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18jul16
Proceso del ex-Fondioc, frenado hace ocho meses
La investigación sobre el presunto desfalco en el ex Fondo Indígena se encuentra paralizada desde hace ocho meses por falta de un juez de garantías. A este problema se suma el hecho de que el principal fiscal del caso, Anghelo Saravia, enfrenta un proceso interno en el Ministerio Público; las partes aseguran que las acciones de la Fiscalía ampliaron el plazo de 180 días que tiene para presentar la acusación formal.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que recibieron una denuncia contra el fiscal Anghelo Saravia, que figura como el máximo responsable de la comisión de fiscales que investiga este millonario desfalco y que involucra a unas 80 personas, según la investigación del Gobierno.
De acuerdo con los informes del Ministerio de Desarrollo Rural, el ex Fondo Indígena recibió desde 2006 hasta 2014, Bs 3.197.482.681 para distintos proyectos y desembolsó Bs 729 millones en los mismos. Esos montos, sin embargo, discrepan de las cifras que ofreció la Contraloría General del Estado que denunció, en diciembre de 2014, un daño económico de Bs 71 millones, mientras que la intervención que se realizó en ese Fondo cuantificó el daño en Bs 102 millones.
Las partes
La abogada Audalia Zurita, defensora del dirigente campesino chuquisaqueño Damián Condori, dijo que hace más de cinco meses que no se convoca a audiencias y que las detenciones que se practicaron en la última parte ampliaron el plazo para la acusación formal y el inicio del juicio oral que debía producirse hace mucho.
"Hasta ahora la Fiscalía se concentró en algunos de los dirigentes que recibieron los recursos pero no avanzó en la investigación de fondo y no hay las autoridades que firmaron los desembolsos de los dineros y han discriminado las acciones penales", dijo la abogada.
Tiempos y plazos
De acuerdo con la explicación del diputado Rafael Quispe, el caso se encontraba en manos de la jueza primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, y que después de que él se presentara para ser detenido en abril la autoridad judicial se excusó y mandó el caso al juzgado Segundo, pero como no hay autoridad designada, el caso pasó al juzgado Anticorrupción de El Alto, donde el juez Ricardo Pinto también se excusó por supuestas presiones de grupos sociales y envió su excusa al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que los vocales deben decidir si aceptan la excusa del juez Pinto o lo ratifican en el caso.
Algunos de los juristas defensores afirman que Pinto está a cargo del caso, mientras que otros aseguran que esta investigación pasó a Oruro, que es el distrito que corresponde y donde se presentó el miércoles la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Quispe también recordó que en los juicios que se instauraron participan dos ministerios y tres particulares, por el Estado son querellantes el Ministerio de Transparencia y el de Desarrollo Rural, además de la Contraloría General del Estado; mientras que los particulares son el diputado opositor Rafael Quispe (UD), Roberto de la Cruz y el exmagistrado Gualberto Cusi, aunque los documentos de la Fiscalía solo consignan a los dos ministerios, la Contraloría y al diputado Rafael Quispe.
Medidas internas
En la Fiscalía de La Paz se abrió una investigación en contra del fiscal Ánghelo Saravia y no se descarta que sea separado del caso por otras denuncias que supuestamente llegaron al Ministerio Público.
Paralelamente, hasta fin de mes se deben implementar las "fiscalías corporativas" que se harán cargo de los casos que en este momento están en manos de las denominadas "comisión de fiscales".
Para el fiscal del departamento de La Paz, Edwin Blanco, las fiscalías corporativas reemplazarán a las comisiones de fiscales y dinamizarán los procesos porque no habrá un solo fiscal para varios casos, sino cualquier funcionario podrá atender las causas y el propósito es descongestionar la acumulación de causas.
La Contraloría
En la entidad fiscalizadora de los recursos públicos informaron de que el relanzamiento del nuevo fondo indígena deberá contemplar medidas de control más rígidas que las que tenía la entidad intervenida.
Según este ente, todas las instancias deben remitir a la Contraloría los documentos de auditorías internas que son evaluadas cada gestión.
El nuevo director del Fondo Indígena, Eugenio Rojas, dijo que se implementarán al menos seis medidas de control y dijo que se mandará todo gasto por encima de los Bs 20 mil a revisión del ente contralor. Rojas saludó la presencia de esta oficina en todos los proyectos y dijo que los movimientos sociales deben entender que cuanto más control, no habrá los problemas que hubo en la gestión anterior.
[Fuente: Por Marco Chiquimia, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 18jul16]
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