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26jul10
Eddy Burgos dice que con la Ley de Deslinde se termina con un pluralismo subordinado
La nueva Ley de Deslinde establece la igualdad de jerarquía entre las justicias indígena y ordinaria en Bolivia, lo que posibilitará sentencias para todos los casos y delitos que sucedan en una comunidad originaria. "Con esta nueva Ley de Deslinde se termina un pluralismo subordinado y se abre paso a una igualdad, aunque sí habrá espacios de coordinación entre las dos justicias en Bolivia", dijo a Xinhua el titular del Viceministerio de Justicia Indígena, Eddy Burgos.
Según el experto, se cambió la denominación de justicia comunitaria por justicia originaria obedece a principios filosóficos, "pues ahora se tiene un nuevo encaramiento en la justicia originaria que fue constitucionalizada en todos sus espacios".
El artículo 192 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que "toda autoridad pública acatará las decisiones de la jurisdicción indígena campesina".
No obstante, la ley que delimitará las acciones dentro de esta justicia reconocida por el Estado y de las demás jurisdicciones será la del Deslinde Jurisdiccional, que "determinará los mecanismos de coordinación y cooperación".
En Bolivia, por lo menos, el 60 por ciento de la población habla una lengua originaria, sea en condición de monolingües (12 por ciento) o de bilingües (48 por ciento). Son 36 los pueblos indígenas que coexisten en el territorio del actual Estado boliviano.
Sin embargo, Bolivia es generalmente considerada como un país eminentemente andino y altiplánico, y por ende quechua y aimara, cuando en rigor la mayor parte del territorio boliviano pertenece a lo que se denomina Oriente, Chaco y Amazonia.
Dos tercios del territorio boliviano pertenecen a esta región ubicada entre las cuencas amazónica y platense. Los pueblos indígenas de los Andes bolivianos, es decir, la zona occidental o andina del país, son tres: aimaras, quechuas y urus.
Los quechuas históricamente se han ubicado en los valles interandinos, y los aimaras y urus en las zonas altiplánicas. Los miembros de pueblos indígenas andinos comprenden entre el 40 y el 90 por ciento de la población que habita esa región.
Eddy Burgos informó que esta nueva medida legal está siendo socializada en todas las regiones bolivianas y que, a la fecha, ha logrado importantes consensos.
El blindaje constitucional y las normas internacionales establecen que la Ley de Deslinde es el instrumento por el cual las autoridades van a administrar justicia y también establecer mecanismos de cooperación y coordinación, agregó.
Según el funcionario, todo lo que está en el derecho sobre cualquier caso cometido en la comunidad y que afecte a los miembros de la comunidad será resuelto por la justicia originaria.
Aunque aclaró que, dependiendo el delito, como un asesinato o violación, se coordinará con la justicia ordinaria para lograr la sanción adecuada. Una sanción de la justicia originaria puede ser remitir el caso a la justicia ordinaria.
De acuerdo con Burgos, los principios básicos que rigen la presente Ley son: Unidad e integridad del país, así como Diversidad cultural, porque se respetan las diferentes identidades culturales existentes al interior del Estado Plurinacional. Además tiene pluralismo jurídico, pues garantiza la coexistencia de los diferentes sistemas jurídicos dentro de Bolivia.
Se basa en la equidad de género y generacional por el respeto a los derechos de mujeres, hombres, adultos mayores, niños y niñas, adolescentes y personas con discapacidad.
La Ley de Deslinde se basa además en la complementariedad, por su interrelación entre los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas, campesinos, comunidades interculturales y el sistema jurídico ordinario. El proyecto también contempla la obligatoriedad, por la cual las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales son de cumplimiento obligatorio y constituyen el carácter de cosa juzgada.
Según el proyecto, serán sometidos a la jurisdicción indígena los miembros indígenas originarios y campesinos que vulneren los derechos de los pueblos en el territorio indígena originario campesino o fuera de él. La presente ley aclara que los linchamientos de personas nada tienen que ver con la justicia originaria y que la intención de la ley es establecer reglas claras para evitar más confusiones y conflictos.
[Fuente: Erbol, Xinhua, La Paz, 26jul10]
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