Equipo Nizkor - Vidas truncadas por un sistema de salud fallido y carente de calidad.

Francisco Poma nunca imaginó que someterse a una cirugía laparoscópica, por un problema en la vesícula, le podía costar tan caro. Cuando salió del quirófano del Hospital del Seguro Universitario de La Paz, el 15 de abril de 2013, era otra persona: había sufrido daños neurológicos irreparables que, a la larga, le ocasionaron el síndrome de Lance Adams. Casi no podía articular oraciones, perdió la coordinación en sus extremidades y comenzó a sufrir convulsiones que le afectan hasta hoy. Todos estos problemas, siete años después de ocurrida la intervención, quedaron oficialmente sin respuesta.

Está claro que Francisco, hoy de 50 años, no recibió la atención médica adecuada en ese hospital. Lo que pudo reconstruir la familia, es que una inadecuada intubación durante su cirugía habría ocasionado una falta de oxígeno en el cerebro y que una caída de la camilla en el postoperatorio habría aumentado el daño.

Francisco y su familia todavía luchan contra sus problemas de salud y también contra lo que llaman un "monstruo". Todo este tiempo, cuenta, ha estado peleando contra médicos y operadores de justicia en busca de una mejor calidad de vida y de atención para sus tratamientos. "Nuestra vida se arruinó y eso no ven los médicos, ni los jueces", dice su esposa María Espejo, entre sollozos.

Los casos de denuncias de mala praxis médica en Bolivia se asemejan a un terreno empantanado donde no hay posibilidad de aclarar las aguas o, en este caso, las interrogantes que quedan. Nadie da respuestas, nadie asume responsabilidades y hay pocos indicios de que la situación pueda mejorar. Malas condiciones en los hospitales y clínicas, incumplimiento de normas y protocolos, denuncias de alteración de las historias clínicas, encubrimiento entre médicos y falta de profesionales especializados para auditorías y peritajes son algunos de los problemas que impiden que un caso de este tipo sea investigado rigurosamente. Por el contrario, estas falencias conforman un agonizante camino para que tanto médicos como afectados logren una solución al problema.

Página Siete realizó, desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, el seguimiento a una decena de casos instaurados en la justicia boliviana, ocho de ellos de larga data en tribunales. Si bien cada caso es único, juntos permiten comprender y visibilizar problemas recurrentes --en alrededor de medio centenar de procesos a nivel nacional de los que se sabe llegaron a juicio-- que confirman que buscar soluciones a este tema es, prácticamente, una misión imposible, pero a la vez urgente.

Asimismo, solicitó de manera formal hablar con todos los responsables --10 en total-- de las clínicas y hospitales donde se dieron los casos denunciados pero sólo tres atendieron la solicitud para informar que no hablarían al respecto por ser casos que se hallan aún en procesos judiciales. El resto directamente no respondió. Sería importante conocer si los centros médicos donde se dan este tipo de fallas en la atención asumen alguna responsabilidad por estos casos.

Nueve de las diez denuncias a las que Página Siete hizo seguimiento, dan cuenta que los hechos de supuesta mala praxis, imprudencia, impericia o negligencia se dieron durante intervenciones quirúrgicas. "En nuestro país la norma está clara, pero no se cumple", dice en defensa Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Por ejemplo, añade que en todos los hospitales donde se hacen cirugías debería haber dos especialistas para hacer una intervención pero que no es extraño que ese lugar lo ocupe sólo un residente; es decir, un estudiante.

Si a nivel de recursos humanos los hospitales tienen esa condición, cuando se habla de la infraestructura, Larrea brinda un panorama más desalentador. "El instrumental en muchos hospitales viene ya de 10 años, hay pinzas que no agarran bien y esas pinzas, 瘸 quién le perjudican? En principio a la labor del médico, pero van más en desmedro del paciente. Esta situación sucede en el 50% a 60% de los hospitales del país", estima el profesional.

Cuando se consulta sobre este problema en el ministerio de Salud lo primero que se señala es que "nadie quiere hablar del tema", al menos esas fueron las respuestas que recibió este medio desde julio del año pasado. El mismo exministro de Salud, Aníbal Cruz, sólo se animó a responder o autorizar las respuestas de escasas consultas sobre el tema. Lo que se sabe es que por ley el ministerio de Salud no tiene entre sus competencias la atención directa de las denuncias por mala praxis médica. Esto lo hacen los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) en el caso de hospitales públicos y privados; y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) en el caso de centros médicos de la Seguridad Social.

