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Respuesta a la CIDOB de organizaciones indígenas que participaron en la Marcha por la Soberanía popular.
En días pasados la dirección de la CIDOB hizo circular unos votos resolutivos, supuestamente aprobados por la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas (GANPI)que se realizó en la ciudad de Trinidad, acusando a nuestros dirigentes de traidores al movimiento indígena por haber participado en la "Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales", realizada los pasados meses de mayo y junio. En esta marcha participamos conjuntamente con los otros sectores rurales excluidos del derecho a la tierra y con los pueblos originarios de los valles y tierras altas. La decisión de realizar dicha marcha fue tomada por nuestros pueblos y comunidades a pesar de la oposición de la directiva de CIDOB, para conseguir para todos los bolivianos el derecho a participar en la definición de la norma básica que rige los destinos del país.
Igualmente se acusa a la institución que asesora a los pueblos indígenas en la defensa de nuestros derechos y especialmente en el reconocimiento de la propiedad sobre nuestros territorios, bajo el supuesto de que busca la división de la organización nacional.
Sobre estas acusaciones y la situación actual del movimiento indígena y la organización nacional, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y los pueblos indígenas Guarayo, Yuracaré, Ayoreode y Chiquitano, hacemos las siguientes reflexiones:
1.- LA RAZÓN DE SER DE LAS ORGANIZACIONES.
Hemos pensado siempre que el origen de nuestros problemas como pueblos indígenas, la discriminación y marginación a la que hemos estado sometidos, la exclusión de las esferas de participación y decisión sobre nuestros destinos, y la permanente negación de nuestros derechos fundamentales, está en la concentración de la riqueza y del poder en unas pocas familias que han gobernado este país. La experiencia del proceso para la titulación de nuestras tierras nos ha mostrado de que forma están controlados los diferentes poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cómo éstos son el instrumento de los sectores dominantes para defender sus propios intereses y mantener el estado de exclusión de nuestros pueblos y de la mayoría de la población boliviana.
Es por esto que la acción de nuestras organizaciones en la lucha por el reconocimiento y vigencia de nuestros derechos es una acción eminentemente política puesto que toca aspectos centrales de cómo se organiza la sociedad sin la exclusión y marginamiento de sectores mayoritarios de ella. Esta lucha no puede desarrollarse de manera aislada y dispersa.
Al contrario, hemos visto la necesidad de construir alianzas con otros sectores sociales excluidos y definir con ellos objetivos comunes para que nuestra lucha sea más efectiva. En los últimos años hemos establecido una coordinación con sectores campesinos, hombres y mujeres, colonizadores, campesinos sin tierras y comunidades originarias del altiplano y los valles, para proponer conjuntamente una visión amplia de país, sin exclusiones de ninguna naturaleza, donde nuestros derechos como pueblos indígenas y de los otros sectores sociales sean realidad y no solo normas que nunca se cumplen.
Esta finalidad debiera aunar a las direcciones nacionales de las organizaciones en torno a las reclamaciones de sus bases, pero lamentablemente no siempre es así. En el caso de la CIDOB, en lugar de responder a sus bases, el Sr. Marcial Fabricano pretende imponer a éstas sus propias decisiones, negando o limitando el derecho que tienen a plantear con voz propia sus problemas, y neutralizando sus acciones reivindicativas, con la finalidad de agradar o favorecer a los grupos de poder, a los Gobiernos de turno y a sus propios intereses personales.
Ésta es la verdadera razón de la confrontación interna que desde hace varios años se vive en la CIDOB, pues mientras las bases de los pueblos indígenas que conforman la organización luchan de forma articulada y organizada por defender o conquistar sus derechos frente a los grupos de poder, frente a quienes históricamente han usurpado nuestros territorios e impiden el libre ejercicio de nuestros derechos, el Sr. Fabricano y otros dirigentes, hacen concesiones a estos grupos y negocian con el Gobierno nuestros derechos, actuando como agentes dispuestos a desactivar las acciones de base y romper desde adentro la fuerza de nuestra lucha.
