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17ago21
Almagro anticipa que el informe GIEI será presentado ante la justicia internacional
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia política que sacudió Bolivia entre septiembre y diciembre de 2020 tiene “importantes elementos” que serán presentados ante la justicia internacional.
“Hemos tomado nota de la publicación del informe #GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, escribió en su cuenta de Twitter hace 40 minutos.
Luis Almagro
@Almagro_OEA2015
12h
Hemos tomado nota de la publicación del informe #GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
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CIDH - IACHR
@CIDH
· 16h
La #CIDH asistió, como invitada, al acto protocolar de entrega del informe del #GIEIBolivia.
Comunicado de Prensa: http://bit.ly/3mbYZXe
2:04 a. m. · 18 ago. 2021El informe halló graves violaciones a los derechos humanos propiciados tanto por el gobierno de Evo Morales como de la presidenta transitoria Jeanine Añez.
Ya en varias comunicaciones anteriores, Almagro dijo que considera que la “CPI tiene un papel fundamental para juzgar violaciones sistemáticas de derechos humanos que se hayan producido en Bolivia, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata”.
“La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata; dijo en un comunicado fechado el 17 de marzo de 2021.
“La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder, no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia”, añadió entonces.
Conclusiones
El GIEI examinó los hechos orden cronológico: Santa Cruz y Montero (Cabildo del MAS y cerco al barrio Cofadena y enfrentamientos en Yapacaní entre el 25 y 30 de octubre, enfrentamiento en el Puente de la Amistad); Cochabamba; La Paz; El Alto; Caravana del Sur (Caracollo, Challapata y Vila Vila); Betanzos, Yapacaní y Montero y las masacres de Sacaba y Senkata.
Con la información recabada el grupo de expertos concluyó que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos atribuibles a agentes estatales, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El grupo de expertos también documentó actos de violencia cometidos tanto por particulares en enfrentamientos entre personas afines a distintos movimientos políticos como por autores desconocidos.
“Hubo una espiral de violencia que empezó con los movimientos de paro cívico y bloqueos, los cuales resultaron en limitaciones abusivas de libertades y otros derechos fundamentales. Esas actuaciones fueron estimuladas por líderes políticos y autoridades públicas regionales vinculadas a la oposición al gobierno del MAS. La respuesta estatal fue indebida y agravó la violencia y la violación a los derechos humanos”.
"Autoridades del gobierno nacional, de gobiernos departamentales y alcaldías, así como de organizaciones sociales vinculadas al gobierno, estimularon o participaron de iniciativas de deshacer bloqueos o de cercar ciudades, asumiendo el riesgo de medidas violenta", agregó.
Finalmente, dice el GIEI, hubo aquiescencia, lo que se percibe por la impunidad en la mayor parte de los acontecimientos. "El Estado Plurinacional de Bolivia no cumplió con su obligación positiva de adoptar medidas para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales y, al contrario, fue un factor adicional de polarización y desestabilización de la convivencia pacífica".
[Fuente: Página Siete, La Paz, 17ago21]
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