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03nov14
Ministra desahucia las leyes electorales departamentales
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, desahució ayer las leyes departamentales aprobadas en Beni y Santa Cruz para regular el proceso electoral en sus territorios luego de que la Asamblea Plurinacional aprobara y el presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgara el texto que rige para los 8 departamentos, excepto Pando, el pasado jueves 30 de octubre.
"Son leyes que no tiene respaldo de la Constitución y de las leyes vigentes. Ellos no tienen un sustento jurídico para poder emitir una ley departamental, si uno revisa el texto de esa ley, van a ver que se están arrojando incluso atribuciones que le competen al Órgano Electoral, realmente son textos que están fuera de la norma", aseveró Peña.
Con la declaración, la ministra fija posición oficial cobre las propuestas así como las demandas que habían surgido también en Tarija. En el departamento tarijeño, la bancada de Camino al Cambio realizó una huelga de hambre para exigir que no se invadieran competencias que consideran transferidas. En ese sentido, María Lourdes Vaca criticó que se intenta gestar "un nuevo golpe de Estado".
Entre las críticas que se realizan al texto promulgado por el presidente en ejercicio, se apunta a la ausencia de la figura del Vicegobernador, misma que si estaba incluida en el texto estatutario y no fue observada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y sobre todo, la rebaja al 40 por ciento con diez puntos de diferencia sobre el segundo como la cantidad mínima de votos suficientes para proclamar gobernador a uno de los candidatos. La crítica es menor sobre la inclusión de la figura de los ejecutivos seccionales con naturaleza electa. Esta condición fue observada por el TCP en su resolución de agosto que tiene valor de sentencia. Desde que las observaciones al texto llegaron a la Asamblea Legislativa Departamental, los asambleístas no han logrado subsanar con consenso las 19 observaciones, a pesar de que la mayoría son de forma. El presidente Fortunato Llanos (MAS) reconoció que sólo se han logrado adecuar tres y que el resto se ha postergado ante la falta de acuerdos entre bancadas.
El texto autonómico tarijeño no requiere de ser aprobado por referéndum ya que la Constitución Política aprobada en 2009 dio por buenos los realizados anteriormente, en ese sentido, hubiera bastado con la resolución favorable del TCP para ponerlo en vigor.
Tarde o mal
La ministra peña criticó de forma particular el hecho de que tanto Beni como Santa Cruz no hayan logrado avanzar en la adecuación de su Estatuto Autonómico y que sin embargo, si hayan corrido para presentar la Ley Electoral en el último minuto. "Ni siquiera han tratado un solo artículo de sus proyectos de adecuación al interior de la plenaria de su asamblea. Ahora estos departamentos con mayor retraso son los que pretenden enchufarnos una ley departamental que no tiene ningún sustento con la normativa vigente", insistió.
El caso de Tarija es diferente, ya que si se logró enviar el Estatuto al TCP en septiembre de 2013, sin embargo las observaciones devueltas no se han tratado.
En ese sentido, los asambleístas culpan en primera instancia al presidente del Legislativo Fortunato Llanos. El asambleísta Johnny Torres calificó su gestión como "pésima" señalando que si bien se logró bajo su mandato cerrar el Estatuto, las gestiones posteriores han pecado de desidia. "Hace seis meses que yo envíe una Ley Electoral transitoria para el Departamento que blindaba al vicegobernador y a los ejecutivos seccionales entre otras cosas. Hasta la fecha no la han querido poner en la agenda". Torres además señaló que sería Llanos quien debería iniciar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley promulgada por el vicepresidente Álvaro García Linera.
El reparto de asambleístas anticipa más problemas
A todas las críticas realizadas por la forma en que se ha promulgado la Ley Electoral, con la rebaja del número mínimo de votos a 40 por ciento y diez de diferencia con el segundo para ser proclamado gobernador y a la ausencia de la figura del vicegobernador, el ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso Lema encontró contradicciones en el reparto de curules por territorio y población.
Las Asamblea Legislativa Departamental cuenta con 30 curules, de los que tres se reservan para los pueblos indígenas. De los otros 27, 12 se distribuyen por territorio, esto significa dos por provincia y aunque hay provincias con dos secciones, el sistema actual sería el de reparto proporcional de votos entre los partidos más votados, por lo que se necesitaría más del 70 por ciento de los votos a favor para que un partido se llevara los dos asambleístas por territorio.
Por otro lado, 15 asambleístas deben repartirse por población, atendiendo también a las provincias. Desde 2012, Tarija tiene 483.518 habitantes. Dividiendo entre 15, cada curul correspondería a 32.234 habitantes (1), sin embargo, al cruzarlo con las provincias y aplicando el sistema de redondeo tradicional, las cuentas se complican.
Las provincias de Avilés con 20.271 habitantes (0,62) y la de O`Connor con 21.991 habitantes (0,68) tendrían derecho a un asambleísta por población al igual que Méndez con 35.217 habitantes (1,09).
Dos se irían a Arce, con 53.186 habitantes (1,64), cinco se irían al Gran Chaco, con 147.748 habitantes (4,57) y seis serían de Cercado, con 205.375 habitantes (6,3)
Sin embargo, de esta forma suman 16 curules, por lo que sobraría uno que alguien debería de ceder. En la elección de 2010 cedió Cercado, quedando subrepresentado.
[Fuente: Por Daniel Calizaya, El País, Tarija, 03nov14]
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