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20oct15
Reforma constitucional y estabilidad política
El error político más grande que comete el MAS, estos días, es pisotear la Constitución -su propia Constitución-, forzando una reforma de la ley fundamental para habilitar la candidatura de Evo Morales a una tercera reelección presidencial consecutiva. Esta decisión -que seguramente será avalada por un Tribunal Constitucional obediente a los dictados del poder político-, no cabe duda que tendrá en el futuro graves consecuencias sobre la estabilidad política del país.
Se trata de la transgresión flagrante de los principios y garantías constitucionales para la formación democrática del Gobierno, uno de los cuales es la limitación temporal para el ejercicio de los altos cargos del Estado (Presidencia y Vicepresidencia del Estado), limitación que se traduce en el período de mandato de no más de cinco años y en el impedimento de una segunda reelección continua. Esta transgresión, en consecuencia, derriba el pilar esencial sobre el que se asienta el mandato legítimo de Evo Morales. Un mandato que, no cabe duda, emana del voto popular, pero siempre enmarcado en la Constitución. Apartado del marco constitucional, su mandato perdería legalidad y sería ilegítimo, irrevocablemente.
Como se sabe, la nueva Constitución es una criatura política del MAS, aunque refrendada en referendo nacional. La Constitución vigente desde el 2009, es el ordenamiento jurídico supremo del Estado y de la sociedad boliviana. El "Estado Plurinacional" y todas sus instituciones, lo mismo que el sistema de gobierno, tienen en la Constitución su principal e insustituible referente. Al margen de ella no son nada. De ahí por qué el partido de gobierno debió ser el más interesado en arroparla y protegerla con 20 candados.
Pero, evidentemente, éste no es el caso. Al contrario, llevado por una necesidad irrefrenable de conservar y reproducir el poder, el MAS no duda en violentar la Constitución. En realidad, ya lo hizo antes, el 2013, forzando una sentencia del Tribunal Constitucional para habilitar a Evo Morales a una segunda reelección continua, prohibida expresamente por la Constitución.
Con ello queda demostrado que para quienes nos gobiernan la Constitución no vale nada. Es como un calcetín que uno puede cambiarse cuantas veces se pueda. Basta que el gobernante quiera permanecer más tiempo en el cargo, para que él mismo decida que la prohibición de una segunda y una tercera reelección, y hasta quizá de una reelección indefinida, ya no corre más, no se aplica, y el artículo correspondiente se cambia, y punto. De este modo, la limitación del ejercicio temporal del Gobierno -un principio constitucional básico, y que debió ser resguardado como algo "sagrado" e intocable, porque de ello depende que tengamos un sistema de gobierno con base democrática-, quedó derogado y suplantado por la voluntad del gobernante de turno.
Pero si la Constitución no vale nada, y se demuestra que se puede gobernar pasando una y otra vez sobre ella, significa que en Bolivia no existe más el orden constitucional. La Constitución ha sido socavada y ha dejado de ser el fundamento de la legitimidad del régimen político.
Si la Constitución no es más el ordenamiento legal, que se respeta y se acata por todos, y antes que nadie por quienes han jurado cumplir y hacerla cumplir, es inevitable concluir en que a partir de ahora todo está en entredicho, y que todo puede ser puesto en tela de juicio. ¿Por qué otros bolivianos tendrían que sentirse obligados a acatar los actos que emanan de poderes, que, en ausencia de un asidero constitucional indiscutible, se vuelven frágiles y son susceptibles de ser también ellos impugnados y cuestionados?
Uno de los problemas del tiempo de las dictaduras militares era que no había nada parecido a un acuerdo, un consenso, en la sociedad, acerca del orden político legítimo, y que debía ser aceptado por todos, y no impuesto por la fuerza. Vivíamos, ciertamente, un conflicto profundo de legalidad, que, a su vez, ponía en entredicho la legitimidad del poder. Los dictadores eran considerados, por muchos, usurpadores del poder. De ahí, también, la inestabilidad política crónica que era como una marca de la vida nacional.
Únicamente con el retorno a la democracia, ese conflicto de legalidad y legitimidad pudo ser superado. Se repuso la Constitución como el marco de legalidad de la vida de los bolivianos, y todos nos sometimos a él. Las reglas de juego para las disputas políticas y el ejercicio legítimo del Gobierno quedaron claramente fijadas y, sobre todo, el principio de no reelección que ponía freno a las ambiciones y tentaciones de un gobierno único y permanente y aseguraba la alternancia democrática. La nueva Constitución ha preservado el principio de la alternancia, aunque flexibilizándolo, puesto que permite la reelección por una sola vez.
Esto es lo dramático: ahora el poder de turno ha decidido que ya no hay reglas de juego definidas ni permanentes sobre la cuestión de la reelección. Quienes gobiernan pueden aspirar a quedarse por tiempo indefinido, y los opositores ya no tienen ninguna garantía de que podrán conquistar el Gobierno. ¡Todo es posible, y nada es posible! La lucha política vuelve a ser una caja de Pandora. En ausencia de una Constitución efectiva, volvemos a los tiempos en que nada era plenamente legal y todo podía ser impugnado, incluso por medios no democráticos.
Contrariamente a la propaganda oficial que intenta vender la idea de que la reelección es sinónimo de estabilidad política, el hecho real es exactamente inverso: la reelección sin límite, y violatoria de la Constitución, socava la estabilidad política e institucional; nos sumerge en un tobogán que nadie sabe adónde conduce. Lo único cierto es que el horizonte se tiñe de negros nubarrones que presagian tormentas y tempestades.
[Fuente: Por Henry Oporto, Los Tiempos, Cochabamba, 20oct15]
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