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21may20
Tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares de comisión por los respiradores
La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica.
Fernando Humérez, que se presentó a la Fiscalía como testigo clave en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar sus honorarios.
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Walter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Barcelona y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.
"Hace tres semanas aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Walter Zuleta, sobre el precio del respirador a lo cual, el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente, Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que ellas quieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por respirador y para cada persona lo que vendría restando al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000", afirmó Humérez, según su declaración de siete páginas.
Mencionó también, que el pago se haría, una vez recepcionado el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías, mantenimiento y la aceptación del Ministerio.
La fábrica de los ventiladores publicó una declaración de su gerente Pau Sarsanedas, en Twitter, en la que señala que cada respirador cuesta 6.000 euros, más 600 euros de accesorios, y no los 20.000 que menciona el llamado testigo clave.
Humérez firmaría con Iñaqui, un contrato de asesoría por las comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y protocolizarlo, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser bancarizadas.
Señaló asimismo, que Walter Zuleta, quien radica en Lima (Perú), logró conseguir el contacto con la empresa española para la compra de los respiradores en España. Fernando Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fue identificado como quien vinculó al Ministerio de Salud con estos tres intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.
Iñaqui García, convenció a Humérez, que tenía representación única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud, para aclarar esa representación. "Asumo que esta nota posibilita la concreción de dicho contrato", añadió.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 21may20]
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