Equipo Nizkor - 19 comunidades indígenas están en riesgo en la frontera agrícola cruceña.

Las comunidades indígenas 16 de Marzo (guaraní) en San Julián, provincia Ñuflo de Chávez; Cupesí Poza Verde (ayorea) del municipio de Pailón; Cruz Blanca y Candelaria (chiquitanas), ambas del municipio de San José de Chiquitos, están en riesgo por las consecuencias de las acciones del agronegocio de la soya en Santa Cruz. Éstos son sólo cuatro ejemplos de la situación de 19 comunidades indígenas que están al interior de la frontera agrícola según una investigación de Fundación Tierra.

No obstante, el sistema de producción de la soya ha generado problemas para habitantes de los dos primeros pueblos indígenas mencionados, uno de éstos es el despojo. Además, al no contar con otra alternativa teniendo como vecinos a los grandes productores de ese grano, los comunarios no tienen más opción que alquilarles sus tierras a precios que los empresarios establecen.

Por otro lado, los miembros de Cruz Blanca y Candelaria, por ejemplo, se sienten amenazados por la expansión de la frontera agrícola y los migrantes denominados “interculturales”.

“Al ser poblaciones reducidas en número de familias y casi aisladas unas de otras, el avance de los intereses económicos es imparable y tiene consecuencias incalculables en términos de pérdida de hábitat, territorio, cultura, base económica y otros”, se lee en el documento Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano. Estado de situación de comunidades indígenas y campesinas dentro de la zona de expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz, publicado en mayo de 2021 por Fundación Tierra.

Esa apreciación corresponde a 19 comunidades que están en la zona nuclear de esta actividad; es decir, en el centro de operaciones. Hay otras 263 en la denominada zona de ampliación que podrían seguir el mismo camino en los próximos años o décadas.

Para el investigador Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, ésa es una posibilidad. “Pueden correr la misma suerte en el sentido de que van a ser despojados de sus tierras o van a ir perdiéndola, probablemente sin que intermedie la fuerza, sino mediante mecanismos de mercado, compra-venta y alquileres. Pero también hay que decir que no todo va a ser por la soya; esas zonas más hacia San Ignacio de Velasco, San Miguel o San Rafael, que son del área de ampliación, tienen potencial ganadero”, explica.

Tierra alquilada y despojo

En el caso ayoreo de la comunidad Cupesí Poza Verde, el 80% de su territorio está deforestado. Una parte de los habitantes alquilan su tierra, dado que no la pueden vender por estar titulada, a los productores soyeros. Y al estar una parte de la tierra en alquiler la migración es casi inevitable para aquellos, en especial los varones en edad de trabajar, que buscan una alternativa de vida.

Y éste es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia nacional. “Todas las migraciones de indígenas a los centros poblados urbanizados, en las tierras bajas de Bolivia, surgieron de una misma necesidad de sobrevivencia de los indígenas pobladores originarios del medio rural a consecuencia del despojo de sus territorios y tierras productivas”, se lee en el documento Indígenas y afrobolivianos ante el espejo de la ciudad anillada, de la ONG Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano (Apcob) de marzo de 2020.

Sin embargo, esa migración no necesariamente significa una solución favorable pues tienen que lidiar con la discriminación y la marginación.

Fundación Tierra informa que quienes van a la ciudad pasan a engrosar “barrios excluidos y marginados, además de sufrir altos grados de discriminación por su falta de adaptación moderna”.

Sobre el aprovechamiento de la tierra por parte de terceros, empresarios, y medianos y grandes productores, el estudio de Tierra indica que los indígenas ceden sus dominios territoriales en forma de alquiler de tierras o pagos por el uso de la tierra.

“Los inversores expanden su presencia deforestando más tierras, controlando más comunidades, adoptando acuerdos contractuales con familias en lugar de la organización comunal y, finalmente, mediante la compra-venta de tierras a pesar de que ello es ilegal en Bolivia”.

Pese a ello, no todos reciben siempre la parte de la paga establecida en el trato inicial. Según Tierra, hubo situaciones en las que algunos años el usuario de la tierra no pagó por el alquiler con el argumento de que la cosecha estaba perdida o que los resultados económicos no fueron positivos.

Los avasalladores

Otro de los “temores” referidos por los habitantes de las comunidades indígenas en el informe de Tierra es el avasallamiento que en algunos casos se da por los denominados “interculturales” provenientes del occidente del país.

“En medio de las disputas por las tierras de la frontera existen cientos de comunidades que no son exactamente tal, sino grupos de personas que lograron obtener autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos y formación de comunidades, o, simplemente, se trata de asentamientos sin autorizaciones; en muchos casos considerados como avasalladores, traficantes de tierras o ‘tomatierras’”.

En tanto que según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esa institución sólo atiende denuncias por avasallamientos, disponiendo el desalojo, cuando los procesos agrarios están en curso, en tierras fiscales disponibles y en áreas con asentamientos humanos autorizados y que las denuncias de avasallamientos en propiedades tituladas, áreas protegidas y reservas están bajo la Ley 477 Contra el avasallamiento y el tráfico de tierras.

Frontera agrícola

Comunidades: En su último estudio, Fundación Tierra identificó un total de 1.468 comunidades en el área de la frontera agrícola cruceña, contando la “zona núcleo” y la “zona de ampliación”.

Zonas: En la zona núcleo se contabilizaron 446 comunidades (entre campesinas, interculturales e indígenas) ocupando 708.803 hectáreas, el 21% de la zona núcleo. En la zona de expansión se identificaron 1.022 comunidades (1.677.821 hectáreas).

Indígenas: Del total de comunidades en esa zona (1.468), 282 son de pueblos indígenas de tierras bajas; 263 están en la zona de ampliación y 19 en la zona núcleo. Estas últimas son las más vulnerables.

Informe: Según Fundación Tierra, en el departamento de Santa Cruz “12,5 millones de hectáreas de tierras están afectadas por intervenciones humanas caracterizadas por desmontes, extracción selectiva de recursos de bosques, puesta en producción de tierras, ampliación de las haciendas ganaderas y otros”.

Alertan sobre la afectación de 12,5 millones de hectáreas de tierras

08ago21

19 comunidades indígenas están en riesgo en la frontera agrícola cruceña

[Fuente: Por Gabriel Díez Lacunza, Página Siete, La Paz, 08ago21]

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