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08ene16
Aseguran que DS 2366 vulnera 5 tratados internacionales
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró el jueves que el Decreto Supremo (DS) 2366, que autoriza la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas del país, vulnera siete artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y cinco Tratados o Acuerdos Internacionales referidos tanto a los derechos de los pueblos indígenas como al medio ambiente y protección de la vida.
Según un comunicado de prensa de esa instirución, Villena, en uso de sus atribuciones constitucionales, ingresó una Acción de Inconstitucionalidad contra este Decreto el 9 de diciembre de 2015 y en una extensa argumentación, señala que la medida dispuesta por el Ejecutivo en mayo de ese año, además del Art. 410 sobre la Supremacía Constitucional, vulnera los Arts. 2, 30 y 403 de la Constitución, referidos a los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y a ser consultados antes de implementarse medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En el caso del DS. 2366 ninguno de los pueblos que habitan las áreas protegidas fueron consultados antes de emitirse esta norma.
Del mismo modo, señala que se está vulnerando los Arts. 33 y 343 de la CPE que indica que las bolivianas y bolivianos tienen derecho desarrollarse en un medio ambiente sano y a ser consultados e informados previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. En este caso, de acuerdo a la Defensoría, la intervención sobre las áreas protegidas afectará necesariamente la calidad medio ambiental. "Tampoco -indicó el Defensor- se consideró informar y menos consultar a la población, como lo manda la Constitución, antes de emitir esta disposición".
Según el Defensor, el Decreto 2366 también vulnera el artículo 385 de la Constitución que indica que las Áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, lo que significa que además de ser de interés público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y, de acuerdo a la misma norma suprema, es deber de las bolivianas y bolivianos resguardarlas, defenderlas y protegerlas. Este mismo Artículo establece que donde exista sobreposición entre territorios indígenas y áreas protegidas, la gestión de éstas se hará según normas de los pueblos indígenas, sin embargo, en este Decreto se está decidiendo la gestión a través de mecanismos que les son ajenos.
También se están afectando acuerdos internacionales suscritos por Bolivia como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica de 5 de Junio de 1992. Por otro lado, el documento señala que con la medida del D.S. 2366 se están incumpliendo acuerdo internacionales de los que Bolivia fue parte como la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres.
Aunque no se encuentra específicamente señalada en la Acción por no corresponder en este tipo de demandas, el Defensor señaló que el Decreto también vulnera aspectos sustanciales de la ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra, el Reglamento de Manejo de Áreas Protegidas así como los Decretos que señalan los objetivos específicos por los que fueron creadas cada una de las 22 áreas protegidas de alcance nacional¬. "Es tal la cantidad de normas que se están afectando con el 2366 que nos recuerdan a los Decretos Ley que emitían gobiernos militares sin ninguna consideración por las normas que hacen al Estado de derecho y la misma democracia", señaló.
La Autoridad explicó que en Bolivia existen 22 Áreas Protegidas de alcance nacional, 24 de alcance departamental y 81 de alcance municipal, es decir 127 en total. "Pese a que los artículos 302 y 304 señalan competencias exclusivas de los municipios y de los pueblos indígenas, el Decreto 2366 arroga al nivel central la potestad de afectar las áreas protegidas en áreas que no son de su competencia, generando otra vulneración a la norma suprema", indicó.
La acción abstracta, tomando como base información del SERNAP, explica que tan solo en las 22 áreas protegidas del país, viven actualmente 20 pueblos indígenas, es decir el 55% de los 36 que menciona la Constitución. Además las áreas protegidas de San Matías, Madidi, Apolobamba, Kaa-Iya, Estación Biológica del Beni, TIPNIS, Eduardo Abaroa, Pilón Lajas, Iñao y Aguarague, se superponen con 19 Territorios Indígenas Originarias Campesinas.
