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15mar21
Amnistía Internacional: detención de Añez y decreto de indulto continúan 'patrón de uso parcial de la justicia'
La institución Amnistía Internacional se manifestó este lunes expresando sus reparos sobre la detención de Jeanine Añez y sus exministros, pero además rechazando el Decreto de Amnistía e Indulto que aprobó el MAS a favor de sus seguidores procesados durante el Gobierno de transición.
"Lamentablemente las detenciones de Jeanine Añez y otros exfuncionarios del gobierno interino, sumado al Decreto Supremo 4461 que concede indulto o amnistía a personas simpatizantes del MAS, parecen continuar con un patrón de uso parcial de la justicia que contribuye a perpetuar la impunidad para las violaciones a los derechos humanos", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La representante de la organización indicó que desde hace décadas se viene denunciado una crisis de impunidad en Bolivia que solo podrá revertirse con una justicia auténticamente independiente e imparcial,
Observó que la detención preventiva de Jeanine Añez y exfuncionarios de su Gobierno se dio en el marco de la causa denominada "Golpe de Estado", iniciada por la presunta comisión de delitos de sedición, conspiración y terrorismo, pero no así por violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional recordó que ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos ocurridas tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, como la represión de manifestaciones con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, pero las mismas no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas o sancionadas, y permanecen aún en la impunidad.
"De especial preocupación es la impunidad y la falta de esclarecimiento de los hechos acontecidos durante las protestas en Sacaba y Senkata, donde murieron al menos 18 personas y muchas otras resultaron heridas", agregó.
Agregó que si bien la crisis postelectoral de 2019 se caracterizó por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores por parte del gobierno interino de Jeanine Añez, también han habido denuncias creíbles de la comisión de posibles delitos y uso de la fuerza por parte de simpatizantes del MAS durante las protestas, los que deben ser investigadas de manera imparcial, expedita e independiente.
La organización reprochó que el gobierno del presidente Luis Alberto Arce trató de justificar la posible comisión de delitos por partidarios del MAS durante la crisis política de finales de 2019, asumiendo que, aunque "formalmente pueden interpretarse cómo delitos tipificados en el Código Penal… los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción", puesto que así se deja en la impunidad dichas actuaciones criminales únicamente por el hecho de haber sido cometidas por sus simpatizantes.
En ese contexto, recordó que el pasado 18 de febrero se aprobó el Decreto Supremo 4461, por el cual se concede la amnistía o el indulto a personas simpatizantes del gobierno del presidente Luis Alberto Arce que se encuentran privadas de la libertad por presuntos delitos cometidos durante la crisis política iniciada en octubre de 2019.
"El Decreto Supremo 4461 viola de manera flagrante y múltiple las obligaciones de derecho internacional del Estado en materia de derechos humanos, al ser una herramienta de amnistía con un claro sesgo ideológico que beneficia únicamente a aquellas personas que apoyan al gobierno", dijo Erika Guevara Rosas.
Como conclusión, Amnistía Internacional llamó a que las autoridades bolivianas respeten el debido proceso, incluido el acceso de exfuncionarias y exfuncionarios detenidos, a una defensa adecuada y - si fuera el caso - de someterlos a un juicio justo, independiente e imparcial que incluya la no utilización de tipos penales ambiguos.
Asimismo, exigió la inmediata derogación del Decreto Supremo 4461, de tal forma que se garantice que las personas responsables de delitos en el contexto de la crisis de 2019, sean o no simpatizantes del MAS, enfrenten la justicia, y que las víctimas de detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos puedan acceder a la justicia, con plena garantía de sus derechos civiles y políticos.
"El mensaje del presidente Luis Alberto Arce debe ser contundente e inequívoco: si su gobierno va a comprometerse con la verdad y la justicia por violaciones de derechos humanos en Bolivia, debe ser inclaudicable en su compromiso con el debido proceso y la independencia e imparcialidad del sistema de justicia", agregó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
[Fuente: Erbol, La Paz, 15mar21]
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