisitos en las medidas cautelares se les complica, más aún que la justicia trastocó el principio de presunción de inocencia y pasó la carga de la prueba al acusado.

"Efectivamente la legislación no establece que la carga de la prueba esté en el imputado, el que solicita la medida cautelar (la Fiscalía) tiene que probar el riesgo de fuga, sin embargo, se le pide al imputado que demuestre que tiene arraigo social (familia, domicilio y un trabajo)", dice Orías.

En un plazo de 24 horas el aprehendido debe certificar que tiene un trabajo estable, una familia y un domicilio, para que pueda obtener una detención domiciliaria o se pueda defender en libertad. Pero muchos al ser informales no pueden cumplir con estos requisitos.

Y estas exigencias se complican en las comunidades campesinas, donde tienen un arraigo social en su comunidad, pero no tienen títulos de propiedad, no tienen planillas salariales ni certificados de trabajo para desvirtuar los riesgos procesales.

En este escenario, señala Orías, los más afectados con la detención preventiva son definitivamente los sectores más vulnerables de la sociedad, gente que vive en situación de pobreza, de marginalidad, jóvenes que viven en zonas "que no tienen las condiciones, muchas veces, para aplicar una cesación a las medidas de prisión preventiva o presentar las garantías suficientes para acogerse a las medidas cautelares".

En el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal se lee que "La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste". Sin embargo, el promedio nacional de quienes cumplen prisión sin sentencia es de 65%. Los departamentos donde los jueces otorgan más peticiones de detención preventiva, y que supera el promedio nacional, son Cochabamba (77%), La Paz (72%) y Potosí (72%). En Santa cruz, con casi la mitad de los presos del país, 62 de cada 100 cumplen prisión sin condena.

❝"La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y solo en casos que presenten ciertos elementos de gravedad".
Diego García Sayán, Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados

Esas fueron las palabras de García Sayán como resultado de su visita a Bolivia. Además, "se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad", lo que nunca hubo en el país.

Orías indica que el país ha ido pasando paradójicamente de una situación de "presos sin condena a condenados sin juicio", porque al final "duran tanto los juicios que los imputados prefieren someterse al proceso abreviado y declararse culpables (siendo inocentes) para recibir una pena menor, que seguro ya la han cumplido después de estar cinco a siete años presos (preventivamente)".

El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé también expresó, en su cuenta de Twitter, su preocupación sobre el tema y cuestionó a los fiscales y jueces por haber convertido a la detención preventiva en "un abuso que llena cárceles".

En marzo de este año, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, también se quejó por el aumento abrupto de reclusos en las cárceles que mantiene niveles elevados de detenidos preventivos -7.000 en el último año-, lo que genera mayor hacinamiento y violencia con cobros ilegales que van desde los 1.500 bolivianos según las denuncias. Limpias pidió reflexión a los jueces y fiscales.

Reformas desnaturalizantes

Ramiro Orías explica que la reforma penal del año 2000 se ha ido desnaturalizando a través de un conjunto de reformas que suben penas, crean delitos, dan mayores facultades institucionales a los jueces y fiscales que hacen más difícil aplicar las medidas cautelares, entonces, "hubo un conjunto de modificaciones procesales que han hecho que el país vuelva a la situación de presos sin condena que teníamos bajo el sistema inquisitorio".

Gonzalo nunca pudo cambiar su detención preventiva a domiciliaria o defenderse en libertad. Los requisitos eran demasiado burocráticos y caros. Ya en la cárcel ninguna empresa quería respaldarle con un certificado de trabajo, y la que accedió -una tienda de lubricantes- debía ser una empresa formal, con los impuestos al día, con certificación domiciliaria y estar inscrita en el registro de comercio. Su familia pudo conseguirlo, pero en audiencia la fiscal observó. Dijo que esa empresa no existía por no aparecer en el Google Maps.

-Hasta tres veces me han rechazado, no valoran lo que llevamos, tanto que nos ha costado conseguir-, lamenta.

"Las reformas a la ley penal para combatir la criminalidad solo generaron mucho más privados de libertad y sin efectos en la reducción de la delincuencia", remarca Jorge Quiroz, abogado constitucionalista.

Cita como ejemplo que hoy una persona acusada de delitos de violencia o violación, a sola denuncia y sin una investigación preliminar, automáticamente pierde la condición de procesado y pasa a una condición de sentenciado.

"El procesado tiene determinadas posibilidades de poder obtener su libertad y ser juzgado en esa condición, mientras que el sentenciado ya no puede obtener ningún beneficio hasta que cumpla su sentencia", argumenta y recuerda que la Ley 1443 de protección a víctimas de violencia, promulgada en julio de 2022, tiene ese ribete que le genera una grave desventaja a los procesados, a quienes automáticamente encarcela y amenaza a fiscales y jueces con penas de hasta 20 años si liberan a un inculpado por violencia

La falta de preparación es una constante en los funcionarios y autoridades judiciales, deficiencia también observada por García Sayán en su visita a Bolivia.

García Sayán señala, en su informe, que la administración de justicia en Bolivia en la jurisdicción ordinaria está enfrentando un gran rezago procesal. Según diversas fuentes, la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción. Agrega que en la gestión de 2020 del Tribunal Supremo de Justicia el indicador de retardación llegó a 57%.

Quiroz remarca que la baja formación de los fiscales y los jueces, sin personalidad para enfrentar la presión social, mediática y hasta política, no les permite discernir criterios en ese sentido, sino que apoyados en las leyes reformadas en los diferentes años, que devinieron en draconianas, lo que buscan es criminalizar a los detenidos o a los procesados.

