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12ago16
Fiscalía confirma que Achacollo avaló entrega de autos y dinero
La Fiscalía confirmó que la exministra Nemesia Achacollo entregó en 2014 recursos económicos y vehículos a los dirigentes de las organizaciones sociales que formaron parte de Directorio del Fondo Indígena (Fondioc).
Según la imputación formal que presentó la comisión de fiscales del caso Fondioc contra la exministra Achacollo, la exautoridad "autorizó y dispuso la entrega de cinco camionetas de la entidad indígena a favor de las organizaciones sociales matrices para que supuestamente realicen control social de supervisión, monitoreo y evaluación a los proyectos".
Asimismo, señala que Achacollo autorizó la transferencia de recursos económicos, "bajo la nomenclatura de proyectos sociales", 600 mil bolivianos para cada una de las organizaciones sociales nacionales y 300 mil para las organizaciones regionales para que hagan supuestamente en un plazo de tres meses seguimiento a proyectos.
El Decreto Supremo 28571 de creación del Fondo Indígena, artículo 7, establece que el directorio estará conformado por representantes de ocho organizaciones sociales, de las cuales cinco son nacionales y tres regionales.
Las organizaciones nacionales son: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), de la Confederación de Interculturales de Bolivia y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.
Mientras las tres organizaciones regionales son: la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de la Federación Nacional, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y por último de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).
En 2014, cuando Achacollo autorizó la transferencia de recursos y motorizados, los dirigentes miembros del directorio eran Juanita Ancieta en representación de las Bartolinas, Rodolfo Machaca por la CSUTCB, Hilarión Mamani de Conamaq, Melva Hurtado de CIDOB, detenida en la cárcel de Miraflores, y Ever Choquehuanca en representación de los Interculturales.
El informe circunstanciado de hechos N° EX/EP12/M14-F2 emitido por la Contraloría General del Estado señala que "no se justifican la cantidad de desembolsos realizados en los diferentes proyectos, señalando como responsables a los miembros del directorio", presidido por Nemesia Achacollo.
En marzo de 2015, durante un acto de interpelación en la Asamblea Legislativa, Achacollo responsabilizó a las organizaciones sociales y dijo que los dirigentes designaban desde el director ejecutivo (del Fondioc) hasta al portero" y que "son ellos los que hacen el tema del seguimiento, ellos se constituyen en entidad fiscalizadora".
Sin respaldos
Proyectos: El directorio, conformado por representantes de organizaciones y de cinco ministerios, aprobó proyectos sin contar con los respaldos que exigía la norma. "En los informes que respaldan la aprobación de proyectos de los convenios de financiamiento no se describe, ni en otros documentos que justifiquen la cantidad de los desembolsos", dice la imputación.
Cuestionan el traslado de Achacollo a Miraflores
Legisladores de oficialismo y oposición rechazaron el traslado de la exministra Nemesia Achacollo al penal de mujeres de Miraflores con el argumento de que no existe recursos económicos para llevarla hasta la cárcel de Palmasola, Santa Cruz.
El diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que el argumento de las autoridades judiciales "es un absurdo" y esta actitud puede generar responsabilidades por incumplimiento de deberes al no garantizar el derecho a la vida y la salud que señala la Constitución y las leyes.
"Es lamentable, censurable independientemente de que Achacollo haya sido ministra o no; ella es un ser humano, entiendo que existe un informe médico que establece que ella debe ser trasladada a Santa Cruz por su delicado estado de salud. Creo que el argumento es injustificado", manifestó el legislador.
Su colega de Unidad Demócrata Wilson Santamaria indicó que Achacollo aún goza de algunos privilegios y calificó el argumento del sistema judicial, de que no existe recursos, como una "maniobra ingenua". "Estos argumentos de que no existen recursos para trasladarla a Santa Cruz revela cómo se aplica la justicia para algunos", dijo.
[Fuente: Por Beatriz Layme, Página Siete, La Paz, 12ago16]
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