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18sep18
Caso Alexander: Aparato oficial apunta a la jueza
La revelación de los presuntos errores en el proceso del caso Alexander se volcó en contra de la jueza Patricia Pacajes después de que se filtrara un audio en el que supuestamente la juzgadora admite que se condenó a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, sabiendo que era inocente. La Fiscalía no admitió culpa, mientras el galeno, inocente según los audios, sigue tras las rejas.
En la jornada de ayer, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que instruyó la investigación de la veracidad del audio que involucra a varias autoridades judiciales. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió la suspensión de funciones de la jueza y casi al final del día el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de procesos disciplinario y penal que determinarán la suspensión de funciones de la juzgadora en las siguientes horas.
El fiscal Guerrero, que en pocos días termina su gestión de seis años a la cabeza del Ministerio Público, negó la existencia de algún interés político en el caso del bebé Alexander.
La polémica obligó ayer al Fiscal Guerrero a romper su largo silencio, y dijo que instruyó el inicio de una investigación sobre el audio. Atribuyó la filtración del audio a algunos postulantes a Fiscal General y negó que existieran presiones sobre el proceso que inició en 2014.
"¿Presión política de qué?, ¿qué interés político puede haber?, ¿o qué interés personal?. Es un caso más, como tantos otros que han habido, o sea, qué interés puede haber, el sentido común nos hace responder eso, cuál fue la intencionalidad de querer molestar, arruinar a un profesional o a cualquiera, aquí no hay interés de ninguna índole", sostuvo la autoridad durante un acto de entrega de vehículos al IDIF de Cochabamba.
Guerrero consideró una "bajeza" que se lo relacione sentimentalmente con la médico forense Ángela Mora, que fue la primera que afirmó que el bebé fue violado, incurriendo en un error, según Pacajes.
"Sé que hay algunas personas involucradas que están postulando a fiscal general, que están detrás de este tipo de situaciones, es lamentable, es una pena, son un par de postulantes que están detrás de todo esto, imagínense si son elegidos, sería grave", advirtió.
Anticipó que se realizarán estudios para ver si la grabación corresponde a la jueza. "Instruí una investigación más allá de la obtención del audio o lo que se quiera hacer en este caso, debe ser estrictamente en el ámbito procesal", explicó.
Se pronunció también el Ministro de Justicia, quien sugirió al Consejo de la Magistratura la suspensión de la jueza Pacajes, mientras se desarrolla la investigación sobre un audio.
Consideró que el alejamiento de sus funciones debe darse por el respeto a la sociedad que se conmocionó con la grabación difundida por varios medios de comunicación, en la que admite que al iniciar el juicio ella ya sabía que el principal condenado no tenía culpa alguna.
También apareció el fiscal de La Paz, Edwin Blanco, para acusar a un grupo de abogados de estar detrás de este escándalo para desprestigiarlo ante su postulación a Fiscal General y anticipó que surgirán otros elementos "fabricados" en los próximos días.
"Tenemos que ser serios y objetivos, yo no voy a entrar al dice, al dicho. Yo soy fiscal, me rijo por un procedimiento y no voy a entrar al debate personal. Tenemos un juicio y una sentencia con pruebas científicas", sostuvo.
Para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), además de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Gobernación de La Paz tienen responsabilidad en el encarcelamiento, a su criterio injusto, al que es sometido el médico Jhiery Fernández.
La posición de la APDHB fue expresada por su abogado Franco Albarración, quien manifestó que tanto el Ministerio de Justicia como la Gobernación de La Paz deben explicar ante la ciudadanía por qué “al día de hoy forman parte del juicio irregular contra el médico”.
En Sucre, el vicepresidente de la APDHB, Edgar Salazar, sugirió que entretanto se esclarezca el tema del audio, el médico acusado tendría que ser liberado con alguna medida sustitutiva a la detención.
Los cuestionamientos no sólo vinieron del oficialismo sino también de la oposición a través de los diputados Wilson Santa María y Rafael Quispe que presentaron ayer en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) una denuncia por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y consorcios contra la jueza Patricia Pacajes.
El tribunal de sentencia de La Paz fijó para el lunes 24 de septiembre la audiencia para considerar el pedido de cesación a la detención presentada por la defensa de Fernández. El galeno está próximo a cumplir cuatro años en la cárcel San Pedro.
Norma Sumi, madre del médico Jhiery Fernández, reveló que en persona entregó al presidente Evo Morales documentos sobre la inocencia de su hijo y le pidió que haga justicia. Afirmó que el Primer Mandatario le dijo que la ayudará.
Dávila: La prensa linchó a Fernández
"Que se haga una auditoría judicial en este caso en el que la prensa linchó, sin prueba alguna, a un médico, y llevó a la justicia chapucera a confirmar una aberración" (sic), escribió la ex ministra de Comunicación Amanda Dávila, sobre el caso bebé Alexander.
No recordó que el proceso fue declarado en reserva, aprovechando la confidencialidad establecida como norma en la Ley Orgánica del Ministerio Público. De hecho, cuando un periodista de El Diario quiso investigar fue detenido bajo la acusación de entorpecer las investigaciones.
"Un canal de televisión lanzó la denuncia de la violación del bebé Alexander, y todos los medios la amplificaron con temerarias acusaciones, sin pruebas, ante una opinión pública conmovida hasta la histeria y una justicia que actuó por presión mediática antes que por derecho", consideró Dávila.
Desde el Colegio Médico de La Paz pidieron un resarcimiento económico para el galeno Fernández y que el Estado siente precedente contra la mala administración de justicia, aseguró su presidente Luis Larrea.
La suspensión de funciones de la jueza se conocerá en horas
En las próximas horas la jueza Patricia Pacajes sería suspendida de funciones una vez que sea notificada con el proceso disciplinario y penal en su contra que fue activado por el Consejo de la Magistratura ante un juzgado disciplinario y ante el Ministerio Público en La Paz.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que la Sala Plena de ayer determinó pedir la suspensión temporal de funciones de la jueza una vez sea notificada con el proceso por faltas graves y gravísimas. Alcón no descartó la existencia de una posible comisión del delito de prevaricato de la jueza que será tipificada en la investigación penal.
Señaló que el caso estaba declarado en reserva y la jueza, al hacer declaraciones en el audio habría vulnerado la norma tipificando su actuación a una falta o a un delito.
El decano del Consejo, Omar Michel reiteró ayer del inicio de una auditoría jurídica al proceso, sobre todo a las constantes suspensiones de las audiencias, la revelación del audio, la auditoría será ampliada para establecer cómo se desarrolló este caso, con qué pruebas, procedimientos, plazos, todo el actuar jurisdiccional.
[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 19sep18]
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