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07jul20
Automotrices advierten quiebra con legalización de vehículos indocumentados
La Cámara Automotor de Bolivia (CAB), tras conocer la existencia de un proyecto de ley para nacionalizar vehículos indocumentados en la Cámara de Diputados, expresó su disconformidad plena y advierte que su promulgación expone a las empresas formales del sector al riesgo de quiebra.
En la presente jornada se conoció que la diputada masista Concepción Ortiz presentó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados el proyecto de 'ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentadas'.
A decir de la proyectista, con esta norma se buscan generar las condiciones para que aquellos poseedores de vehículos internados de manera ilegal puedan acogerse a la regularización y con los ingresos recaudados el Estado genere liquidez para combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Según la CAB, a la fecha existen más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que pagaron todos los tributos e impuestos por la vía formal. Además, refiere que existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riego de quiebra por las condiciones adversas, entre otras, competencia desleal de informales y el contrabando.
Dan cuenta de que la generación económica del sector automotriz formal, desde un tornillo hasta el más complejo de los vehículos para la industria, generan más de $us 2.000 millones y su contribución al Estado es altamente significativa para la economía nacional. "El sector genera más de 12.000 fuentes de trabajo directas y 70.000 fuentes indirectas", detallan desde la CAB.
Asimismo, hacen notar que el proyecto de ley, en fase de consulta, atenta también la cadena de pagos al sistema bancario que puede verse afectado por la caída de varias empresas formales que tienen actividad relacionada. La CAB señala que el sector formal automotriz está golpeado duramente por más de 100 días de inactividad que han cortado totalmente su nivel de ventas, poniendo en riesgo la manutención de toda la fuerza laboral del sector.
En los aspectos legales infieren inconstitucionalidad. "El proyecto de ley, replica la Ley 133/2011 del 8 de junio del 2011, que nacionalizó vehículos indocumentados el año 2011, en su art. 1º.: "Establecía por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores…".
El nuevo proyecto, desde la posición de la CAB, parte sin respetar el concepto de "única vez" y atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE) porque al margen de existir previamente la Ley 133 de 2011, no se puede "legalizar el contrabando" ya que estos vehículos son procedentes de este delito.
La CAB aduce que con la ley propuesta, todas las empresas del sector quedarían expuestas al riesgo de quiebra, exponiendo también al sistema financiero que trabaja y respalda las actividades del sector. "Recordamos a los proponentes y autoridades que viabilicen esta ley, que sus actos serán pasibles a procesos de acuerdo a lo que establecen las leyes y la misma CPE", advierte el sector formal automotriz.
[Fuente: Por Fernando Rojas Moreno, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 07jul20]
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