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24ago15
Gobierno: Tierras que reclaman indígenas de Takovo Mora son privadas y no corresponde indemnización ni consulta
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, certificó este lunes que los predios que reclama la capitanía Takovo Mora como suyos pertenecen a los propietarios privados Eloy Leigues Cordero y Mario Ignacio Angaril Cerrate, con lo que descartó indemnización y consulta previa por la exploración de hidrocarburos.
"Se observa claramente en el mapa que Yacimientos ha intervenido en un área que no tiene nada que ver con el territorio indígena de Takovo Mora. En esa área donde están ubicados los pozos tenemos un título ejecutorial a nombre de Eloy Leigues Cordero, propietario particular del predio denominado San Juan del Dorado en una superficie de 2.263 hectáreas", señaló.
Asimismo, indicó que el otro predio particular denominado Chivatos corresponde a Mario Ignacio Angaril Cerrate con una superficie de 1.523 hectáreas.
Según la explicación detallada brindada en conferencia de prensa, Romero precisó que los pozos exploratorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) "están fuera" del territorio titulado a favor de las comunidades indígenas de Takovo Mora.
"Esta área de color verde claro es un área pretendida por el pueblo guaraní, un área que ha sido demandada en la que existiría un derecho expectaticio de parte de las comunidades indígenas guaraníes pero que está muy lejos de los pozos de exploración petrolera, está ubicada al norte del área titulada de los pueblos guaraníes", apuntó.
El martes se registró un enfrentamiento con la Policía en el tramo Yacuiba-Santa Cruz, que fue bloqueado por los indígenas que demandan la suspensión de actividades exploratorias en la zona de El Dorado que están a cargo de la subsidiaria Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco y exigen la anulación de tres decretos supremos que facultan el ingreso a áreas protegidas para trabajos de exploración.
De acuerdo con los indígenas de Takovo Mora su terreno es el más afectado y denunciaron que no se realizó ninguna consulta previa, como establece la Ley de Medio Ambiente.
[Fuente: La Razón, ABI, La Paz, 24ago15]
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