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01sep09
ONU denuncia "abuso sexual" de niñas guaraníes en el Chaco
Un informe de las Naciones Unidas (ONU) reveló la existencia de casos de "abuso sexual" de niñas guaraníes en haciendas del Chaco boliviano, donde, además, los menores de edad son sometidos al trabajo infantil. Subrayó también que el pueblo guaraní, en general, continúa sometido al servilismo forzado y sin paga.
El documento, elaborado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, a petición del Gobierno de Bolivia, resume las conclusiones de una misión que visitó 600 familias guaraníes de Alto Parapetí, en los municipios de Lagunillas, Cuevo, Huacareta y Muyupampa, en el Chaco boliviano.
Se hizo el mismo trabajo en las poblaciones chaqueñas del Paraguay.
El capítulo sobre Trabajo infantil y otras violaciones de los derechos de los niños dice que "la misión recibió evidencia de abuso sexual de niñas guaraníes, generalmente sirviendo en casa de los patrones, y que si se quedan embarazadas, son expulsadas y devueltas a la comunidad".
Menciona como ejemplo "el caso de una niña guaraní de 12 años, quien tiene un hijo, no reconocido, del patrón, de siete meses (de edad); la niña permanece con su familia y no ha interpuesto denuncia".
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU recuerda en su informe que el "Código Penal (boliviano) tipifica el abuso sexual como un crimen, con prisión de 15 a 20 años en el caso de violación a un niño/niña menor de 14 años".
Basándose en datos del Defensor de la Niñez y Adolescencia, el reporte detalla que "hay 260 casos denunciados a escala nacional (...) y debe contarse que sólo una mínima cantidad de casos son denunciados".
Con base en esa información, otro apartado indica que "existe evidencia contundente (en territorio boliviano) de niños indígenas que están bajo condiciones de explotación sexual comercial".
Subraya que el Gobierno dispone de un programa para combatir el trabajo infantil y de una campaña de información para luchar contra la prostitución de niños y niñas en burdeles o de otro modo.
La representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, no hizo, en la conferencia de prensa de ayer, declaraciones sobre el "abuso sexual" en el Chaco, pero condenó la existencia de guaraníes en condición de servidumbre y, según la agencia ABI, abogó por la necesidad de la presencia del Estado y de la institucionalidad en esas regiones.
"El hecho de que exista trabajo forzoso y servidumbre es una violación terrible a los derechos humanos. Esperamos que haya un diálogo social y una sensibilización para que la sociedad boliviana en su conjunto tome conciencia del hecho de que no es aceptable la situación de los guaraníes".
El primer semestre del año pasado, el Poder Ejecutivo denunció la permanencia de guaraníes en condición de servidumbre en haciendas del Chaco chuquisaqueño, cruceño y tarijeño.
Para acabar con esa situación, incluso amenazó con intervenir los fundos con indígenas "esclavos". A fines de ese año anunció que se intervendrían diez haciendas de la provincia Cordillera, de Santa Cruz, que no cumplían la función económica social (FES) y mantenían a familias guaraníes en situación de "sirvientes, sin salario ni viviendas apropiadas". La reversión de esas propiedades se cumplió este año e implicó 36.425 hectáreas, que incluían los terrenos de las familias latifundistas Chávez, Malpartida, Larsen y otros.
Trabajo infantil
De modo general, el reporte de la ONU considera que el "trabajo infantil sigue siendo un problema enorme (en Bolivia). Pero en particular, existe amplia evidencia del trabajo infantil indígena en las regiones del Chaco, Beni y Santa Cruz".
En el caso específico de la región chaqueña, afirma, "los niños/as alimentan gallinas, crían cerdos, pastorean terneros y vacas, desgranan maíz; éstos se consideran trabajos 'naturales' no remunerados".
En otro punto, la comitiva añade que "los niños guaraníes hacen trabajos sucios, lavan platos y se quedan hasta altas horas de la noche".
Otro elemento que agudiza la precaria situación de los infantes guaraníes es el acceso a la escolarización, que tropieza con un primer problema por la insuficiente infraestructura escolar de la zona chaqueña.
"La mayoría de las escuelas no son públicas (pues están dentro de haciendas, es decir, en propiedad privada) y no son bilingües, pues los profesores tienden a ser hijos de los patrones, muestra de la compleja relación de servidumbre y empatronamiento".
Esta situación se torna más crítica para los pequeños cuando, por ejemplo, el patrón "puede necesitar más mano de obra y sacar a los niños de la escuela para llevarlos a trabajar".
"La misión recibió --prosigue el reporte-- informes de que los hacendados interfieren con las oportunidades de infantes guaraníes de otras maneras".
Para ejemplificar esta parte del documento, la ONU recuerda que los patrones de la zona de Alto Parapetí "inicialmente se opusieron (luego se retractaron) a un viaje a La Paz para niños y niñas guaraníes, financiado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Cooperación Suiza (Cosude), para que participaran en un encuentro de menores de edad indígenas denominado Constructores de la Paz".
El "criadillo" chaqueño
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU) también recibió denuncias de tráfico humano que, en este caso, implican a niños guaraníes, quienes son "separados de sus familias de pequeños y llevados a centros urbanos para servir en tareas domésticas".
En su reporte, el grupo de investigación sostiene que "la práctica ancestral del 'criadillo' persiste en el país. Los 'criadillos' son los niños indígenas de uno y otro sexo, normalmente entre 10 y 12 años de edad, que son llevados a trabajar a las casas de las familias pudientes".
A cambio de esos servicios, los infantes reciben la promesa de obtener ropa, cama y comida.
Fuentes gubernamentales denunciaron el año pasado el hallazgo en haciendas del Alto Parapetí de menores de edad en situación de "servidumbre doméstica".
Pero esta situación también se observa, según las entidades oficiales, en los poblados chaqueños, donde los niños son empleados en establecimientos comerciales.
Los detalles
La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170.000 personas, de las cuales más de mil familias viven en situación de esclavitud por hacendados de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; Gran Chaco y O"Connor, de Tarija, y Cordillera, en el Alto Parapetí, en Santa Cruz.
Los predios revertidos este año por el Gobierno por mantener familias guaraníes cautivas y no cumplir la función económica social (FES) son: El Recreo (1.935 hectáreas), de propiedad de Aniceto Corcuy; San Isidro (3.790 ha), de propiedad de Babil Chávez; Huaraca e Itacay (10.958 ha), de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega; Buena Vista e Isiporenda (4.477 ha), de Julia Aguilera de Chávez y otros, y Caraparicito I, Caraparicito II, Reserva Privada del Patrimonio Natural y Yaguapoa (15.262 ha), pertenecientes a Duston Larsen Metenbrink y otros.
El Decreto 29802 indica que el desplazamiento forzado de comunidades, familias o personas de predios agrarios, sea por presión psicológica, con engaños o a través de medios violentos, será considerado un indicio de la existencia de relaciones servidumbrales.
Los guaraníes también carecen de viviendas apropiadas, pues, según el Órgano Ejecutivo, éstos viven en chozas con techos precarios, sin ventanas, y pisos de tierra.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 01Sep09]
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