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14nov17
Luego de Achacollo, la justicia benefició a Melva Hurtado con arresto domiciliario
Todo empezó la semana pasada. Se supo entonces que a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras de Evo Morales, Nemesia Achacollo, le cambiaron las medidas cautelares de detención preventiva por un arresto domiciliario, pero ella no salió de prisión porque dice que no puede pagar una fianza de Bs 200.000 que le impusieron. El resto se reveló ayer: el 17 de octubre, la dirigenta indígena afín al Gobierno, Melva Hurtado Añez, otra procesada en el caso de corrupción del Fondo Indígena, recibió el mismo beneficio. Pero Hurtado sí abandonó la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz.
En ambos casos, la justicia obró con discreción: de las audiencias ni siquiera supo el diputado opositor querellante, Rafael Quispe, mucho menos la prensa. Todo coincide con una vehemente defensa pública ensayada por dos ministros en favor de Achacollo.
Pero sobre este caso de corrupción se supo algo más: ayer se divulgó un fallo del Tribunal Constitucional que advirtió sobre la violación el derecho al debido proceso de otro de los implicados, el dirigente indígena Adolfo Chávez.
El 16 de octubre llegó al penal de Miraflores el mandamiento de detención preventiva en favor de Hurtado Áñez, documento al que EL DEBER tuvo acceso ayer. Fue emitido por el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal. La orden se ejecutó al día siguiente.
Cercana a Morales y líder de una facción de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Hurtado tenía en cuentas personales Bs 21 millones de 13 proyectos que financió el Fondo Indígena. Por ello está procesada por los supuestos delitos de incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento.
Quispe lamentó que la jueza que sigue el caso no lo notificó, pese a ser interesado como querellante. Además se quejó porque, dice él, no le permitieron acceder al cuaderno de investigaciones.
El Tribunal Constitucional declaró procedente un amparo constitucional a favor de Chávez, dirigente de la facción disidente de la Cidob, acusado de uso irregular de los recursos de un proyecto del Fondo Indígena. El fallo estableció que los jueces y la Fiscalía conculcaron el derecho de Chávez al debido proceso por negarle un intérprete para sus declaraciones en tacana, su lengua materna.
Chávez abandonó el país diciendo que era víctima de "persecución política", porque, en su criterio, las indagaciones sobre el Fondo Indígena no eran imparciales, sino que el Gobierno, a través de la Fiscalía, iba a asumir acciones solo en contra de los dirigentes críticos a la administración gubernamental.
A Chávez ningún ministro lo defiende. No tiene la misma atención del Gobierno que tiene Achacollo. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, remarcó que el hecho de que no tenga dinero para pagar su fianza demuestra que no se robó un peso. "Siempre lo he dicho, ella podrá tener responsabilidades administrativas, pero nunca penales, pero se ha cometido un exceso con su encarcelamiento. La justicia lo demostrará con el tiempo", dijo.
En esa línea, su colega de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que "el incumplimiento de deberes no es una tipología que amerita la detención preventiva, y si el juez ha autorizado la medida sustitutiva, pues en realidad está actuando conforme a derecho desde mi punto de vista", sostuvo el ministro en conferencia de prensa. Antes de la decisión, el Gobierno ponía el encarcelamiento como ejemplo de lucha contra la corrupción.
[Fuente: Por Marcelo Tedesqui V., El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 14nov17]
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