Equipo Nizkor - La tristeza de un país sin justicia.

Las increíbles noticias que van saliendo sobre la condena arbitraria —yo diría criminal— del médico Jhiery Fernández nos llena de impotencia y de tristeza. Por supuesto, no es el único caso, aunque en este momento sea el más lacerante, que muestra las consecuencias que tiene la supresión fáctica de la división de poderes. No es que en Bolivia el sistema judicial haya sido nunca satisfactorio, pero lo que jamás hubiéramos creído es que con este proceso que empezó siendo de cambio la situación de la justicia iba a ser peor que antes. Por el contrario, la novedad constitucional de la elección ciudadana de las autoridades judiciales abría la esperanza de que todo iba a mejorar, pero fue al revés...

El primer golpe fue la selección de candidatos/as para las primeras elecciones judiciales. Al no permitir ningún tipo de campaña y aprobarse las listas entre gallos, y media noche, la respuesta popular fue el escepticismo, el repudio a las maniobras secretas, y la abstención masiva. Sin embargo, las elecciones se dieron por válidas y nos encontramos con autoridades judiciales supuestamente elegidas por voto popular, pero que en los hechos no contaban con la confianza del 70 u 80% del electorado potencial.

Y así nos fue, todo el sistema de justicia se fue desacreditando de manera acelerada. Las autoridades judiciales se sabían amparadas por los demás poderes del Estado y se dedicaron a no disgustarlos, y por tanto a cualquier cosa menos a hacer justicia.

Cuando llegaron las segundas elecciones, algunos ingenuos creímos que esa dura lección traería consigo modificaciones, una apertura a la participación social a la hora de nombrar candidatos/as, la posibilidad de formulación de críticas públicas y, sobre todo, la necesidad de mayorías absolutas para la validez de los resultados electorales. Nada de eso. Se repitió la historia, sólo que con peores resultados. Y en este momento, con la elección del nuevo Fiscal General, se repite lo mismo.

Podemos verificar cotidianamente que a las autoridades judiciales de segundo rango lo que les importa es quedar bien son sus superiores, y a las autoridades superiores quedar bien con el Poder Ejecutivo, porque saben que su suerte depende de éste y no de la opinón pública ni del voto colectivo. El resultado final es que en este momento todo el sistema huele a podrido.

En el caso de Jhiery Fernández están implicados tres fiscales y tres jueces, además de un médico forense. Y mencionamos este caso porque está acaparando las noticias de prensa y los comentarios de las redes sociales, pero en realidad es uno más entre cientos. Y en la práctica no hay a quién quejarse, ya que el Órgano Legislativo está igualmente sometido al Ejecutivo.

En los hechos nos estamos acercando al modelo de sistema monárquico y sabemos por la historia que en los regímenes monárquicos no había más justicia que la que aplicaban los monarcas de turno, con la sola diferencia de que ellos tampoco eran elegidos por nadie.

Pero hasta esa diferencia amenaza con desaparecer cuando se desconoce los resultados de un referendo que impedía la modificación de la Constitución sobre los límites de la reelección de Presidente y Vicepresidente. Y si esa es la lección que nos dan los máximos mandatarios —en su momento elegidos y reelegidos por voto popular mayoritario— ¿qué podemos esperar de las autoridades judiciales y de sus organismos aledaños como son las fiscalías?

Una sociedad sin sistema judicial confiable está condenada al deterioro, al miedo, a la inseguridad, a vivir sin confianza en las autoridades (ni, por supuesto, en las fuerzas del orden)… ¿Era eso lo que cabía esperar del Proceso de Cambio?

Además este tipo de situaciones, por mera acumulación de desgracias, tiende siempre a empeorar. ¿Somos conscientes de que a este paso podríamos acabar como en Nicaragua? ¡Por favor!

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba

21sep18

La tristeza de un país sin justicia

[Fuente: Por Rafael Puente, Página Siete, La Paz, 21sep18]

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