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10ene16
Lenny Valdivia trata de negar la responsabilidad del Gobierno en el caso Fondioc
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia Bautista, afirma que el directorio del Fondo Indígena "era totalmente ingobernable" y atribuye los hechos de corrupción que afectaron a la institución a la falta de mecanismos de control interno.
"Lo que ha sucedido en el Fondo es el mejor ejemplo de los errores que no debemos cometer en el ejercicio de la función pública. Esa es la lección que hemos aprendido", sostiene en el Desayuno de Trabajo de Página Siete.
La también exdirectora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) responsabiliza de la situación a los exdirectores ejecutivos de la institución, por no haber establecido mecanismos de control y una estructura que responda al cumplimiento de las atribuciones que se dio a la entidad, y por su "total falta de conocimiento de la cosa pública".
La corrupción es una de las principales preocupaciones de los bolivianos. ¿Cómo enfrenta su ministerio este problema?
La corrupción no es solamente una preocupación de los bolivianos. Es un fenómeno político, social y económico que preocupa a todos los gobernantes en Latinoamérica. Es un fenómeno político porque habitualmente está muy ligado a las esferas del poder público, al manejo de recursos públicos. La voluntad política de los gobernantes es importante para encarar el problema de manera decidida no solamente desde la prevención sino de la lucha.
Decimos también que es un fenómeno social porque el ser humano no nace corrupto sino que son las condiciones del Estado y de la sociedad las que generan las condiciones propicias para que se dé este fenómeno. Y decimos que es económico porque ya sea en sus causas o en sus consecuencias está muy ligado al tema del desarrollo. Lo importante es que desde el Gobierno estamos encarando el problema de manera efectiva, a diferencia de lo que ocurre en otros países.
Es cierto que la corrupción es transversal, afecta a todas las clases sociales y se da en todas las sociedades, en países desarrollados y en desarrollo, pero la diferencia está en las instituciones que deben responder al problema. En España está en el banquillo de los acusados la hermana del rey. La pregunta es si la justicia boliviana está a la altura del reto, hablando, por ejemplo, del Fondo Indígena.
Lo hemos reconocido como Gobierno. La justicia es una de las cuentas pendientes que tenemos con el pueblo boliviano. En este momento estamos trabajando en varias respuestas, no queremos una respuesta inconsistente. Queremos no solamente la solución en el plazo inmediato, sino una solución integral para el corto, mediano y largo plazos, porque el problema de la justicia es estructural.
Sabemos que no pasa solamente por cambiar de lugar al Órgano Judicial, sino por mejorar la calidad en la enseñanza de las universidades, por introducir cambios en los códigos penal y procesal, por garantizar la independencia del Órgano Judicial, por la implementación de regímenes disciplinarios efectivos, mecanismos de control y verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los jueces y fiscales e incluso en los miembros del Tribunal Constitucional porque todos ellos conforman el sistema judicial.
Estamos conscientes de que uno de los aspectos que no nos permite avanzar desde el Ministerio de Transparencia Institucional de Lucha contra la Corrupción es el de la sanción. Pero, más allá de las dificultades que tenemos con jueces y fiscales en el día a día, estamos dando resultados y prueba de ello es que tenemos 129 sentencias condenatorias contra autoridades de gobiernos anteriores y del actual.
En el caso del Fondo Indígena, por qué no actuó el Ministerio de Transparencia de oficio cuando existían varias denuncias públicas sobre las irregularidades desde 2013. Existe la percepción de que cuando las denuncias afectan a funcionarios o allegados al Gobierno la justicia demora, pero cuando se trata de la oposición actúa de inmediato.
Esa percepción no es correcta. Voy a responder con un ejemplo, el del señor Adolfo Chávez. Desde agosto pasado, cuando terminó la intervención y nosotros presentamos la denuncia en coordinación con la Interventora del Fondo contra todos los responsables de los proyectos inexistentes, ya había personas detenidas en Beni, Oruro, La Paz, pero al señor Chávez no se lo podía detener debido a la serie de artificios de sus abogados que venían dilatando el caso con el resultado conocido. Actualmente es un prófugo de la justicia.