Bajo este esquema es que Marcial Fabricano y otros dirigentes que lo secundan, pretenden tomarse la atribución de ser ellos quienes decidan las acciones reivindicativas, estableciendo jerarquías que niegan el derecho de las bases a luchar por sí mismas y niegan también la función natural de representar ante la sociedad y el Estado las demandas y decisiones de éstas. Esto es lo que ha sucedido con las tres últimas marchas realizadas por el movimiento indígena en 1996, 2000 y 2002, las cuales se emprendieron a pesar de la oposición de la directiva de la CIDOB. Esto fue más notorio aún en la última marcha realizada para reclamar nuestros derechos a la tierra y recursos naturales, a la vez que la integración de una Asamblea Constituyente: Mientras miles de indígenas, campesinos y originarios marchaban a pie limpio por las carreteras del país, el señor Marcial Fabricano iniciaba acciones paralelas, como la huelga de hambre en la ciudad de La Paz y otra marcha desde Santa Cruz por la antigua carretera, buscando aparecer como el representante de la gran marcha, a la que se opuso rotundamente, y luego negociar con el gobierno y los partidos políticos tradicionales un acuerdo contrario a las demandas de la marcha, como el que efectivamente suscribió el 13 de junio.
2.- INTERVENCIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO EN LA CIDOB.
La historia y la realidad en la que viven los pueblos indígenas de todo el mundo está llena de ejemplos que muestran claramente cómo los estados tratan de controlar, manipular, neutralizar y acallar a sus organizaciones representativas. Para lograr sus objetivos, utilizan todos los medios económicos, políticos y militares de que disponen.
Bolivia no es la excepción. En el caso de la CIDOB, la intromisión e intervención son abiertas, de la mano del Viceministro Marcial Fabricano, quien fuera dirigente de la organización desde 1994. El ingreso del señor Fabricano al Gobierno lo decidió él sólo siendo presidente de la organización nacional y sin importarle que el actual Gobierno está en cabeza del partido político que abiertamente se opone a nuestra participación en las decisiones del país. Con este Viceministerio, el Gobierno encontró la mejor manera para interferir nuestra autonomía y mantener controlada desde dentro a la organización nacional, de cara a las medidas gubernamentales que serán aprobadas en breve y que desde ya se sabe que despertarán la resistencia social.
En la Gran Asamblea realizada en Trinidad, a la vez que se difundían acusaciones de traidores a nuestros dirigentes regionales, pertenecientes a los pueblos que fundamos la CIDOB, se impugnaba su legitimidad y la de nuestros delegados elegidos en asambleas, se les impedía el uso de la palabra y se ocultaban nuestros pronunciamientos para que no fueran conocidos por el conjunto de delegados a la Asamblea. En estas condiciones, preferimos retirarnos antes que avalar con nuestra presencia las decisiones promovidas por el Gobierno a través del Sr. Marcial Fabricano. Junto con nosotros también se retiró la delegación del pueblo Mojeño.
No satisfecho con el retiro de nuestros representantes, una vez regresamos a Santa Cruz, cuando nos dirigíamos a la sede de la CIDOB, que es la sede de los pueblos indígenas, encontramos que estaba ocupada por la policía y ésta emprendió una brutal intervención a nuestros delegados, golpeando indiscriminadamente a mujeres y niños, deteniendo de manera ilegal a 5 compañeros indígenas, entre ellos uno que estaba filmando los hechos de violencia, y secuestrando a un niño ayoreode de ocho años, que fue liberado dos días después del asalto. El Viceministro Fabricano había dado la orden a la policía de ocupar las instalaciones de la CIDOB, como él mismo lo reconoció en declaraciones de prensa del día siguiente.
Los supuestos destrozos causados por hermanos del pueblo ayoreode no existen, puesto que los delegados que venían de Trinidad ni siquiera pudieron ingresar a los predios en que se encuentra la sede, gracias al ataque de la policía. Estos hechos, ordenados por un indígena contra sus propios hermanos, no tenían antecedente dentro del movimiento indígena.
Paralelamente al retiro de nuestros pueblos de la GANPI, impusieron una nueva representación de nuestra organización para legitimar las decisiones, representación que fue asumida por personas que no fueron elegidas por nuestros pueblos, que de tiempo atrás forman parte del esquema de corrupción y cooptación del actual Viceministro Fabricano, acusados de delitos de tráfico de tierras en sus TCO y de entregar los recursos naturales a empresarios privados. Es el caso de los que por esos días todavía estaban como dirigentes de la organización del pueblo Guarayo (COPNAG) que en "conciliación" con madereros, ganaderos y el INRA, han entregado más de 200.000 has de la TCO y han dado a un tercero otras 100.000 has de nuestro bosque en un usufructo a 30 años. Consta todo esto informes de auditorías, actas y contratos firmados por estos dirigentes.