Una detención que engorda la corrupción

El uso abusivo de la detención preventiva contribuye a mantener y robustecer todo el sistema de corrupción que existe en torno al sistema de justicia. Miles de personas son arrojadas por los jueces cada año a las fauces de un sistema que exacciona y tortura a los sectores más vulnerables. Deben vender sus cosas o endeudarse para devengar gastos y evitar los tratos crueles. La corrupción está instalada en toda la ruta del sistema de justicia y va desde el contacto con la policía, pasando por jueces y fiscales y culminando en el recinto penitenciario.

La Coalición contra la Tortura de Bolivia señala en su pronunciamiento de 2019, que mantiene vigencia, que la detención preventiva da lugar a una serie de alarmantes irregularidades procesales que se acumulan en tratos crueles, inhumanos y degradantes, hasta llegar a calificarse como tortura, en contravención de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

"Nos encontramos frente a una serie de nuevas formas de tortura que comparten una misma finalidad: la destrucción de la persona humana", se lee en parte del documento.

El problema de esta situación, agrega, es la cantidad de presos preventivos y la duración indefinida de su detención. Los daños psicológicos y físicos, además de políticos, económicos y sociales son graves para la víctima y repercuten en el entorno familiar, persistiendo más allá de su liberación.

Al llegar al recinto penitenciario, Raúl fue torturado por los delegados durante dos días. Le exigieron 10.000 bolivianos. Un monto demasiado alto para su familia. Cada vez que lo torturaban, le pasaban el celular para que llame a su familia y pida que consigan el dinero. Solo pudo sumar 7.000. Terminó con las costillas rotas, el rostro hinchado y problemas de respiración.

-De todo esto sabe el director del penal, el coronel, pero no hace nada, no le interesa parar porque también gana de eso-, dice Raúl.

La tendencia de enviar a la cárcel a las personas no es casual o falta de conocimiento, cada interno representa un número y una oportunidad para conseguir dinero fácil para el sistema de justicia, que se encarga de estigmatizar a los detenidos y los concibe como delincuentes sin derechos.

"A mí me llamó la atención que el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados Diego García Sayán, en su informe, una de sus conclusiones diga que la corrupción en Bolivia se constituye en uno de los principales obstáculos de acceso a la justicia y eso es muy grave", dice Orías.

Refiere que nunca antes un informe de Naciones Unidas dijo al país que su sistema es corrupto y por eso sus ciudadanos no tienen justicia; "es realmente muy doloroso, el mensaje es muy fuerte de haberse constatado el nivel de corrupción, no solamente en el sistema penitenciario, sino principalmente en el funcionamiento de la justicia penal".

Como muestra de esa corrupción, agrega David Inca, activista de derechos humanos de El Alto, las personas detenidas y procesadas indebidamente del caso Senkata tuvieron que pagar cada uno 3.000 bolivianos por su ingreso a la cárcel de San Pedro, dinero que, según asegura y es el sentir general, "se reparten entre el coronel que es el gobernador, entre el fiscal y la organización de reclusos, entonces mientras más detenidos ingresen al recinto es mejor para ellos".

El Relator Especial escuchó testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes, pero "el temor les impide -a estas personas- denunciar la corrupción públicamente".

Detención como arma política

La prisión preventiva tal vez es la principal herramienta de la persecución política a través de procesos judiciales, dice Orías y recuerda que el propio relator de Naciones Unidas, además de otros informes como el GIEI, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, señalan que "en el país se dan unas prácticas del uso del sistema judicial como brazo jurídico de la persecución a la oposición política; eso se dio antes y se sigue dando ahora".

Entonces, agrega, ahí vemos que esta discrecionalidad de la detención preventiva no es casual porque si bien afecta a los sectores más vulnerables, también "permite su uso selectivo en casos de sensibilidad política".

Da como ejemplo el caso del hotel las Américas, donde los involucrados estuvieron presos más de 10 años y pese a que presentaron decenas de solicitudes de revisión de sus medidas cautelares nunca fueron atendidos.

"La injerencia política en la justicia es un problema estructural, tal vez la mayor deuda pendiente del sistema político boliviano en el período democrático", señala Orías, sin embargo, considera que a partir de las elecciones judiciales que buscó democratizar la justicia, "se ha democratizado la corrupción al interior de la justicia".

Para Quiroz lamentablemente el órgano judicial se ha politizado de una manera extraordinaria donde el político es el que prácticamente decide la medida cautelar que se debe de imponer. "Esto yo lo he podido vivir cuando he llevado los casos en contra del Estado y estos fueron Caranavi, Chaparina y Apolo".

Y cuando la investigación es política resulta ser más de carácter represivo y va quitando muchos derechos como en el tema de la salud, de comunicarse con sus familiares o que no pueda reunirse con sus abogados. "Entonces, ahí hay un exceso, un abuso del derecho", refiere Inca.

No hay visos de que la aplicación de la detención preventiva en Bolivia vaya a cambiar. Hay una creencia en la sociedad y en las instituciones de que quien es aprehendido y puesto ante un tribunal, bajo su lógica de justicia y sin haber pruebas, es un criminal y debe ser encarcelado. Raúl es parte de ese grupo de víctimas junto a otros miles de personas que son sometidas a las fauces de una justicia cada vez más desprestigiada que tampoco resarce los años robados.

16mar23

Detención preventiva: un sistema abusivo que quita la libertad a los más pobres

[Fuente: Por Luis Fernando Cantoral, ANF, La Paz, 16mar23]

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