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16dic20
El Tribunal Agroambiental rechaza convertirse en sala del TSJ
El Tribunal Agroambiental (TA) defiende sus competencias constitucionales en el trámite de demandas agrarias y ambientales, ante propuestas de convertir a esta institución en una sala más del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como se plantea en el marco de la reforma judicial que también apunta a una reestructuración en el Consejo de la Magistratura.
La reforma constitucional propuesta por el Ministerio de Justicia y algunos magistrados, pretende convertir al TA en una sala más del TSJ, porque su vigencia no se justifica por la cantidad de causas que tramita, según reveló ayer la presidenta del TA, Ángela Sánchez, después del acto de presentación del árbol jurisprudencial de esta jurisdicción de los tres últimos años.
"Proponen que pasemos a ser una sala del TSJ, con lo cual no estoy de acuerdo. El TA es producto de una decisión del constituyente que le otorgó tareas específicas de protección ambiental y fue creado mediante la Constitución Política del Estado que establece el respeto de los derechos de la Madre Tierra; si se pasa a una sala del TSJ, es ordinarizar a la jurisdicción", señaló.
Los magistrados del TA exhortaron a las autoridades judiciales y del Gobierno a construir una reforma efectiva, tomando en cuenta los fines de este Tribunal, que atiende conflictos colectivos, evita la judicialización de los mismos y socorre a población más vulnerable en el área rural.
Sánchez dijo que se reunieron con el ministro de Justicia, Iván Lima, para explicarle que esta jurisdicción tiene una cantidad mínima de causas, sin mora procesal, porque se aplica la conciliación intercultural en las comunidades rurales donde se generan conflictos de deslinde, derechos de propiedad, posesión y aprovechamiento de aguas y otros, que requieren de una atención especializada que no haría un juez ordinario.
Por su parte, el magistrado del TSJ y expresidente del Tribunal Agrario Nacional, Esteban Miranda, destacó que el Gobierno haya decidido dejar en suspenso la consulta constitucional para las reformas judiciales, sobre todo en cambios estructurales para escuchar la opinión de los actores sociales, de las instituciones y de los jueces.
[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 16dic20]
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