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29jun15

Hay contratos para explorar 11 de las 22 áreas protegidas

De un total de 22 áreas protegidas existentes en Bolivia, en la actualidad 11 tienen porcentajes de su territorio comprometidos con contratos de exploración hidrocarburífera. El dato corresponde a un informe elaborado por el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini.

Según este reporte, los grados porcentuales de su territorio ya con el contrato para exploración son: Iñao (90,8%), Tariquía (55%), Aguaragüe (72,5%), TIPNIS (35%), Pilón Lajas (85,5%), Madidi (75,5%), Tunari (2,03%), Apolobamba (1%), Carrasco (6,87%), Manuripi (31,16%) y Amboró (20%).

La investigación la realizó mediante el contraste de datos obtenidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y del Servicio Nacional dé Áreas Protegidas (SERNAP).

"El criterio comercial de la explotación petrolera se sobrepone al criterio ambiental de conservación (…). Hay una figura en la norma donde dice: 'estos contratos se quedan en statu quo hasta que se vea la forma de viabilizarlo'. Y el decreto actual (2366) viabiliza que se realicen operaciones allá", asevera Campanini.

Este tema cobró relevancia a partir de que se conoció el alcance del Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año. Dicha norma establece y autoriza la exploración y posterior explotación de estos recursos naturales en las áreas protegidas.

Según el informe de Campanini, en la actualidad la superficie de áreas protegidas del país alcanza las 18.271.699 hectáreas. De éstas, 3.043.797 son afectadas por estar comprometidas con contratos petroleros, alcanzando el 17% del total , y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de Yacimientos.

"YFPB reconoce que son ocho parques importantes; está el Amboró, el TIPNIS, el Madidi que son parte del corredor Vilcabamba - Amboró. Es uno de los lugares más ricos en biodiversidad en el mundo y eso es bastante preocupante", puntualiza el investigador Campanini.

Este medio recurrió al SERNAP en busca de una contraparte oficial sobre el tema. No obstante, desde la Unidad de Comunicación se informó que su actual director, José Coelho, no está brindando ningún tipo de entrevista a medios de prensa.

De igual forma, con ese mismo objetivo, se acudió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía; en la instancia de comunicación expresaron que lo único oficial que podían facilitar es un audio de una entrevista al ministro, Luis Alberto Sánchez, en la radio Patria Nueva del 25 de junio.

En dicho documento sonoro, la autoridad hace referencia al tema indicando que el Estado no vulnera los derechos de los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas ni la calidad del medioambiente. El ministro admitió que en caso de existir algún tipo de daño medioambiental, se procederá a la compensación a los habitantes de dichas áreas.

"Un área protegida puede ser del tamaño de una mesa -ejemplifica- pero el área de interés es del tamaño de (un) vaso. Entonces, no se va a dañar toda el área protegida, toda la mesa, sino un tamaño mínimo, un volumen de tierra pequeño que está de acuerdo al cumplimiento de toda la normativa", afirmó Sánchez a su interlocutor.

Mientras que el dirigente Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, asegura que analizarán los alcances del decreto para determinar cuáles son los "pros y contras".

El abogado especialista en temas ambientales Rubén Pinto considera que se está actuando de forma política al ya tener comprometidos ciertos porcentajes de 11 áreas protegidas de Bolivia, puesto que son 22 en total.

"Estamos sacrificando (los recursos) como los tontos útiles mientras que otros países, como Estados Unidos, están apostando a tener reservas. Porque el petróleo es un recurso finito, uno puede calcular cuánto hay y cuánto va a durar. Deberíamos optar por la preservación", asegura Pinto.

Sobre el este "polémico" decreto supremo, su alcance y posibles afectaciones, el diputado del Movimiento Al Socialismo Manuel Canelas reconoce la actual exploración en seis áreas protegidas -en relación con el informe del CEDIB- y que dicho decreto amplía la cantidad a 11. "El decreto lo que aporta es certidumbre y reglas más claras", afirma.