Pero, ¿por qué no actuó el Ministerio en 2013?
Se recibieron algunas denuncias antes de que yo llegara a la cartera. Se les dio un tratamiento individual y en cada caso se emitieron informes y se formularon recomendaciones al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como órgano rector. Lo que ha sucedido en el Fondo es un hecho aislado, que no responde a todo el sector público ni a nivel nacional ni de gobernaciones, ni de municipios.
Entonces, ¿por qué se dieron estos casos en el Fondo?
Lamentablemente, por una mala decisión de los exdirectores ejecutivos que estuvieron a la cabeza del Fondo, no se implementaron los mecanismos de control interno. Este es un primer elemento. El segundo: no se estableció una estructura adecuada que responda al cumplimiento de las atribuciones que se le estaba dando a la entidad. Sumado a eso, las exautoridades, con una total falta de conocimiento de la cosa pública, emitieron normativas regulatorias que en muchos casos lo que hicieron fue perjudicar a los propios beneficiarios.
Tampoco se acompañó la ejecución de proyectos con una asistencia técnica adecuada. Después de haber visto la intervención y la liquidación, creemos que el Fondo es un buen mecanismo para poder llegar a esos sectores que en el pasado han sido desatendidos, pero lamentablemente por deficiencias en la gestión técnica, administrativa y financiera, los resultados han sido totalmente negativos. Lo que ha sucedido en el Fondo es el mejor ejemplo de los errores que no debemos cometer en el ejercicio de la función pública. Esa es la lección que hemos aprendido.
Usted dice que no existían mecanismos de control adecuados. La pregunta es cómo es posible que se haya depositado dinero público en cuentas personales. ¿No hay ninguna ley que lo impida?
Hay que partir de la normativa emitida por el mismo Fondo y es algo que los mismos beneficiarios hoy en día nos reclaman. Nos dicen y tienen toda la razón: el beneficiario de un proyecto no tenía por qué saber si tenía que abrir una cuenta mancomunada o una cuenta individual. La norma decía que el representante legal del proyecto juntamente con el responsable de la administración y el responsable del proyecto, tres por cada proyecto, debían abrir una cuenta mancomunada mínimamente de dos.
Esto permitía el control en el manejo de recursos para que ninguna de las dos personas puede retirar dinero de manera discrecional, pero lamentablemente los beneficiarios no fueron informados y abrieron cuentas individuales. Entonces quienes tenían la responsabilidad de rechazar la apertura de esa cuenta eran los exfuncionarios del Fondo
Y el Ministerio de Economía, que transfería el dinero del Tesoro, ¿no tenía nada que ver?
El Ministerio de Economía sólo transfiere los recursos. Las entidades públicas, en este caso el Fondo, y así lo decía el decreto supremo de creación, tenía autonomía técnica y financiera para el manejo de recursos. Por eso decimos que es responsabilidad de las máximas autoridades ejecutivas.
Lamentablemente, no hubo un adecuado control y los exfuncionarios del Fondo no rechazaron esos trámites, esas cuentas aperturadas individualmente a nombre de los beneficiarios.
Si las exautoridades del Fondo son las responsables, por qué la exministra Nemesia Achacollo no responde a la justicia, como piden los demás implicados. ¿No era ella la máxima autoridad?
Yo aquí quiero dar una explicación, porque siento que es un error lo que ustedes me acaban de decir. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era directora de la ASFI, como máxima autoridad ejecutiva de una entidad que tiene como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la responsabilidad de encarar la gestión técnico-administrativa y financiera de la ASFI era mía. Tenía que responder al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector en el marco de la Ley 1178, que establece que el órgano rector debe efectuar el control externo posterior…
Pero la señora Achacollo, como directora del Fondo, lo administraba y, como máxima autoridad, firmaba los proyectos y suponemos que autorizaba los recursos.
Hay que hacer una diferencia. El decreto supremo de creación del Fondo, emitido en 2005, lamentablemente estableció una estructura, un nivel de directorio que era totalmente ingobernable. Por qué decimos ingobernable, porque, primero, establecía un nivel de directorio con la participación de cinco o seis ministros, pero, además, con la participación de por lo menos 10 organizaciones sociales, en algunos casos con dos representantes.
