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20jun11
CEADESC: El acceso a la información en Bolivia está bajo la cultura del secreto
El investigador Jorge Komadina, responsable del área de Transparencia del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), señaló que el Estado boliviano no cuenta con políticas claras y aplicables que permitan a los ciudadanos ejercer el derecho al acceso a la información contemplada en las leyes del país.
“Si bien existe un marco legal, plasmado en las leyes, que respaldan el acceso a la información de los ciudadanos, existe una distancia entre lo que dice la norma y las prácticas reales”, señaló.
Esta situación se acentúa porque “las instituciones del Estado no cuentan con una unidad de información capaz de procesar, en un tiempo prudente, el pedido o solicitud requerida. En el mejor de los casos, la información obtenida es fragmentada o por partes”, sustentó.
Asimismo, indicó que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo 28168, establecen la obligación del Estado de crear canales de exposición permanentes para brindar información como planes, programas, proyectos, contrataciones, entre otros, que el Estado, mediante actos públicos, debería dar a conocer de manera activa sin la necesidad de una petición específica.
Por otra parte, el investigador cuestionó el uso que dan las instituciones públicas a las páginas web. “Ustedes pueden visitar estos sitios web y no van a encontrar ahí información relevante, clara y sostenible (…) pero si vamos a encontrar un gran despliegue de propaganda, vamos a encontrar fotos de los funcionarios entregando obras o asistencia a seminarios que no tienen valor específico”, declaró.
Cultura de transparencia vs. Secreto de Estado
En el país no existe una cultura de transparencia entre los funcionarios públicos, el secreto de Estado se mantiene, se impone y está en el corazón de estos procesos de dominación.
“Cuando uno va a pedir información a una institución pública, creen que están conspirando, que es de la oposición, que quiere información para hacer denuncias, que tiene alguna finalidad política partidaria”, apuntó.
Así también, señaló que los ciudadanos y las organizaciones sociales no tienen conocimiento de sus derechos en este tema. “La gente no sabe que tiene derecho a obtener información de las personas que deciden, de aquellos que planifican, que hacen proyectos, sean estos pequeños o megaproyectos”, sentenció.
Todo derecho de acceso a la información debe estar guiado por el principio de una máxima publicidad, la obligación que debería tener el Estado de informar de una manera exhaustiva y detallada si el caso así lo amerita, este debería ser un gran paso para la transformación de una cultura del secreto a una cultura de transparencia, agregó.
El sentido del acceso a la información, es que “la gente pueda formar una opinión libre, independiente y fundamentada sobre un determinado tipo de proyecto, para tomar una posición al respecto y pueda evaluar la calidad y los alcances de la gestión pública”, concluyó.
[Fuente: Erbol, La Paz, 20jun11]
Informes sobre DDHH en Bolivia
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