Porcentajes en áreas

  • Iñao: Un 90,8% está comprometido con petroleras.
  • Tariquía: Tiene 55% de territorio con contrato petrolero.
  • Aguaragüe: El 62,5% de su área está comprometido.
  • TIPNIS: El 35% ya está con contrato petrolero.
  • Pilón Lajas: 85,5% de su territorio está comprometido.
  • Madidi: El 75% de su territorio tiene contratos petroleros.
  • Tunari: Un porcentaje de 2,03 tiene relación contractual.
  • Carrasco: El 6,87% de este parque tiene compromiso con petroleras.
  • Manuripi: Un 31,16% de su área está con contratos.
  • Amboró: 20% de su área está comprometido.
  • Apolobamba: Con el 1% de territorio con contrato.

Advierten posibles rezonificaciones de estas áreas

Una de las observaciones de fondo al Decreto Supremo 2366, que realizan expertos en el área de defensa del medio ambiente, es que con esa norma se abre la posibilidad de que al interior de las áreas protegidas haya una rezonificación, de acuerdo con los intereses de empresas que ahora están autorizadas para exploración hidrocarburífera.

Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia; Patricia Molina, directora del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo; y Rubén Pinto, abogado especialista en derechos ambientales y de pueblos indígenas coinciden en que dicha norma permite el reordenamiento zonal al interior de cada una de las áreas protegidas del país.

Campanini manifiesta que este decreto modifica la estructura de un área protegida. "La empresa o el operador de turno puede solicitar la modificación del parque. Es decir, un parque adentro tiene zonificaciones específicas. Ellos dicen, 'en este lugar hacemos eco turismo', 'en este lugar hay especies amenazadas, no se hace nada', etcétera", explica.

Según comentan, el parágrafo III del artículo 2 del decreto faculta al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, previa solicitud del titular de la concesión hidrocarburífera, a "adecuar y/o actualizar" la planificación y ordenamiento espacial del área.

Sin embargo, el artículo 133 de la ley de hidrocarburos establece lo siguiente: "Las actividades relacionadas con el uso de hidrocarburos en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en áreas Protegidas en sujeción estricta a la categoría y zonificación".

A su vez, Molina califica la disposición del decreto como contradictoria con esa parte de la norma. "Se puede pedir que un área núcleo, que es intangible, ya no sea núcleo", ejemplifica la investigadora.

żUn "paquete de medidas"?

Investigadores y especialistas en la temática ambiental consideran que el decreto 2366, que autoriza la exploración en áreas protegidas de Bolivia, forma parte de un "paquete de medidas" que está compuesto, además, por dos decretos que el Ejecutivo puso en vigencia entre marzo y mayo pasados. Se trata de los decretos 2298 y 2368.

El 18 de marzo de este año, el presidente Evo Morales firmó el decreto 2298. El objeto de esta norma fue modificar y complementar el decreto 29033 del 16 de febrero de 2007, que versa sobre el proceso de consulta a pueblos indígenas y comunidades campesinas en caso de pretender iniciar operaciones hidrocarburíferas en su territorio.

El abogado especialista en medio ambiente, Rubén Pinto, comenta que el decreto 2298 trata de convertir la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, en un "mero trámite administrativo".

"Si tu eres un pueblo indígena y me trato de contactar contigo en un plazo de cinco días no puedo hacerlo, me vuelvo a contactar en 10 días, en 30 días, etc. Le faculta a la autoridad, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente, a emitir una resolución de que se ha hecho el intento de contactarse pero se asume que continúa aprobada esta instancia y continúa el estudio de impacto ambiental", puntualiza Pinto.

A su vez, el decreto 2368, del 20 de mayo de este 2015, mismo día de la puesta en vigencia del decreto 2366, establece los mecanismos necesarios para la construcción y/o operación de ductos en proyectos que se constituyan de interés nacional.

"De oficio o a solicitud de la parte interesada, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía podrá declarar de interés nacional mediante Resolución Ministerial conforme a la política nacional y del sector, los siguientes tipos de proyectos y su operación: Construcción de ductos; Ampliación y/o extensión de un ducto; Líneas Ramales y/o Laterales", indica el artículo 2 de esa norma.

Ante este panorama, la directora del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo, Patricia Molina, considera que este "paquetes de medidas" responde a una posible vuelta atrás en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. "Es parte de un paquete más grande y parte de un contexto", afirma.

[Fuente: Por Gabriel Díez Lacunza, Página Siete, La Paz, 29jun15]
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