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03ago11
Gobierno descarta reglamentar Ley de Deslinde Jurisdiccional
El gobierno del presidente Evo Morales descartó reglamentar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que fue promulgada en diciembre de 2010, pese a la oposición de sectores indígenas que están molestos porque sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.
Según la viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, esa decisión fue tomada con el Pacto de Unidad, porque los 36 pueblos de Bolivia tienen formas distintas de administrar su justicia.
“Ellos (los indígenas) se van a reglamentar de acuerdo a sus derechos o principios y no nosotros, porque no podemos imponer”, justificó la funcionaria pública a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Al respecto, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), así como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), señalaron que mantendrán la justicia comunitaria en sus regiones y que juzgarán a terceros que cometan delitos en sus territorios.
El Mallku del CONAMAQ, Rafael Quispe, indicó que no participarán de ninguna reglamentación porque sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) fueron vulnerados con dicha norma.
“Esa Ley (de Deslinde Jurisdiccional) está mal, no vamos a participar en nada, nosotros aplicamos no más nuestra justicia originaria en los Ayllus, Markas, Suyus y nada más (…) porque si encuentras un tema de corrupción un alcalde puede decir ‘no, yo me someto a la justicia ordinaria’, entonces todo sería un charle”, aseveró Quispe.
La vicepresidenta de la CIDOB, Nelly Romero, coincidió con Quispe e indicó que para la reglamentación esa organización indígena partirá de la realidad de los usos y costumbres que cada una de las comunidades de las 34 naciones de tierras bajas tienen sobre la justicia comunitaria.
“La justicia comunitaria como lo hemos ido aplicando, lo vamos a seguir haciendo, porque en esta Ley de Deslinde Jurisdiccional no tenemos opción a nada (…) así nos quieran minimizar nuestros gobernantes, nosotros vamos a hacer respetar (nuestra forma de justicia) por principio, porque con esa Ley ya no podemos siquiera defender a nuestros hijos”, apuntó.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional fue aprobada a fines del pasado año, establece que la justicia indígena originaria campesina no se aplica a delitos penales, terrorismo, corrupción, homicidio, asesinato, trata y tráfico de personas y de armas, narcotráfico; y en las áreas de hidrocarburos, forestal o agraria, excepto el reparto interno de tierras en las comunidades.
Prohíbe que los indígenas apliquen sanciones como la pérdida de tierras o expulsión a personas discapacitadas por causa de incumplimiento de deberes y considera ilegal cualquier “conciliación” en casos de violencia contra menores y mujeres.
La norma tampoco permite que una persona “no indígena” que comete delitos en una comunidad pueda ser juzgada por esa normativa y establece que debe ser remitida a la justicia ordinaria.
[Fuente: Erbol, La Paz, 03ago11]
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