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06ago16
Achacollo va a Palmasola y acusa a aliados indígenas
El no acreditar una dirección documentada, la posibilidad de obstaculizar la investigación, el contacto que puede tener con otros imputados y el peligro de fuga, fueron los cuatros argumentos que tomó en cuenta el juez Enrique Morales para determinar la detención de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en el penal de Palmasola. La defensa anunció que apelará la decisión.
Cinco horas duró la audiencia de la exministra en la que la Fiscalía la acusó de haber autorizado el desembolso de Bs 3,6 millones para nueve organizaciones sociales. También la acusa de haber autorizado los desembolsos del ex fondo indígena para tres proyectos fantasma.
La exministra Achacollo aceptó declarar en la audiencia cautelar y dijo que, pese a que renunció en agosto de 2015, las 'calumnias' en su contra no cesaron. Aseguró que nadie presentó pruebas en su contra y que en cambio ella presentó sus descargos cuando fue citada por la fiscalía.
Añadió que nunca utilizó su cargo de autoridad o de dirigente del MAS, menos a la proximidad con el presidente para enfrentar este proceso y aceptó ser investigada, pero pidió que la dejen defenderse en libertad.
Sin embargo, el punto fuerte de su declaración fue cuando se refirió al ex Fondo Indígena. "Cuando llegué al Ministerio en 2010, ya el Fondo estaba conformado con directores y asesores", reveló.
Agregó que firmó las resoluciones que le alcanzaron "de buena fe", porque así se lo pedían los miembros del directorio. "En algunas oportunidades (firmé) por presión de las organizaciones, en algunas otras, vía conducto regular" recordó.
"No soy abogada e hice las cosas de buena voluntad. Las organizaciones me decían: 'usted no se meta, nosotros hemos defendido esa plata con nuestras marchas; al final la plata es nuestra, nosotros nos podemos comer esa plata'. Eso es lo que decían, para que sepan los medios de comunicación", acusó la exministra.
La acusación
Según la imputación de la Fiscalía, la exministra entregó de a Bs 600 mil a tres organizaciones sociales para una supuesta fiscalización de los proyectos. A otras seis organizaciones regionales les dio de a Bs 300 mil con el mismo fin, haciendo un total de Bs 3,6 millones desembolsado sin tener potestad para eso.
También habría firmado las resoluciones de tres proyectos que nunca se implementaron y además el fiscal Anghelo Saravia dijo que la ministra era la máxima autoridad de la entidad y debía cumplir sus obligaciones como las auditorías y la fiscalización de los proyectos, algo que no hizo.
[Fuente: Por Marco Chuquimia, El Deber, La Paz, 06ago16]
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