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07nov04
Negociaron tierras fiscales en la TCO de Guarayos.
En 2001, líderes indígenas y funcionarios del INRA firmaron acuerdos engañosos para ceder, en favor de privados, tierras estatales que tenían que ser para los guarayos, según una investigación oficial Por Guísela López R.
El codiciado territorio guarayo, rico en madera, minerales e hidrocarburos, terminó fragmentado, en perjuicio de los originarios cuyos ex líderes se encargaron de negociar tierras con terceros (particulares que no son indígenas) en complicidad con funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), según una investigación hecha por la Delegación Presidencial Anticorrupción de Santa Cruz y corroborada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible. El informe de la oficina que lucha contra la corrupción no establece con certeza la cantidad de tierras que fueron comercializadas de forma ilegal, pero constata que existen 44 casos de acuerdos fraudulentos de tierras dentro de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Guarayos. "Fueron acuerdos firmados entre terceros, ex dirigentes de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) y funcionarios del INRA (de la oficina nacional y departamental)", señala el documento suscrito por Vania Sandoval, responsable de la Delegación Presidencial Anticorrupción de Santa Cruz.
Los acuerdos fraudulentos se hicieron en 2001, bajo el rótulo de 'conciliaciones', que son acuerdos contemplados en las normas que rigen el proceso de saneamiento. Sin embargo, esos acuerdos fueron engañosos, con el propósito de justificar el cumplimiento de la función económica social (FES) de los terceros en el interior del polígono 2 de la TCO Guarayos. La FES es una obligación que tiene todo propietario de tierras para hacerla producir no sólo para su beneficio, sino también para la colectividad en su conjunto. Esas conciliaciones tramposas permitieron consolidar tierras a personas que no las poseían o las tenían escasamente. Al ejecutar el fraude, los involucrados vulneraron preceptos de la misma Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes.
"Ese delito está tipificado como estelionato y nosotros hemos presentado la denuncia de este caso ante el Ministerio Público", dijo el ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Gustavo Pedraza. La autoridad dijo tener conocimiento de que el Ministerio Público asignó la investigación del caso a un fiscal y que éste avanzó en las indagaciones. Los ex dirigentes indígenas involucrados no actuaron solos, según el informe de Vania Sandoval, ya que contaron con la orientación de "asesores". El documento esclarece que el procedimiento de estos líderes originarios fue a espaldas del conjunto de las comunidades guarayas, que se enteraron del negociado recientemente y, en un voto resolutivo suscrito por las organizaciones de la etnia, rechazaron las malas acciones de sus ex dirigentes (publicado en junio de 2004). "El INRA no aceptó las decisiones de las comunidades indígenas guarayas, cuya organización le pidió la anulación de esas acciones irregulares", señala el informe de la Delegación Presidencial Anticorrupción. Si bien el delito de estelionato se cometió en la gestión 2001, ¿por qué la actual administración no accedió al pedido de anulación de las conciliaciones fraudulentas?
El actual director del INRA, Sergio Vadillo, no quiso referirse al tema. A través de sus subalternos comunicó que emitirá opinión después de que El Deber publique el informe de la oficina anticorrupción, que tácitamente establece la facultad que tiene el INRA para revertir esta ilegalidad. "El acuerdo entre partes (conciliación) no puede modificar normas de orden público como ha sucedido en este caso", reza el informe. En este negociado de tierras perdió el Estado y perdieron los indígenas; el primero porque, de acuerdo con la CPE, las tierras son del dominio originario de la nación, y perdieron los indígenas porque eran predios que el Estado debía titular en favor de la comunidad guaraya. Si bien el informe de la Delegación Anticorrupción no establece la cantidad de hectáreas de tierras que fueron negociadas, en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), que trabaja en el asesoramiento legal agrario de los originarios, informaron que el polígono 2 de la TCO Guarayos habría perdido unas 70.000 hectáreas (tiene más de 519.000 ha) debido a las conciliaciones ilegales.
La investigación de Vania Sandoval detectó otras seis irregularidades también cometidas por los funcionarios del INRA: falta de transparencia, de publicidad y de celeridad en el proceso de saneamiento; incumplimiento de los procedimientos establecidos por ley; sobreposiciones de predios de terceros en la reserva forestal de Guarayos; posesiones ilegales de terceros dentro de la TCO Guarayos; recepción extemporánea de documentos presentados por terceros; y admisión de predios con pagos anticipados que contravienen las normas. Respecto de estas infracciones tampoco respondió el presidente del INRA. A solicitud de la Delegación Presidencial Anticorrupción, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, que ejerce tuición sobre el INRA, instruyó el inicio de una auditoría técnica y jurídica del polígono 2 de la TCO Guarayos, que casualmente es el que tiene mayor superficie.
La auditoría deberá identificar todas las irregularidades y establecer las responsabilidades de ex y actuales funcionarios del INRA y de personas particulares que estuviesen involucradas. El ministro Gustavo Pedraza dijo que antes de recibir el informe de Vania Sandoval, su despacho comenzó las acciones legales para enfrentar este caso de corrupción. "No lo hicimos público para evitar que los culpables desaparezcan cuando vean las publicaciones en la prensa", justificó.
