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11nov18
Indígenas perseguidos por gobierno indígena
Desde 2010, al menos ocho líderes indígenas se han declarado perseguidos políticos del gobierno del MAS: Cancio Rojas, Félix Becerra, Fernando Vargas, Damian Condori, Carlos Mamani, Adolfo Chávez, Elsner Larrazabal y Franclin Gutiérrez. Todos ellos –representantes de tierras altas o bajas, mineros o campesinos– se opusieron al oficialismo; después fueron acusados de algún delito, encarcelados y procesados penalmente.
“Las máximas representaciones de los pueblos indígenas y sectores campesinos se encuentran muy debilitadas al haber sido divididas. El sistema de justicia se constituye en un instrumento de opresión, castigo e intimidación para aquellos indígenas que se opongan a toda decisión gubernamental”, evalúa el secretario Jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Franco Albarracín.
De primera y de segunda
Desde que asumió el poder, el 22 de enero de 2006, Evo Morales se planteó como objetivo la reivindicacion de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales-indígenas. Ello se concretó con la denominada “refundación” de Bolivia, que dejó atrás la República para dar paso al Estado Plurinacional.
“Antes, en la República, los indígenas no existían o eran casi un elemento decorativo por su cultura y vestimenta. Ahora son sujetos con derechos civiles y facultades de ejercer su propia autonomía”, sostuvo en agosto el diputado del MAS Víctor Borda.
“Hay en la nueva Constitución un cambio fundamental con la inclusión de las comunidades indígenas campesinas que tienen voz y derecho de determinación; no obstante, en los hechos, no todos los indígenas reciben el mismo trato”, señala Gustavo Clavijo, director regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
“Por un lado, nos encontramos con los pueblos indígenas que apoyan la gestión del gobierno y reciben premios y beneficios a cambio. Por el otro, con aquellos que denuncian las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Los segundos chocan contra todo el aparato estatal que históricamente los ha reprimido”, coincide Albarracín.
Desde 2010, Asamblea ha seguido las denuncias de vulneración de derechos indígenas (CONAMAQ, TIPNIS) y –según los informes de la institución– en todos los casos se evidencia “división y persecución de dirigentes”.
Los “perseguidos”
La intención del Gobierno de construir una carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS en contra de la voluntad de los indígenas de tierras bajas, en 2011, fue la primera gran fractura entre Evo y los pueblos originarios.
El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas –quien sufrió una golpiza en la intervención de Chaparina– ha denunciado desde entonces persecuciones, intentos de secuestro y amenazas de muerte.
Adolfo Chávez era presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) cuando apoyó la marcha indígena por el TIPNIS. En 2015 fue acusado de daño económico al Estado por participar en proyectos “fantasma” del Fondo Indígena; para entonces se había creado una CIDOB paralela y oficialista.
Hace tres años, Chávez se declaró perseguido por el MAS y se asiló en Perú y allí sigue.
Otro que “pagó” su defensa a la Marcha Indígena fue Félix Becerra . En 2015, el entonces dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) fue encarcelado, acusado de enriquecimiento ilícito por un proyecto del Fondo Indígena. Dos años permaneció en San Pedro hasta obtener, en 2017, medidas sustitutivas.
El Fondo Indígena fue útil para enjuiciar a otros dirigentes originarios. De malversación de esos recursos fue acusado Damian Condori, exejecutivo de CSUTCB Chuquisaca y disidente del MAS. En diciembre 2015 fue recluido en San Pedro donde estuvo preso dos años.
Antes, fundó Bolivia Somos Todos (BST), se postuló a las elecciones de la Gobernación de Chuquisaca (2015) que hubiese ganado si no se hubieran anulado los votos por el FRI. Se declaró perseguido.
En tierras altas, el primer gran conflicto del gobierno del MAS con comunidades indígenas fue en 2012 y tuvo epicentro en el norte de Potosí. Entonces el curaca de Sacaca, Cancio Rojas, lideró en la defensa de las comunidades de la provincia Alonzo de Ibáñez contra el proyecto de la transnacional canadiense de South American Silver que exploraba el yacimiento Mallku Khota. Acusado de provocar enfrentamientos, fue golpeado, encarcelado en el penal de Cantumarca . El proceso en su contra se extinguió después de seis meses de detención domiciliaria.
