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20jun15
En menos de 60 días Morales firma tres decretos que atacan los derechos indígenas y la CPE
En menos de 60 días, el presidente Evo Morales promulgó tres decretos supremos para garantizar a YPFB y a los operadores privados la exploración y explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas nacionales. El Gobierno afirma que la Constitución le ampara, mientras los pueblos indígenas anuncian resistencia.
El presidente Morales promulgó el 18 de marzo de 2015, el decreto que modifica la ley de consulta previa a pueblos indígenas en proyectos de explotación.
La norma otorga poder al Ministerio de Hidrocarburos para emitir la primera convocatoria a los pueblos indígenas a una reunión informativa y si no hay respuesta escrita fijará metodología y cronograma de consulta.
Pero si aun así los pueblos indígenas rechazan la consulta, ese ministerio tiene la opción de emitir una resolución administrativa informando de todos los esfuerzos realizados para cumplir con la consulta previa.
Dicha resolución será comunicada a los indígenas que viven en las reservas y será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental.
Sin embargo, este procedimiento no toma en cuenta el artículo 352 de la Constitución, que dispone la consulta libre, previa e informada. "En las naciones y pueblos indígenas originario campesinos (la consulta) tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios".
Luego el Jefe de Estado, el 20 de mayo aprobó el decreto 2366 que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.
Dicha norma del Órgano Ejecutivo señala que las empresas que desarrollen actividad, obra o proyecto hidrocarburíferos en áreas protegidas destinarán el 1% del monto de inversión para que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua realice el fortalecimiento de la zona intervenida.
El último decreto 2400, del 10 de junio, complementa el Reglamento Ambiental para el sector hidrocarburos. La norma fue promulgada por el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando el presidente Morales se encontraba de gira por Europa.
Este decreto incorpora los límites máximos permisibles para descargas líquidas en cuerpos de agua, emisiones atmosféricas y contaminantes hidrocarburíferos en suelos. "Los volúmenes que establece son altos, como para que las petroleras no sean sancionadas cuando exista un daño ambiental", advirtió ayer la jefa de bancada del PDC en Diputados, Norma Piérola
El procurador, Héctor Arce, afirmó que la norma es "simplemente una interpretación de lo que manda la Constitución y el pueblo boliviano tiene derecho a utilizar sus recursos naturales para construir un Estado social".
También dijo que el uso de los recursos naturales no debe ser condicionado por intereses "mezquinos" y "sectarios" cuando existen países que generan la mayor contaminación.
Piérola informó que el MAS en la Asamblea ya aprobó varios contratos de exploración y explotación en áreas reservadas, sin tomar en cuenta lo que establece la Constitución, de que toda actividad en zonas protegidas debe ir a consulta previa. "Un tercio del TIPNIS ya fue entregado a una empresa petrolera", denunció.
El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Emilio Noza, señaló que los indígenas "resistirán" cualquier "intento de forzar su proyecto extractivista y destructor de la vida".
[Fuente: Página Siete, La Paz, 20jun15]
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