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21dic16
Los discapacitados llevan su protesta ante el Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU en Ginebra
Rosemary Guarita ha pasado los últimos 26 años de su vida en una silla de ruedas. En ella atravesó durante 35 días el altiplano para llegar a La Paz; llevó adelante una larga vigilia que retó a la indiferencia y en ella llegó hasta Europa para exhibir su lucha al mundo. Su demanda es la misma que la de un centenar de mujeres, hombres, niños y adultos mayores: una renta de 500 bolivianos para los discapacitados.
Desde la primera protesta -a la que siguieron la marcha, el campamento, los enfrentamientos con la Policía- hasta el retorno de las personas con discapacidad a sus ciudades de origen hubo varios intentos fallidos de diálogo con el Gobierno. El saldo de seis meses de conflicto fueron decenas de detenidos, acusados de agredir a efectivos del orden, una treintena de heridos en las intervenciones y dos personas muertas en una de las vigilias.
El 27 de enero, después de denunciar irregularidades en la carnetización y el pago del bono solidario, decenas de personas con diferentes discapacidades instalaron una vigilia en puertas de la Gobernación de Cochabamba. Pedían una renta mensual de 250 bolivianos, que iguale su condición al beneficio que reciben las personas de la tercera edad.
"Un día nuestros compañeros fueron a cobrar su bono y ya no estaban en el sistema. De otros, su gradación de discapacidad fue disminuida y ya no podían acceder al beneficio. Por eso hemos empezado la lucha", explica Guarita casi un año después.
La movilización que había empezado en el Valle se extendió en menos de un mes a cinco departamentos. En Santa Cruz, Potosí, Sucre, Oruro y La Paz las principales plazas fueron tomadas por campamentos de discapacitados que recolectaban firmas de apoyo. Su petición ya había subido a 500 bolivianos mensuales.
En marzo los movilizados se colgaban de puentes en sus sillas de ruedas y se sacaban sangre como forma de protesta. Ante la negativa del Gobierno para hablar de un beneficio económico para el sector, la dirigencia determinó emprender la segunda Caravana de Personas con Discapacidad.
El 21 de marzo, desde la plaza 14 de Septiembre, 125 mujeres, hombres, niños y adultos mayores partieron de la capital valluna rumbo a La Paz. Paralelamente, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, desahuciaba su petición.
La primera marcha de discapacitados, en 2012, obtuvo del Gobierno el bono de 1.000 bolivianos anuales para los casos graves y muy graves. Esos recursos fueron asignados de los 40 millones de bolivianos que años pasados eran destinados a los partidos políticos.
Para su administración, los 40 millones de bolivianos se dividieron en dos partes: un monto para la implementación de proyectos productivos y otro para el pago del bono de los 1.000 bolivianos anuales. Según los datos presentados entonces, ese beneficio llegaba a 22.112 personas con discapacidad y abarcaba el 50% del total del presupuesto asignado.
"Pagar una renta de 500 bolivianos al mes los 61.447 (discapacitados) registrados implica un incremento en el gasto imposible de cubrir", aseveró Durán. Según sus cálculos, para pagar el bono se requerían 368 millones de bolivianos anuales.
Sillas de ruedas en el altiplano
Desde su partida de Cochabamba hasta su arribo a la urbe paceña transcurrieron 35 días de "rodar y caminar" sobre la carretera. Las personas sordas, ciegas o con discapacidad mental se convirtieron en las piernas de quienes no podían caminar y éstos fueron los ojos, oídos y voces de aquellos que empujaban sus sillas.
En su trayecto de la Llajta a Oruro la caravana pernoctó varias noches en la carretera. Las puertas de colegios y coliseos de las localidades con fuerte presencia oficialista fueron cerradas para no darles cobijo.
A lo largo del camino a diario recolectaban víveres y algunas monedas para alimentar la olla común. Tres poblaciones en la ruta fueron escenarios de diálogos infructíferos por la negativa de las autoridades de hablar sobre el bono.
"Hemos evidenciado una posición muy radical. No quieren tocar ningún tema que no sea la renta", indicó la ministra de Salud, Ariana Campero, que encabezaba la negociación.
Parotani, en Cochabamaba, fue la primera localidad en la que la autoridad logró un acercamiento. Sin embargo, este -al igual que los que se propiciaron días después en Caracollo (Oruro) y Patacamaya (La Paz)- se rompió tras horas de reuniones a puertas cerradas.
"Quieren hablar de salud y educación, proyectos que ya están en la ley y que no se cumplen. La renta es una petición irrenunciable para nosotros", argumentó en las tres ocasiones el secretario ejecutivo de la Confederación de Personas con Discapacidad, David Cayo.
En su recorrido la columna de marchistas duplicó los 125 que emprendieron el viaje. Entre los que se sumaron estaban más de 20 niños con y sin discapacidad que acompañaban a sus madres. Alina era una de ellos.
"Tiene 10 años y parálisis cerebral desde bebita. No comparte con otros niños, no camina y no tiene atención médica. Las medicinas, la fisioterapia y los pañales son caros y el dinero no alcanza", relató su mamá, Wilma Arroyo, desde la carretera.
Al igual que Alina, Cristhian (de cinco años) con síndrome de Down y Ximena (de 13 años) con parálisis cerebral cruzaron el altiplano en las espaldas de sus progenitoras. Para ellas que pagan hasta 80 bolivianos por una hora de terapia -que a la semana deberían ser ocho- un bono mensual significa la oportunidad de un tratamiento extra que mejore la condición de sus pequeños.
