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25sep11
Exfiscal de Entre Ríos, responsable de persecución en contra la APG IG, es condenado a la cárcel por cohecho y concusión
Según confirmó el fiscal de Distrito, Rodrigo Antelo, un exfiscal del Ministerio Publico, suspendido desde el 16 de mayo del año en curso, fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia a cuatro años de reclusión en el penal de Morros Blancos, computables desde la ejecutoría de la resolución, empero al momento el imputado se encuentra con medidas sustitutivas, haciendo uso del recurso de apelación restringida. El País logró acceder al documento de sentencia en la que se condena al exfiscal Juan Carlos Ferrufino a cuatro años de cárcel por cohecho pasivo propio y concusión, acto que fue realizado el sábado 17 de septiembre en horas de la mañana, en la Corte Superior de Distrito, dentro del proceso que está en etapa de juicio.
El caso se encuentra a tutela de los fiscales Gilbert Muñoz y Carla Oller, y se conoce que Ferrufino fungió como fiscal hasta mayo de este año en la jurisdicción de Entre Rios, cuando es suspendido en fecha 16 de el mismo mes por resolución de la Fiscalía General. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía especializada, se tiene que el 3 de mayo de 2009, se constituye a tomar una declaración el fiscal Ferrufino, adscrito a Diprove, Tránsito y Aduana, como consecuencia del proceso penal instaurado en contra de Eduardo Salvatierra Balcázar, quien es detenido preventivamente por el delito de asociación delictuosa y robo de vehículo de la entonces Prefectura del Departamento de Tarija.
El funcionario de la Fiscalía pidió que el acto sea llevado en reserva, para tener la colaboración de Salvatierra, por lo que solamente entró a tomar la declaración el fiscal y una abogada. Una vez en la celda, Ferrufino le dice al detenido: "Vamos a arreglar como hemos quedado", y este le pregunta cuánto es, a lo que la autoridad fiscal responde 4.000 dólares, y el detenido indica no poseer la cantidad, entonces le pide 3.000 dólares, a lo que el imputado accede comprometiéndose entregar la suma en dos partes, primero 1.000 que serían entregados al fiscal por una persona al salir del penal, y 2.000 dólares después de la audiencia de modificación de medida cautelar.
El día de la audiencia, el imputado no contó con el total del saldo, ofreciendo 500 dólares que no fueron aceptados por el fiscal, por lo que el acto procesal fue suspendido, dejando en claro que la próxima audiencia a realizarse sería la última oportunidad para que el imputado entregue el dinero si quería salir en libertad. Al día siguiente el imputado hizo llegar a Ferrufino el dinero restante. "Ya recibí los documentos, quédate tranquilo, vas a salir", le dice en una llamada telefónica el fiscal al imputado, según consta en los antecedentes expuestos en la sentencia. No obstante, transcurrido otro día el imputado recibe una llamada de su defensa, quien le indica que Ferrufino "se dio la vuelta", por lo que llama al fiscal, este dice que el fiscal Ramiro Ugarte lo presionó para que no cuadyuve en su libertad, asimismo, le dice que el dinero lo devolvió a su abogada, quien luego niega haberlo recibido.
Como Salvatierra pensaba denunciar lo acontecido a la prensa y Fiscalía, un sábado 30 de mayo de 2009, el fiscal Ferrufino fue al penal de Morros Blancos a reclamarle por qué venía amenazándole con estas posturas, incluso por teléfono, entonces nuevamente le asegura al detenido que no lo pudo ayudar porque el fiscal de Distrito de ese entonces, y personal de la Prefectura, presionaban, arguyendo que se ponía en riesgo su carrera, por lo que Ferrufino se compromete a ayudar a Salvatierra, comprometiéndose a no asistir a la audiencia de fecha 3 de mayo, donde se trataría la continuidad o suspensión de la detención preventiva, a pesar de que el sindicado pedía que asista y pida sustitutivas. Todo se dio según a lo acordado, y el juez titular al no comparecer la parte acusadora en varias audiencias, declaró procedente la cesación de la medida.
En base a los antecedentes ya expuestos, el 17 de junio de 2011 Salvatierra en libertad, se apersonó a la Fiscalía de Distrito a sentar la denuncia en contra de Ferrufino, por exigir cobros indebidos, los antecedentes fueron corroborados por el Ministerio Público con prueba que generó convicción sobre la responsabilidad penal del imputado tras una investigación de larga duración, y el Tribunal condenó a Ferrufino a cuatro años de reclusión a cumplirse en el penal de Morros Blancos, computables desde la ejecutoria, como pena accesoria también se impone la inhabilitación especial o prohibición para el ejercicio de las funciones como fiscal por un lapso de cinco años.
Sobre lo expuesto, el fiscal de Distrito, Rodrigo Antelo, explicó que en estos casos no procede una acción disciplinaria en contra de un fiscal con reglamento interno, sino la sanción penal, y que acorde a norma al momento corre el plazo procesal para que Ferrufino interponga la apelación, sin embargo, puntualizó que conoce que Muñoz solicitará una audiencia antes de la ejecutoría para que el imputado sea detenido preventivamente, y que el fallo de la sentencia está en primera instancia. Antelo remarcó que el fiscal aludido trabajaba ya desde una anterior gestión en la Fiscalía, que coadyuvó con los requerimientos para la investigación del hecho.
[Fuente: El País, Tarija, 25sep11]
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