Rojas hoy es parte de la dirigencia del Conamaq contrario al Gobierno. En los últimos años se ha declarado contrario a la repostulación de Evo Morales y ha denunciado amenazas.
En agosto de 2016, Carlos Mamani, entonces presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) fue acusado –junto a otros dirigentes– por el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en Panduro. Permanece en Chonchocoro desde entonces en espera de juicio.
El último caso es el del máximo dirigente cocalero de los Yungas. Franclin Gutiérrez está preso en el penal de San Pedro desde hace dos meses acusado de los delitos de portación de explosivos y asesinato, en grado de tentativa, del policía de FTC Daynor Sandoval, quien murió en un enfrentamiento en La Asunta, en agosto.
Su defensa dice que no hay pruebas en su contra y que su detención es una represalia por la oposición de los cocaleros yungueños a la erradicación. El dirigente presentó contra el Gobierno una denuncia por vulneración de derechos ante la CIDH.
DDHH: Indígenas sufren opresión y acoso si se oponen al Gobierno
La división de sus organizaciones y la persecución y criminalización de sus dirigentes son –según la APDHB– las estrategias que emplea el Gobierno en contra de las comunidades originarias que se oponen a sus políticas. Este año, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha recibido 10 denuncias de pueblos indígenas por vulneración de sus derechos.
“Si bien es necesario reconocer que algunos sectores indígenas gozan de mayor representatividad dentro del Estado, es importante denunciar que la situación de los pueblos indígenas ha empeorado”, informó el secretario Jurídico de la Asamblea de Derechos Humanos, Franco Albarracín.
De acuerdo con el análisis de la Asamblea, la primera estrategia del Gobierno para evitar un conflicto con los pueblos indígenas consistió en atacar y dividir a sus representaciones.
“Primero se intervino a las principales representaciones indígenas de tierras altas (Conamaq) y tierras bajas (CIDOB). Esto ha dejado a varios sectores sin una representatividad real, divididos y sin los instrumentos necesarios para denunciar violaciones de derechos humanos –al medioambiente, el derecho a la salud, agua y saneamiento, vivienda, y sobre todo el derecho a una consulta previa– principalmente en actividades extractivas”, manifestó el jurista.
La segunda estrategia, de acuerdo a la APDH es la persecución y criminalización. “Para aquellos sectores indígenas o campesinos que estaban en contra del Gobierno se aplicó de manera constante la fórmula del abuso de poder mediante la violencia física, a través de la imposición de normas, y mediante la criminalización”.
“Sin respetar el estándar internacional de derechos humanos, se promovieron normas que permitían y permiten la construcción de megaproyectos en áreas protegidas y territorios indígenas (Bala, TIPNIS). Del mismo modo, se emiten resoluciones, decretos y permisos que facultan a empresas trabajar sin ningún tipo de responsabilidad jurídica y/o ambiental. Y se imponen e interpretan normas con el objeto de perseguir dirigentes campesinos e indígenas.
De acuerdo con el representante de DDHH, una vez impuestas las normas, la respuesta común de algunas comunidades indígenas y campesinas es la protesta. Y la respuesta a ello es la represión del Estado.
“Por último, luego de ejercer violencia física, se utiliza al órgano judicial y al Ministerio Público para perseguir a los dirigentes y a todos los implicados y relacionados con el caso. Con los dirigentes aprendidos, mediante un uso ilegal, desproporcional e irregular de la detención preventiva, se logra desarticular toda la organización indígena o campesina que protestaba”, sostiene Franco Albarracín.
Aunque la justicia es un pedido de toda Bolivia, son los pueblos indígenas y campesinos quienes salen más perjudicados en su búsqueda, al no existir una justicia indígena real, dice un informe de la APDH.
Albarracín ejemplifica: En el caso de dirigentes campesinos dentro de una audiencia de medidas cautelares, para desvirtuar el peligro de fuga, deben demostrar una actividad laboral ‘real’, ignorando completamente su calidad de campesinos. En este contexto, es prácticamente imposible conseguir un certificado de trabajo del algún tipo de institución o empresa. “La justicia no sólo se aplica de manera desproporcional en contra de sectores indígenas, sino que la situación incluso empeora cuando son perseguidos políticos”.
[Fuente: Por Liliana Carrillo, Página Siete, La Paz, 11nov18]
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