A medida que avanzaban e ingresaban a la región paceña la solidaridad de los voluntarios se hizo notoria. En turnos, estudiantes de Trabajo Social de la UPEA y de la UMSA se convirtieron en los otros marchistas. Relevando a los "apoyos" que acompañaron la marcha desde su inicio empujaron las sillas y cargaron a los niños hasta llegar a sede de Gobierno.
La tarde del lunes 25 de abril en medio de pañuelos blancos, flores, abrazos y piezas de pan que pasaban de mano en mano, la Caravana de la Esperanza -como lo denominaron en la carretera- arribó a La Paz. Desde su ingreso a El Alto, de las casas y barrios alejados, niños y adultos en sillas de ruedas y carretillas se fueron sumando hasta llegar a unos 2.000 marchistas.
Vigilia y enfrentamientos
El fracaso en el diálogo con las autoridades de Gobierno llevó a la caravana a pedir una audiencia directa con el presidente Evo Morales. A él le dirigieron decenas de cartas que no obtuvieron respuesta.
Al arribo de los marchistas, todos los ingresos a la plaza Murillo fueron cerrados. A una cuadra a la redonda se instaló un enrejado metálico que sólo podía ser pasado con una credencial , carnet de identidad y una justificación del motivo para ingresar al Kilómetro Cero.
Los intentos de los movilizados por ingresar a la plaza cercada fueron constantes. Muchos de ellos terminaron en enfrentamientos con los policías. Los uniformados utilizaron agentes químicos contra los discapacitados y causaron lesiones en algunos y crisis convulsivas en otros.
Durante los altercados al menos una veintena de los movilizados fueron detenidos, acusados de obstrucción de justicia, desacato o agresión a los efectivos policiales. Estos últimos recibieron golpes, mordidas y jalones de cabello que, en algunos casos, les significaron días de impedimento.
En dos oportunidades, Guarita y otros dirigentes lograron colgarse con sus sillas de ruedas del puente peatonal de la Pérez. Los movilizados marchaban cada día y recibían el apoyo solidario de los paceños.
El 25 de mayo, en un nuevo intento por ingresar a la plaza Murillo los movilizados fueron reprimidos con el carro antimotines Neptuno. El chorro de alta presión volteó sillas de ruedas y provocó heridas en rostros, manos y cabezas de al menos 30 personas.
A la par de las confrontaciones, movilizados y autoridades se reunieron en tres oportunidades, pero en ninguna llegaron a un acuerdo. La reunión más prometedora se truncó tras el fallecimiento de dos discapacitados en Cochabamba, cuando el vehículo conducido por una joven en estado de ebriedad embistió a la vigilia. Un mes después, tras pagar una fianza de 10.000 bolivianos, la culpable fue beneficiada con arresto domiciliario.
Cuando la vigilia iba a cumplir tres meses, uno de sus miembros fue denunciado de violación por una de sus compañeras. Sin pruebas contundentes y con contradicciones, el parapléjico fue detenido en San Pedro.
Debilitada, la caravana fue blanco de ataques e intentos de desprestigio. Sus principales dirigentes fueron acusados de malversación y llevados a audiencias en juzgados. Se sumaron las negociaciones sectoriales del Gobierno con fracciones de las delegaciones de La Paz y Tarija que -a cambio de sillas de ruedas o casetas de venta- abandonaron la protesta.
Con la libertad de uno de sus compañeros y la entrega de un proyecto de ley para el bono, la vigilia se retiró el 27 de julio. "No hemos renunciado, estamos trabajando en nuestras regiones para retornar al año", dijo Guarita.
En agosto, la dirigente y la ministra de Justicia contaron su versión de los hechos ante la convención de la ONU. El ente instruyó una investigación de "la represión violenta a los discapacitados" sobre la que hasta hoy no hay un pronunciamiento oficial.
Guarita: Ante la ONU y donde vayamos gritaremos por la renta y la dignidad
El 17 de agosto, Rosemary Guarita se presentó en la sede la ONU en Ginebra para contar mundo el "vía crucis" de cientos de personas con discapacidad y su demanda de una renta de 500 bolivianos. A su regreso visitó las dos pequeñas vigilias que aún permanecen en La Paz a la espera del bono.
"He llevado el pedido nuestro a la ONU y estoy contenta porque han reconocido que es legítimo", dijo tras su primer viaje fuera del país.
Frente a la comisión internacional, relató desde su experiencia la situación de abandono de las personas con discapacidad en Bolivia para explicar los motivos de la caravana y de su petición.
En poco más de tres minutos relató seis meses de golpes, frío, hambre y dolor. "Me escucharon y lo sintieron".
La versión oficial presentada por la comisión de Gobierno -asegura Rosemary- no reflejó la Bolivia en la que ella vive. "El resultado se vio en las conclusiones hechas públicas el 2 de septiembre".
En ellas la ONU recomendó una investigación seria de las represiones violentas y la ampliación del bono solidario a un mayor número de beneficiarios. Además, calificó como justa la petición.
"He sido la voz de todos mis compañeros. Sé que representa riesgo pero la lucha continúa. Las vigilias se mantienen en La Paz. Y si a mí me callan, cientos más gritarán", sostiene hasta hoy.
[Fuente: Por Leny Chuquimia, Página Siete, La Paz, 21dic16]
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