Equipo Nizkor - La justicia condena a inocentes y atraviesa por su peor crisis.

La revelación de un audio fue quizá la prueba más clara de corrupción que hay en el sistema judicial de Bolivia. Una jueza sumida en corrupción, Patricia Pacajes; un inocente acusado de violar a un bebé en 2014, Jhiery Fernández; y la persona clave que reveló la verdad, Romel Cardozo. Así se resume el caso que desveló lo podrida que está la justicia.

No hacía falta nada más, a todas luces la señora jueza estaba en estado de ebriedad, como otros colegas suyos que han sido fotografiados o filmados alguna vez, pero ella guardaba un secreto que podía poner fin a una condena injusta. Así, en toda la sinceridad que un vaso de whisky le dio una noche de copas, reveló: No hubo violación al bebé Alexander, el médico Fernández es inocente.

Esta revelación no sólo permitió que el médico salga en libertad un mes después de la difusión del audio y casi cuatro años después de estar encerrado en la cárcel de San Pedro, sino también logró que los jueces que lo sentenciaron a 20 años de prisión caigan como dominó, uno por uno, y se abran procesos en su contra por incumplimiento de deberes.

Luego de que Página Siete revelara, el 17 de septiembre, el audio en el que Pacajes admite que ella y sus colegas Gladys Guerrero y Rodolfo Mérida sentenciaron a Fernández sabiendo que era inocente, la entonces jueza entró en una serie de contradicciones.

El silencio y haber desaparecido durante algunas horas le dio tiempo para pensar en la salida a tan evidente evidencia en su contra. Finalmente, Pacajes apeló a lo más fácil: “Me han drogado, no me acuerdo de esa grabación. Me han drogado”, afirmó horas después del audio revelado y en una completa crisis nerviosa.

Horas después la suspendieron, días después la destituyeron, cayeron sus colegas también. En ese interín el médico Fernández pidió dos veces la cesación a la detención preventiva, en la segunda oportunidad otro tribunal le dio, finalmente, su libertad, en medio de duras críticas al sistema judicial.

Así terminaron los cuatro años de prisión, de desesperanza para Jhiery Fernández, aunque el siguiente paso de su defensa será pedir la anulación de la sentencia.

Mientras el caso del médico daba giros inesperados y la desconfianza en el sistema judicial crecía más, el caso de Marihela Valdés Romero saltó a la luz pública como otro hecho de injusticia.

La exsubgerente regional de operaciones del Banco Unión fue detenida y encarcelada después de revelar una serie de irregularidades en el sistema que permitieron que Juan Pari, un funcionario de la entidad bancaria, logré desfalcar 37,6 millones de bolivianos.

Ella fue quien denunció lo ilegal, quien presentó un informe a sus superiores para probar que algo pasaba con el dinero que manejaba Pari, pero fue aprehendida, así como otros encargados de varias sucursales de la entidad.

Valdés estuvo encarcelada casi un año en el penal de Obrajes, allí entró en una profunda depresión, diferentes enfermedades la atacaron.

La responsable de su encarcelamiento: la jueza Claudia Castro. Durante los meses de encierro, la defensa de Valdés pidió en reiteradas oportunidades audiencias de cesación a la detención preventiva con base en certificados médicos que revelaban el deterioro en su salud.

No obstante, la magistrada no daba brazo a torcer. Por uno u otro motivo burocrático impedía que Valdés salga de la cárcel para seguir el proceso penal desde su casa. Mientras la salud de la exsubgerente del Banco Unión decaía más. Finalmente otro juez le otorgó el arresto domiciliario.

Y otro caso emblemático del año fue el encarcelamiento del dirigente de los cocaleros de los Yungas, Franclin Gutiérrez, a quien la Fiscalía acusó de instigar y de ser el autor intelectual de la muerte de un policía, en un enfrentamiento en La Asunta. Un juez lo envió a la cárcel sin verificar que las evidencias presentadas eran pocas y no había ninguna que involucrara al cocalero.

Este año fueron Fernández, Valdés y Gutiérrez quienes estuvieron o siguen presos. ¿Quiénes más purgan en las cárceles de Bolivia culpas de delitos que jamás cometieron?

Valdés, a la cárcel por acusar a Pari

El informe interno, emitido el 9 de octubre de 2017, por la exsubgerente regional de operaciones del Banco Unión, Marihela Valdés Romero, reveló una serie de irregularidades en el sistema de control monetario. Así, el mayor desfalcador, Juan Pari, se hizo de 37,6 millones de bolivianos.

“Yo denuncié una irregularidad y en vez de procesar a los responsables, me suspendieron y, lo peor, me encarcelaron”, dijo Valdés después de una de las audiencias en la que le negaron la excarcelación.

Fue imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y delitos financieros.

De esa manera sus 23 años de experiencia en el sistema bancario quedaron truncados, ya se había consolidado como una funcionaria ejemplar incluso con el reconocimiento de la misma Policía, que la nombró “Mejor ciudadana”.

Marihela había comenzado la investigación del desfalco desde julio de 2017, cuando le informaron que Pari hacía sospechosas publicaciones en Facebook, sobre viajes, compra de vehículos de lujo y fiestas privadas.

Detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes el cuadro depresivo en el que cayó agravaron las enfermedades que padecía por un largo tiempo.

Ante la coyuntura que movió el caso de Marihela, Castro fue suspendida y otro juez le concedió la detención domiciliaria. Aquejada aún con las enfermedades soporta el proceso penal en su contra que aún no llega a un juicio. Cuando apenas se levantaba de la crisis, falleció su padre, de quien no logró despedirse.

Jhiery no perdió la fe en justicia divina

Vestido de blanco y con una Biblia en la mano, como un símbolo de que nunca perdió la fe en la justicia de Dios, así salió de la cárcel de San Pedro Jhiery Fernández el 10 de octubre pasado, luego de permanecer ahí tres años, 10 meses y 25 días acusado de un delito del que siempre se declaró inocente, la violación del bebé de ocho meses Óscar Alexander, ocurrido el 13 noviembre de 2014.

“Siempre decía ‘confío en la justicia, pero no en sus operadores’; la justicia del hombre casi me mata, pero la justicia de Dios me salvó. La Fiscalía obró de mala manera, metieron a un inocente a la cárcel solo para mostrar un culpable y nunca buscaron la verdad”, dijo Jhiery el día que salió del penal paceño luego de abrazar a sus padres y a su hermana menor, y rodeado de las cámaras y los micrófonos de periodistas.

Jhiery reconoció que no logró su libertad por todas las pruebas ni los testigos que se presentaron en el juicio, sino por el remesón nacional que causó la publicación del audio en el que en estado de ebriedad la exjueza que lo sentenció, Patricia Pacajes, admitió que él era inocente y que el proceso en su contra fue armado por orden el ex fiscal general Ramiro Guerrero.

Días después de la publicación del audio, por medio de una carta, Jhiery también señaló como culpables de su situación y un “peligro efectivo para la sociedad” a los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán, además de los otros dos jueces del Tribunal Décimo, Gladis Guerrero y Roberto Mérida.

Durante el tiempo que permaneció detenido, Jhiery repió varias veces que le habían dado “muerte civil” y al salir cuestionó quién le devolvería los casi cuatro años que perdió en la cárcel, donde no solo curaba a los internos, sino que atendió el nacimiento del hijo de un recluso. (Carlos Quisbert)

17dic18

La justicia condena a inocentes y atraviesa por su peor crisis

[Fuente: Por Daniela Romero L., Página Siete, La Paz, 17dic18]

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