En estas circunstancias, fue elegida una nueva directiva de la CIDOB que incluye a personas que no tenían ninguna representación, algunos inclusive inhabilitados por el estatuto para ser dirigentes de la organización nacional por estar desempeñándose como concejales en sus respectivos municipios, por lo que su elección es ilegal. Otros elegidos, son personas con graves antecedentes en sus propios territorios y organizaciones, que fueron nombrados por su cercanía y docilidad frente a los designios del actual Viceministro Fabricano.
Es en medio de esta situación, y probablemente con el desconocimiento de todos los miembros de la directiva elegida, que los subordinados al Viceministro se han dado a la tarea de acusar públicamente a nuestros dirigentes, quienes gozan de reconocida honestidad y entrega a la causa indígena desde la fundación de la organización nacional en 1982.
Acusaciones de este tipo no han salido de la CIDOB en los últimos años contra quienes usurpan nuestras tierras, contra los funcionarios de Gobierno que facilitan y legalizan la usurpación de tierras y recursos naturales, o contra los que en el último año han ejercido la violencia sobre nuestros pueblos para impedir que reclamemos y obtengamos lo que por derecho nos corresponde. Tampoco han salido denuncias contra supuestos dirigentes que se han apropiado de grandes sumas de dinero otorgadas por la cooperación internacional, o que han vendido las tierras que sus pueblos reclaman.
3.- LOS ASESORES DEL MOVIMIENTO INDÍGENA.
Desde los inicios del proceso organizativo de nuestros pueblos, hemos contado con la colaboración de varias instituciones y profesionales que desde diversas disciplinas han contribuido a nuestra causa. Algunas de estas instituciones y profesionales se han destacado por su compromiso incondicional con la defensa y promoción de los derechos indígenas, y por su trabajo honesto e insobornable han ganado la antipatía de los sectores que desde dentro o fuera del Gobierno se oponen a nuestros derechos, especialmente a los derechos sobre la tierra y los recursos naturales.
Otros profesionales en cambio, que se dicen defensores de los derechos indígenas, contribuyen de manera eficaz a que éstos sean pisoteados y negados. Es el caso de quienes desde la CIDOB avalan y promueven las ventas de tierras y recursos naturales en las TCO y contribuyen con las irregularidades que comete el INRA durante el saneamiento para consolidar a terceros ilegales grandes extensiones de nuestros territorios. Esto es lo que está sucediendo en el citado territorio del pueblo Guarayo, donde las más de 200 mil hectáreas a que nos referimos en párrafos anteriores, se entregaron a terceros por medio de actas suscritas por dichos profesionales, aún a pesar de que una parte de éstas se encuentran tituladas como TCO y por tanto son inalienables. Nos referimos al Sr. Henrry Escalante García, de quien además se dice que ha adquirido tierras dentro de la misma TCO.
Conociendo estos acontecimientos, es comprensible que el ataque a las instituciones y profesionales comprometidos en la defensa de nuestros derechos se origine en su negativa a ingresar al círculo de corrupción y en su posición firme de denuncia. El ataque que de manera infundada se les hace, es también un ataque a nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas, a nuestra autonomía y a nuestro derecho de contar con un asesoramiento transparente y efectivo.
4.- HAY QUE MIRAR HACIA EL FUTURO.
En estos momentos, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) no está en manos de los pueblos indígenas sino de quienes se oponen a nuestros derechos, al estar condicionada por personas que a través de la prebenda y la cooptación contribuyen a su violación para el favor de sectores de poder, anulando los principios básicos del movimiento indígena.
Cuando el Gobierno se alista para entregar al país su paquete de medidas económicas, que desde ya sabemos que en materia agraria se dirigen a consolidar la propiedad latifundista y ociosa, es preciso que los pueblos indígenas no nos dejemos engañar desde las esferas de poder a las que sirve el Viceministro, y junto con los otros sectores excluidos, nos dispongamos a defender unidos los derechos que nos corresponden.
Nuestros pueblos seguirán luchando por la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas y de todos los bolivianos y no cesaremos en nuestro esfuerzo para que la organización sea retomada para las verdaderas causa y objetivos que son la razón de su existencia.
Santa Cruz de la Sierra, 4 de noviembre de 2002
Directorio de la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz - CPESC
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