En relación a los efectos que puede tener de forma inmediata, el Defensor señaló que existen informes de entidades especializadas en el tema que indican con claridad que la exploración sísmica que utiliza explosivos, afecta de manera importante los recursos hídricos desviando cauces naturales y originando la desaparición de nacederos. Además, durante esta etapa se generan desechos, se contamina, se deforesta y se construyen trochas de penetración en ecosistemas delicados.
Pero lo más preocupante en este ámbito, mencionó la autoridad, es la amenaza que contiene el Decreto cuando señala que "En caso que los resultados de exploración concluyan con un descubrimiento comercial para la fase de explotación, el Titular podrá solicitar al SERNAP la evaluación y revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento espacial del Área Protegida, para su adecuación y/o actualización cuando corresponda". Esto significa que si se encuentra hidrocarburos, la empresa transnacional puede solicitar el cambio de objetivo de creación al área protegida, lo que podría implicar su desaparición o afectación irreversible.
El Defensor explicó también que el Decreto Supremo 2366 no sólo está atentando contra los sistemas de vida en las áreas protegidas, invadiendo de manera ilegal territorios indígenas y echando por tierra el mandato de la consulta previa, sino que está yendo contra decisiones sustanciales del pueblo boliviano y de países del mundo que están buscando mecanismos para proteger y cuidar el planeta para las presentes y futuras generaciones.
"Estas decisiones van contra los principios fundamentales del Estado Plurinacional pero sobre todo se asumen para favorecer al sistema colonial capitalista que, como sabemos, vive y se fortalece en base a la depredación de los recursos naturales de países subdesarrollados, la destrucción del medio ambiente y la explotación inmisericorde del planeta para generar la energía que precisa para el enriquecimiento de las grandes corporaciones que ya están explorando territorios en Bolivia", afirmó el Defensor.
Fiscalía califica de "compleja" la investigación del Fondo Indígena
El fiscal asignado al caso del Fondo Indígena, Anghelo Saravia, afirmó que la investigación "es compleja" porque se trata de varios de proyectos en el que están involucrados cientos de personas.
"Es un proceso complejo, esto amerita realizar varias cosas y por esta situación aún no concluimos con la investigación", afirmó Saravia a Página Siete y adelantó que está previsto convocar a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, para que preste su declaración informativa.
En diciembre de 2014, la Contraloría General del Estado sentó ante el Ministerio Público una denuncia de presunto daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por proyectos fantasma e inconclusos.
Posteriormente, la intervención del Fondo Indígena se adhirió a la demanda. En seis meses de intervención determinó un daño económico al Estado de 102, 2 millones de bolivianos por 30 proyectos fantasmas y 713 proyectos observados.
Por el caso están con detención preventiva al menos 10 personas, entre ellos los exdirectores ejecutivos del Fondioc Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra. A ellos se suman los exdirigentes críticos al MAS, Damián Condori, Félix Becerra. También están detenidas la exministra Julia Ramos y la ejecutiva de la CIDOB, Melva Hurtado.
Hurtado, detenida preventiva en Centro de Mujeres de Miraflores, afirmó que es inocente porque todos los proyectos de su organización fueron ejecutados.
"Soy inocente, no tengo ningún proyecto fantasma; lo que han hecho conmigo es un gran atropello a mi dignidad, a la Casa Grande de los indígenas. Además la Fiscalía ni siquiera me citó, ellos sacaron directamente la orden de aprehensión en mi contra, no me dieron ni tiempo para poder defenderme y presentar ante el juez todas mis pruebas", manifestó Hurtado entre lágrimas y a tiempo de calificar de política su detención.
Por otro lado, Saravia, sin revelar nombres, informó que emitió nuevas notificaciones para que presten su declaración informativa ante la comisión de fiscales en los siguientes días.
Detalles del acta de la reunión del Fondioc
Notario El acta fue realizada por la notario de Fe Pública N°100, Nancy Ivonné Montero, el 17 de febrero de 2014, cuando se realizó la reunión de directorio del Fondo Indígena en Huajchilla, zona Sur de la ciudad de La Paz.
Título El acta N° 004/ 2014 lleva el título Acta de verificación de la reunión de directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), informe de gestión 2013 en fecha 17 de febrero de 2014".
