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14dic19


Consenso entre bancadas destraba ley de garantías


Las bancadas de Unidad Demócrata (UD), del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzaron ayer un consenso para viabilizar la aprobación del proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales.

Los legisladores de las tres fuerzas políticas analizaron el contenido del proyecto de ley hasta altas horas de la noche del jueves y acordaron algunas modificaciones.

"Queremos comunicar que el desprendimiento para viabilizar esta norma ha sido que el articulo 7 y 8 que estaba en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados sean suprimidos, dado que están contempladas en la Constitución Política", informó el senador del MAS, Efraín Chambi, en una conferencia de prensa conjunta.

Para Chambi, UD, PDC y el MAS están cumpliendo con lo que el pueblo demanda, que es una norma que no dé paso a la impunidad ni la inmunidad.

"Esta ley no genera ningún mecanismo legal y no estamos legislando para generar impunidad e inmunidad en el país, los delitos comunes deben ser tratados como tal y en la vía que corresponde", aclaró.

Por su parte, el senador de UD, Homer Menacho, dijo que en ese análisis realizado con sus pares también determinó que tres artículos de esa norma, referidos a recursos y justicia, deben ser consultados con el Ejecutivo e indicó que el proyecto en su totalidad fue enmarcado en la Constitución.

"Estamos buscando una ley que pacifique al país y que mantenga la paz en el país y cumplamos con el Gobierno transitorio de llegar a las elecciones de una forma pacífica y tener elecciones limpias y trasparentes", afirmó.

Procedimiento

Legisladores de UD y PDC habían advertido que el polémico proyecto de ley elaborado por el MAS pretendía proteger a los responsables de promover los actos de violencia y delitos, entre ellos a Evo Morales, lo que bloqueó la aprobación de ese documento en el Senado, aunque ya había logrado luz verde en Diputados.

"Lo que se acordó es que el Legislativo pueda enviar en consulta (el proyecto de ley) a dos instituciones, al Ministerio de Economía para que se pueda emitir informes respecto al tema de la renta vitalicia o la indemnización; y al Órgano Judicial para que pida informe en cuestión a que no se está vulnerando el tema de la independencia de poderes", explicó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, al saluda el alcance de un acuerdo.

En caso de que continúe el disenso, las bancadas del Senado acordaron remitir el proyecto al Tribunal Constitucional para dirimir los artículos en conflicto.

"Una vez que se emita informe del Ministerio de Economía y del Órgano Judicial, y si no hubiera un consenso con esos informes, entonces, recién se mandaría al Tribunal Constitucional ya para que haga un test de constitucionalidad", precisó la autoridad.

[Fuente: Correo del Sur, Abi, Sucre, 14dic19]

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