Pese a ello, el ministerio de Salud recibe las denuncias de los departamentos del interior que no cuentan con el personal para atender estas denuncias y también hace seguimiento a las acusaciones de los familiares o las víctimas que piden una revisión a las auditorías realizadas por el Sedes o la Asuss porque no están conformes con el informe final. Eso sí, se trata de un seguimiento lento pues, según el responsable de la Unidad de Auditoría Médica y Control de Calidad, Ramiro Asturizaga, en esa oficina solo hay dos auditores médicos.

La información es aún más escasa cuando se trata de centros médicos privados. Sobre denuncias de mala praxis en estos establecimientos, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) --que es la instancia que les otorga el permiso de funcionamiento-- no puede hacer un seguimiento completo luego de entregar los resultados de una auditoría médica externa realizada por sus auditores.

Rubén Narváez, responsable de Auditoría Médica del Sedes La Paz, explica que en esa oficina atienden casos del sistema público y del sistema privado. Sin embargo, observa que las atribuciones del Sedes no permiten acciones ejecutivas en lo que respecta al segundo grupo. "Hubo casos en los que (los centros médicos privados) han incumplido totalmente (con las recomendaciones de la auditoría externa del Sedes) pero como no es nuestra dependencia no tenemos ninguna base legal para clausurarlos". La normativa tampoco permite sanciones o clausuras. Si el Sedes otorga el permiso de funcionamiento, 穌uién debe sancionar o clausurar los centros que incumplen con normativas y/o protocolos?

Ojo con el expediente clínico

"Cuando un paciente o su familia sospecha que ha sido víctima de mala praxis médica lo primero que debe exigir es que le muestren la historia clínica", dice María Nieves Quispe Mamani. Ella conoce bien esta historia.

Fue operada en el Centro Médico Adolfo Kolping de El Alto por un nódulo en el útero, pero dejó el quirófano con severos daños en el riñón izquierdo y otros órganos. María Nieves es contadora, pero desde 2008 se ha dedicado sobrevivir a estos problemas.

Lo que reconstruyó fue que el ginecólogo le había sacado el útero y había dejado lesiones en otros órganos. Al no poder orinar, un urólogo del mismo centro colocó unos implantes en J para drenar la orina y luego de varios días en terapia intensiva dejó el centro. "Seguía filtrando orina pero pese a eso me dieron de alta".

El abogado del ginecólogo que la atendió, Marcelo Ugarte, accedió a hablar con este medio. Indica que Nieves habría ingresado por emergencia con una abundante hemorragia y habría abandonado el mismo centro sin habérsele dado el alta médica. "Voluntariamente, abandona el tratamiento de los doctores y esa actitud es responsabilidad del paciente", dijo tajante.

Lo cierto es que hasta la fecha, Nieves ha soportado más de diez cirugías de reconstrucción, gestionadas por ella. Cuenta que dos años después, en 2010, cuando inició el proceso penal contra los médicos que la atendieron en inicio, el Centro Médico Kolping recién entregó su expediente clínico al Sedes para que haga la auditoría médica externa.

Como ocurrió con María Nieves, la familia de Francisco Poma también denuncia que hasta la fecha nunca pudo acceder a la historia clínica original, "sólo una fotocopia", detallan él y su esposa. Sin ese documento original es difícil conocer lo sucedido y mucho menos hacer una auditoría o un peritaje, procesos necesarios para instaurar una denuncia formal ante los tribunales.

Pese a ello, la justicia admitió su caso e imputó a los tres médicos que lo atendieron: al cirujano que realizó la operación, al anestesiólogo que lo entubó y a la neuróloga que lo trató una vez producidos los daños neuronales. También se imputó al entonces gerente de salud por el continuo maltrato y la negligente atención que --denuncian-- brindó tanto al paciente como a sus familiares.

No son los únicos que atravesaron ese problema. Según declaran las víctimas, hubo resistencia de los centros de salud para entregar la historia clínica en ocho de los 10 casos denunciados a los que Página Siete hizo seguimiento. "Ni ética ni jurídicamente es admisible impedir que el paciente tenga acceso a su Expediente Clínico las veces que lo requiera, ya sea por solicitud directa o por intermedio de su tutor jurídicamente responsable", dice el artículo 23 de la Norma Técnica de Manejo del Expediente Clínico. Ese documento, vigente aún, fue aprobado en 2008.

11jun20

Vidas truncadas por un sistema de salud fallido y carente de calidad

[Fuente: Por Carla Hannover y Gabriel Díez, Página Siete, La Paz, 11jun20]

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