Participantes: En la reunión de Directorio participaron Nemesia Achacollo, entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, en su calidad de presidenta del Directorio del Fondo Indígena. También asistieron los representantes acreditados, de las ocho organizaciones sociales miembros del Fondo Indígena, además de un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
Lista: Los representantes que asistieron a la reunión de directorio de la entidad indígena fueron: Joel Guarachi, Damián Condori, Juanita Ancieta, Felipa Huanca, Bertha Bejarano, Héctor Semo Goitia, Ever Choquehuanca, como secretario del Directorio. Jonny Marasa, Lucio Ayala, Hilarión Mamani, Gregorio Choque, Domingo Julián, Nelson Eguez, Rosendo Alpiri y Antonio Surubí.
Orden del Día: De acuerdo al acta, a la que accedió Página Siete, el dirigente de los Interculturales, Ever Choquehuanca, leyó el orden del día de la reunión: el punto 1. Control de Asistencia, 2. Lectura del acta anterior, 3. Lectura de Correspondencia, 4. Informe de cierre de gestión a cargo del Director Ejecutivo Nacional del Fondo Indígena, Lic. Marco Antonio Aramayo Caballero, 5. Plan de Trabajo para la gestión 2014, y 6. Asuntos varios.
Organizaciones: El Decreto Supremo 28571, del 22 de diciembre de 2005, de creación del Fondo Indígena, establece que las organizaciones sociales miembros del directorio son: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia (CSIB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Además, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa (FNMCB-BS), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).
Sin beneficios: El Decreto también señala que los miembros del Directorio del Fondo Indígena no percibirán ninguna remuneración, ni beneficio social alguno, salvo la asignación de pasajes y viáticos que posibiliten el cumplimiento de sus funciones.
Exigen revelar el destino de los recursos de cinco años
El diputado de UD y exdirigente del Conamaq, Rafael Quispe, exige al Gobierno y al Ministerio Público informar sobre el destino de los recursos económicos que recibió el Fondo Indígena desde 2006 hasta 2010, año en el que recién se comenzó a aprobar proyectos.
El vicepresidente Álvaro García Linera se comprometió con este medio, luego de recibir una copia del acta del directorio del Fondioc, a pedir un informe a la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, sobre los recursos que recibió la entidad indígena hasta 2010.
"El Gobierno debe informar dónde están esos recursos, ¿en qué gastaron esos dineros? ¿dónde están esos recursos que recibió la entidad indígena?", demandó el diputado Quispe.
Por otro lado, lamentó que la Fiscalía hasta la fecha no haya convocado a la exministra Nemesia Achacollo, más aún cuando existen documentos que revelan que incumplió sus deberes como presidenta del directorio del Fondo Indígena.
"En las reuniones de Directorio se propuso auditorías internas y externas, Nemesia nunca exigió las mismas. Ella tenía la responsabilidad de exigir las auditorías, pero no hizo nada. Calló, pecó por omisión e incumplimiento de deberes", señaló.
El Fondo Indígena desembolsó 729 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, es decir, un 22% de los 3.197 millones de bolivianos que recibió en nueve años del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Página Siete no pudo conocer el detalle del destino de los restantes 2.400 millones de bolivianos.
Desvío de recursos a la Argentina
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en su calidad de presidenta del Directorio, admitió que dirigentes de Yapacaní hicieron aprobar un proyecto y el primer desembolso se lo llevaron a la Argentina.
"Tres en Yapacaní, un proyecto que le engañaron, el primer desembolso se lo llevaron a la Argentina por lo que se tiene que iniciar proceso. Ella siente que no todos (los proyectos) están bien porque no todos pueden emitir informe", señala parte del acta de la reunión de directorio que se realizó en febrero de 2014 en La Paz.
Una representante, que no fue identificada, exigió orden porque algunos "se sacan plata y no se sabe en que gastaron, parece que se fueron a Brasil (o) se compraron moto".
[Fuente: Erbol, La Paz, 08ene16]
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