La dependencia anticorrupción también solicita que se sancione a los autores y cómplices de hechos de corrupción que fueran identificados mediante la auditoría. Demanda que el INRA corrija las irregularidades detectadas en el proceso de saneamiento, tomando en cuenta las observaciones que hicieron las organizaciones indígenas y los terceros. El documento exige que el INRA, en corto plazo, transparente, publicite y permita el acceso a la información generada en el proceso de saneamiento que se viene ejecutando, no solamente en el polígono 2 de la TCO de Guarayos, sino en todo el país, para que exista un mayor control social por parte de los involucrados en la temática de tierras. También sugiere al organismo técnico agrario que elabore un nuevo reglamento, manuales y procedimientos de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1715) más dinámicos, claros y ágiles que permitan que el saneamiento avance más rápido en todo el país, ya que sólo avanzaron un 12% del proceso cuando falta menos de dos años para que concluya el plazo.
La Cidob presume que hubo presión a indígenas.
A los dirigentes indígenas les cuesta creer que sus pares guarayos hayan actuado premeditadamente en el negociado de tierras. "Seguro hubo presión. No creo que los hermanos ex dirigentes guarayos hayan actuado así de forma voluntaria", opinó el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Egberto Tabo. A Tabo le preocupa la publicación de esta denuncia, que podría afectar a los procesos de demandas territoriales de los pueblos originarios en todo el país, que sufren una demora considerable en desmedro de las etnias. "Siempre hubo presiones hacia los indígenas por parte de los terceros en la etapa de saneamiento. Los terratenientes ofrecen dinero a los originarios y a los funcionarios del INRA para lograr mayores extensiones", precisó Tabo. Aclaró que desconoce el informe de la Delegación Presidencial Anticorrupción de Santa Cruz y dijo que la Cidob recibió denuncias similares (sobre tráfico de tierras) y trató de investigarlas, aunque no tuvo resultados positivos. "Cuando fuimos con una comisión a Guarayos, los terceros y los hermanos indígenas explicaron que eran conciliaciones", explicó Tabo, refiriéndose a los acuerdos que para la delegada anticorrupción son fraudulentos y lesivos contra el Estado. Los indígenas del país demandaron la titulación de un tercio del territorio nacional; sin embargo, el Estado les ha provisto de poco más del 10% del requerimiento; el resto todavía está en proceso.
El INRA debe corregir las ilegalidades
Por Eulogio Núñez / Técnico de CipcaLa problemática de la tierra en la TCO Guarayos es muy compleja por tres aspectos fundamentales: primero, porque está en juego un conjunto de intereses; segundo, porque el proceso de saneamiento ha sido irregular y sin un adecuado control social; y tercero, porque es un territorio muy apetecido por propios y extraños debido a su abundante riqueza en recursos naturales.
Sin duda, los mayores responsables de las irregularidades apuntadas en el informe de la Delegación Presidencial Anticorrupción son funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Al mismo tiempo, es necesario aclarar que en el proceso de saneamiento de esta TCO, el pueblo guarayo no ha participado de manera efectiva en el control social al que tienen derecho de acuerdo con la ley. Y, al no haber control social, el INRA no ha verificado adecuadamente el cumplimiento de la función económica social (FES) de muchos latifundios. Alertamos de que el problema por la tenencia y el acceso a la tierra en Guarayos se puede agravar mucho más en caso de que el Inra no subsane las irregularidades que cometió y no acelere el proceso de saneamiento en los cinco polígonos de la TCO, aplicando la ley de manera irrestricta. Mientras el Inra siga retrasando el proceso de saneamiento, la presión por acceder a tierras guarayas será cada vez mayor porque están en juego muchos intereses relacionados con el acceso y control de los abundantes recursos naturales (tierra, madera, minerales, petróleo, agua y material genético) del territorio Guarayo, y además porque cuenta con una carretera asfaltada.
Resolver el enmarañado problema de la tenencia de la tierra y los recursos naturales en Guarayos está en manos del Inra, puesto que no puede eludir el mandato que le confiere la ley 1715 y sus respectivos reglamentos de regularizar el derecho propietario de los predios agrarios.
Las irregularidades del proceso
1. Poco claro y lento. Faltó transparencia, publicidad y celeridad en el proceso de saneamiento.
2. Trabas y burocracia. El INRA puso barreras a los indígenas, que no pudieron revisar los documentos de las pericias de campo, ocasionando retrasos considerables.
3. Conciliaciones fraudulentas. Fueron arreglos ilegales entre terceros (privados), funcionarios del INRA y ex dirigentes indígenas, con el objetivo de justificar el cumplimiento de la FES de los privados para de esa manera obtener tierras o ampliar las que tenían.
4. Daño a reserva forestal. El INRA benefició a predios que están sobrepuestos en la reserva Forestal Guarayos.
5. Favorecieron a terceros. Unos 74 predios de terceros fueron favorecidos por el INRA y se quedarán dentro de la TCO.
6. Avalaron actos ilegales. Un grupo de terceros presentó documentos extemporáneamente al INRA y la institución los aceptó, beneficiándolos con la posesión de los predios dentro de la TCO.
7. Pago ilegal de tierras. Unas 22 propiedades de terceros pagaron anticipadamente por los predios requeridos, en contravención de las normas, que especifican que el pago debió hacerse posteriormente a la exposición pública de resultados.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz, Bolivia, 07nov04]
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