Pero, además, establecía que las decisiones debían tomarse por consenso. Imagínense, en una instancia de aproximadamente 20 personas. En los hechos, era difícil de implementar nada, más allá de que la exministra haya presidido ese directorio.
Pero, además, habría que separar las funciones de este directorio en la parte operativa y de gestión. Si bien a nivel de directorio se aprobaban los proyectos, los desembolsos, el cumplimiento de requisitos, la evaluación y seguimiento a los proyectos era una responsabilidad de la entidad pública, del Fondo.
Más allá de eso, lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio es enviar el informe de la Intervención al Ministerio Público. El tema de la determinación de responsabilidades corresponde en todo caso al Ministerio Público. Lo que sí lamentamos que en este estado de la situación, habiendo ya personas detenidas, recién ahora aparezcan versiones y sindicaciones de estas personas detenidas. Yo más bien pongo en duda todas estas aseveraciones. ¿Por qué no lo denunciaron en su momento?
Pero, no negará que llama la atención el hecho de que la cabeza del Fondo no sea llamada a comparecer y a dar información…
Corresponde que esa pregunta la trasladen al Ministerio Público. Lo que nosotros queremos es que no se lleve adelante una investigación por el Ministerio Público a base de presiones mediáticas, nosotros las rechazamos.
Para nosotros no es cómodo ver en las audiencias del Fondo al diputado Rafael Quispe. A lo único que asiste es a hacer show mediático. El Ministerio Público jamás debió aceptar a Quispe como coadyuvante porque todas las denuncias del caso han sido precisamente a instancias del Gobierno nacional, del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, de la Interventora del ex- Fondo, de la misma Contraloría General del Estado, no del señor Quispe.
"La decisión es actuar contra la corrupción caiga quien caiga"
La ministra Valdivia afirma que la voluntad política del presidente Evo Morales es actuar con firmeza ante la corrupción, "caiga quien caiga", y que su gobierno será "implacable" cuando descubra hechos delictivos como los ocurridos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en el Fondo Indígena.
Si bien el caso del Fondo es el más emblemático, también se han presentado otros, como el de YPFB. ¿Su ministerio tiene tuición sobre las contrataciones directas, que aparentemente se han convertido en un hábito en la gestión pública actual?
La burocracia genera condiciones propicias para que se den hechos de corrupción. Por eso es que hemos creado una entidad pública que va a encarar de manera sostenida e integral el tema del gobierno electrónico, a fin de tener sistemas de archivo y de información adecuados para simplificar los trámites. En cuanto a las contrataciones, dado a que ha habido un crecimiento de las inversiones y las entidades públicas manejan mayor cantidad de recursos, los riegos son mayores.
Lo importante es que tengamos la capacidad de emitir la normativa adecuada para minimizar los riesgos de corrupción. En la medida en que se vuelve más sofisticada, la respuesta debe ir a la par. En relación con YPFB, la decisión del Presidente ha sido la de no tolerar la corrupción y la hemos practicado más allá de los costos políticos. Cuando hemos descubierto un hecho, hemos actuado de manera inmediata, concretamente contra Santos Ramírez, que era el segundo hombre más fuerte del Gobierno. La voluntad política del Presidente es actuar en esa línea, caiga quien caiga. Vamos a ser implacables cuando encontremos y descubramos algo y tengamos pruebas.
Usted ha hecho referencia a otros países, pero algunos rankings muestran que Bolivia ha retrocedido en la lucha contra la corrupción…
Bolivia forma parte de dos convenciones internacionales, la Interamericana y la de Naciones Unidas. En ambas existen mecanismos de evaluación de los Estados y en ambas estamos muy bien. A estas evaluaciones se contraponen las percepciones de opinión realizadas por organizaciones no gubernamentales, sobre las cuales nosotros hemos dicho que no condicen con la realidad.
Hemos rechazado este tipo de percepciones porque no son confiables. No vamos a aceptar ningún mecanismo de medición por parte de las ONG por un principio de soberanía y de política pública.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 10ene16]
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